Alonso Pérez Rico se suma a los escándalos del gobierno de BC; lo acusan de fraude por “moches”
El Secretario estatal de Salud en Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público Federal por presuntamente cobrar indebidamente a una empresa médica de Ensenada, una “fianza” de 61 mil 120 dólares -casi 1.3 millones de pesos- a cambio de una subrogación de servicios de hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: ¡¿Y quién nos cuida de ellos?! (La Razón de México)
Ensenada, B.C., a 26 de agosto del 2020.- Los hechos, a decir de los denunciantes -Ramón Alejandro Treviño Avalos, Alejandro Treviño Fisher y David Galván Torres, dueños de la empresa defraudada: Atención y Diagnóstico de Salud-, ocurrieron en el verano del año 2018, cuando Pérez Rico era jefe de Prestaciones Médicas de la delegación regional del IMSS en el estado.
La denuncia de hechos se presentó en la representación social federal de Ensenada el pasado lunes 17 de agosto y se sumó a quejas que los representantes legales de las compañías médicas Greminun y LogMed, presentaron en contra de Pérez Rico el 14 de diciembre pasado, por el presunto cobro de comisión (“moche”) a cambio de subrogación de servicios al IMSS en Baja California.
Esas dos últimas quejas se presentaron en la oficina central de la Secretaría estatal de la Honestidad y la Función Pública que titula Vicenta Espinosa Martínez, en donde a decir de los querellantes no se ha querido abrir o se retrasa una investigación en contra del funcionario estatal.
En el caso de Ensenada, los denunciantes manifestaron que Pérez Rico y Miguel Ángel Ruvalcaba Molina, subalterno entonces del actual Secretario de Salud en el estado, les prometieron ganar una licitación para subrogar el servicio de hemodiálisis del Seguro Social a cambio de 100 mil dólares.

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A esa cantidad que se pidió a título de “fianza”, los funcionarios del IMSS agregaron una inusual petición: que Pérez Rico fuera incluido como accionista al 10% de la nueva empresa que debía fundarse para participar en el concurso.
Así, la empresa original de los Treviño, Hemodiálisis del Noroeste, gestó y fundó Atención y Diagnóstico de Salud en donde incluyó como socio no a Pérez Rico, sino a un prestanombre: Francisco Sebastián Ruvalcaba Molina, hermano de Miguel Ángel Ruvalcaba Molina.
Este último sujeto aceptó que recibió de los solicitantes de la subrogación tres entregas de dinero que él entregó a Pérez Rico en sus oficinas de la Clínica 36 del IMSS en Tijuana.
Esas fechas son: el 27 de julio por 27 mil dólares; el 17 de agosto por 22 mil; y el 9 de septiembre por 11 mil 920 dólares. Todas las fechas corresponden al año 2018.
Además, Pérez Rico los obligó a invertir en su clínica en Ensenada 7.2 millones de pesos por concepto de renovación de sus instalaciones para obtener la subrogación.

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En el transcurso del trámite los dueños de la empresa sostuvieron tres video llamadas con el doctor Pérez Rico quien les confirmó que a cambio del dinero y su inscripción como accionista en la nueva compañía, recibirían la subrogación.
Luego, pasaron poco más de 12 meses sin tener noticias de los presuntos embaucadores hasta que en noviembre del 2019, siendo ya Pérez Duarte secretario estatal de Salud, los empresarios solicitaron información del resultado de la licitación a las oficinas centrales del IMSS en Ciudad de México, en donde les comunicaron dos cosas:
1.- Que el concurso y la asignación de la subrogación se realizó en diciembre del 2018; 2.- que su empresa, Atención y Diagnóstico de Salud, quedó eliminada en la primera etapa del concurso.
De inmediato buscaron a los timadores para que les regresaran “la fianza” y en enero de este año platicaron con Miguel Ángel Ruvalcaba, quien aceptó el fraude y pidió dos meses para regresar el dinero a los empresarios.
Algo similar les solicitó desde entonces Alonso Oscar Pérez Rico, quien dijo tener dificultades para devolverles su capital “porque ya no trabajo en el IMSS”, pero al no cumplir su palabra hasta el pasado 17 de agosto, finalmente sus víctimas decidieron demandarlo en instancias judiciales de la federación (Con información de Periodismo Negro).