Ampliación del periodo de gobierno en BC, ¿acción concertada del Prian?
En contra de lo que ordena el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, atendiendo un presunto “cabildeo” del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y con el apoyo de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), buscaron crear una mayoría legislativa para modificar la Ley Electoral estatal y ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno del próximo titular del poder ejecutivo.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Facebook
11 de marzo del 2019.- De acuerdo con el portal Lindero Norte, el intentó se dio los días 7 y 8 de marzo cuando los legisladores panistas Carlos Torres Torres, Presidente de la mesa directiva del congreso local, e Ignacio García Dworak, coordinador parlamentario de la bancada del PAN, buscaron tener la mayoría del poder legislativo para impulsar, en una sesión parlamentaria extraordinaria que se realizaría este lunes 11 de marzo, el cambio a la ley electoral con el soporte de diputados de Morena y el PRI.
La intentona no funcionó porque, a decir del periodista Jorge Heras, el Presidente Nacional del PAN -Marko Cortés- habló el jueves 7 de marzo con los integrantes de la bancada de su partido para pedirles que “no le sigan el juego a Torres” o, de lo contrario, serían expulsados del organismo político.
La versión periodística identificó además a los diputados panistas Alfa Peñaloza y Miguel Antonio Osuna Millán, como los únicos que se rebelaron a la petición hecha por Carlos Torres e Ignacio García.
El viernes 8 de marzo, José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del panismo, confirmó veladamente la información al decir en un comunicado que “este día (8 de marzo) se realizó un ataque brutal a los integrantes del Congreso del Estado, mediante el cual Jaime Bonilla (Valdez), precandidato de Morena, buscó comprar voluntades para realizar una reforma ilegal a la constitución, en una clara afirmación de lo que se ha convertido en su obsesión política: cambiar el periodo de duración para la siguiente gubernatura.”
Manifestó que ese objetivo del morenista “violenta nuestro estado democrático, genera incertidumbre jurídica e ignora el esfuerzo que realizó la sociedad de Baja California para darle vida, hace ya 5 años, a esa importante reforma política que privilegia el interés de los bajacalifornianos y establece como prioritaria la agenda local por encima de la nacional”.
Y concluyó: “Así como ocurrió en el Tribunal Electoral hace solo unos días, el engaño, la amenaza y la compra de voluntades hoy se pretendió llevar a cabo para con los Diputados (del PAN).”
Magistrados del desprestigiado Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California (Archivo).
¿Qué dice la Constitución?
Cabe señalar que el Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en uno de sus párrafos que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”
Para efectos legales, el proceso electoral arrancó oficialmente el 9 de septiembre del año pasado.
Ese día, en los términos del artículo 43 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, se realizó la sesión pública del Instituto Estatal Electoral de Baja California en donde su Consejo General emitió la Convocatoria a ciudadanos interesados en participar como Observadores Electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.
Y el 16 de noviembre de 2018, a las 18:00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 65, párrafo 1 y 67, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se instaló legalmente el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California.
De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional Electoral (INE), con ese Acto “dio inicio el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las estipuladas en el artículo 32, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al Instituto Nacional Electoral en el Proceso Electoral Local 2018-2019, para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos que se celebrarán el 2 de junio de 2019 en Baja California.”
Amador Rodríguez (Foto: El Sol de Tijuana).
Los hermanos
El 10 de septiembre del 2018, el abogado constitucionalista Salvador Rodríguez Lozano, hermano del también Licenciado en Derecho, ex Senador y ex precandidato priista a la gubernatura de Baja California Amador Rodríguez Lozano-, consideró públicamente que la ampliación de dos a cinco años del periodo de gobierno “no requiere de una reforma electoral, por tanto no hay riesgo de una acción de inconstitucionalidad para que el Congreso de Baja California tome esa decisión política.”
Explicó así su afirmación: “No pongo en duda los conocimientos de quienes hayan hecho señalamientos de que es inviable (modificar el periodo de gobierno), pero yo creo que no conocen la constitución. En el Artículo 105 efectivamente dice 90 días antes del inicio de la elección no se podrán hacer reformas electorales federales o locales, y esa es la clave de todo. ¿Modificar el período constitucional de 2 a 5 es una reforma electoral? Por supuesto que no. No tiene nada que ver con la elección; eso es una consecuencia de la elección.”
