Al no suministrar agua suficiente, el gobierno del estado viola los derechos humanos de miles de ensenadenses
A pesar de que Ensenada tiene una cuota anual de asignación de 9 millones de metros cúbicos de agua, proveniente de la mesa arenosa de San Luis, perteneciente a la cuenca del Rio Colorado, el gobierno del estado ha venido postergando la construcción de un acueducto que permita al municipio de Ensenada contar con este recurso, con el argumento de los altos costos económicos de esta obra.
Jorge Arturo Ruiz/ A los Cuatro Vientos
Parece que el gobierno estatal no valora lo suficiente la salud de los ensenadenses, ni el freno al crecimiento económico que implica el no disponer de agua suficiente, para el desarrollo de las distintas actividades productivas.
Además, al no asegurar el suministro de agua a pesar de haber autorizado el asentamiento de fraccionamientos habitacionales, el estado es responsable directo de la falta de abastecimiento de agua potable.
Pero otra parte, no podemos dejar de señalar que en el titulo primero, capitulo uno de los derechos humanos y sus garantías, dentro del artículo 4º; párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece literalmente que: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Y también es importante destacar que el 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente El Derecho Humano al Agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Estas disposiciones legales se deben a que se reconoce en el ámbito internacional que el agua es un bien común que debe ser garantizado por medio de un servicio público de calidad que garantice su universalidad, la participación ciudadana en su gestión, el respeto al medio ambiente y la cooperación mutua. Y que el agua nunca puede ser considerada como una mercancía a través de la cual obtener beneficios económicos.
Por tales razones el gobierno del estado ha sido negligente al no instrumentar los mecanismos presupuestales necesarios para hacer llegar el agua asignada a Ensenada y con esta medida ha puesto en riesgo la salud de las personas particularmente de los infantes y ha frenado el desarrollo sostenible del municipio de ensenadense. En base a esto asumo que al no suministrar agua suficiente, el Gobierno del estado de Baja California, viola los derechos humanos de miles de ensenadenses.
Esperemos que el gobierno saliente y el entrante asuman un compromiso público y con plazos bien definidos dentro del próximo año, para que no se postergue bajo ningún argumento la construcción del acueducto que haga posible la conducción de 285 litros por segundo, de agua asignada de la mesa arenosa de San Luís Río Colorado, a la ciudad de Ensenada que implica el aporte de 9 millones de metros cúbicos anuales.