Dos meses después su hermano Amador, quien se retiró de las filas del PRI en abril del año 2001 para ser Candidato a Gobernador del Estado por el Partido del Trabajo (PT), señaló que la modificación temporal de los tiempos de gobierno para las próximas elecciones a dos años “no es conveniente” ya que “no traerá beneficios” al estado.
Aseguró entonces el ex senador, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Si bien es cierto que eso es una tendencia nacional de lograr que las elecciones federales y estatales se empaten, el haber hecho la reducción de seis a dos años y haber fijado que quienes sean electos en el 2019 solamente duren dos años, hasta el 2021, me parece un gravísimo error”,
Y precisó lo dicho en septiembre por su hermano: “La derogación del artículo octavo transitorio de la Ley estatal electoral del 2014, que reduce el tiempo de gobierno en la elección del 2019, sí procede porque ello no significaría modificar a la Constitución ni a la ley electoral estatal.”
La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en la rueda de prensa -con Jaime Bonilla y Leonel Godoy presentes- en donde dijo estar a favor de la ampliación del periodo de gobierno en BC (Periodismo Negro).
¿Acción concertada?
Las tesis expuestas por los hermanos Rodríguez Lozano sirvieron a los integrantes del Colegio de Abogados Emilio O. Rabasa, de Tijuana, a proponer a los diputados de la XXII Legislatura que derogaran el cuestionado artículo transitorio de ley electoral y ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno en la elección del 2019.
Al fracasar la tentativa en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, la misma propuesta la asumió el diputado morenista Víctor Morán quien con el visto bueno de la Presidente nacional de ese partido –Yeidckol Polevnsky Gurwitz-, propuso en octubre ampliar el periodo de gobierno con el argumento de que al tratarse de una derogación de artículo y no de una modificación de ley, “no existe impedimento alguno para que la petición pueda ser aprobada y aplicada en las elecciones locales del 2019”, teoría que tampoco avanzó en el parlamento estatal.
Una parte de lo que siguió después de esas acciones coordinadas la narró el periodista bajacaliforniano Enrique Sánchez Díaz, quien publicó una columna en donde aseguró que Amador Rodríguez Lozano patrocinó en su casa, en la ciudad de Tijuana y a mediados de noviembre del año pasado, al menos dos reuniones desayuno de priistas en apoyo al entonces Senador Electo por Baja California Jaime Bonilla Valdez.
Dos meses después de aquellos convivios, la licenciada Blanca Estela Favela Dávalos, esposa de Víctor Morán y representante de MORENA ante el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) hasta que se retiró para solicitar su registro como aspirante a candidata a gobernadora por el movimiento lopezobradorista, presentó una demanda de nulidad de la Reforma Constitucional que redujo el periodo de la gubernatura del Estado a dos años.
A principios de febrero la mujer subió su protesta al tribunal electoral del estado, en donde logró reconocimiento a su derecho jurídico a inconformarse ante los magistrados, gracias a que la dirigencia estatal de MORENA extendió a su favor una constancia que la acreditaba como precandidata inscrita del partido a la gubernatura.
Cabe destacar que el privilegio de ser precandidato se le negó a Jaime Martínez Veloz -quien también buscaba esa postulación- porque Leonel Godoy Rangel, delegado especial de ese partido en la entidad, le informó al aspirante que Jaime Bonilla sería el único candidato de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, a la gubernatura.
El domingo 24 de febrero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California (TEPJBC), ordenó al Instituto Estatal Electoral que publicara una nueva convocatoria en la que estableciera que el periodo de la gubernatura se ampliaba de dos a cinco años.
Dos ciudadanos y seis partidos –entre ellos Morena- impugnaron esa resolución ante instancias judiciales electorales de la federación.
Y los pasados días 7 y 8 de marzo algunos diputados estatales del PRI y del PAN retomaron los juicios de los hermanos Salvador y Amador Rodríguez Lozano para tratar de beneficiar políticamente al virtual candidato de MORENA a la gubernatura: Jaime Bonilla. Hasta donde trascendió, fracasaron.