AL FILO DE LA NAVAJA: Los 43 de Ayotzinapa
En memoria de Guillermo Almeyra
El próximo 26-27 de septiembre se cumplen 5 años de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gro., caso que marcó a la administración de Enrique Peña Nieto.
Raúl Ramírez Baena / 4 Vientos / Foto principal: Alex Cruz / Agencia EFE).
Además de los 43 (en realidad son 42 desaparecidos, Alexander Mora fue identificado según estudios de ADN realizados por la Universidad de Innsbruck, en Austria), la fatídica “Noche de Iguala” cobró, además, la vida de 6 ejecutados, más de 40 heridos, 80 perseguidos y acosados y 30 sobrevivientes de ataques directos, siendo las víctimas no sólo estudiantes normalistas, sino también los integrantes del equipo de fútbol amateur “Los Avispones”, cuyo autobús fue confundido por los atacantes.
La periodista Anabel Hernández sostiene en sus investigaciones que los autobuses atacados, protegidos por el Ejército, llevaban droga cuyo destino era los Estados Unidos. De ahí el interés de interceptarlos y eliminar a testigos.
Lo destacable del asunto es la parsimonia del gobierno federal tras los hechos de Iguala. La PGR tardó 11 días para intervenir en las investigaciones, a pesar de la fuerte presión local e internacional, intentando dejar toda la carga del caso en el ámbito municipal de Iguala y estatal de Guerrero.
La verdad histórica
Al venírsele el mundo encima a Peña Nieto por este crimen de alto impacto, decidió utilizar a la PGR para intentar salir del paso y encubrir a los responsables, tanto autoridades civiles y militares como integrantes de la delincuencia organizada.
EPN con familiares de los jóvenes desaparecidos, antes del estúpido “ya supérenlo” (Foto: Presidencia de Peña Nieto).
El entonces Procurador General de la República, el cansado Jesús Murillo Karam, se prestó –y se sigue prestando- a construir una historia que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se encargó de desmentir rotundamente, al comprobar mediante peritos internacionales que los normalistas nunca fueron calcinados en el Basurero de Cocula y sus cenizas tiradas al Río San Juan, “verdad” construida con la firme intención de finiquitar el asunto.
Basado en peritajes del prestigiado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de Frederick W. Mowrer, presidente del Consejo de la Sociedad, Laboratorio de Investigación contra Incendios del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los EUA; de James D. Quintiere, quien ha participado en la consultoría e investigación de incendios como el derrumbe del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001; de Mario Ricardo Saldaña, investigador de más de cuatro mil incendios en el país y en el extranjero; de Ricardo Damián, especializado en investigaciones de orígenes y causas de incendios y explosiones; de John D. Dehaan, presidente de Fire-Ex Forensics Inc. y de José Torero, experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien también participó en el colapso del World Trade Center, el GIEI concluyó que la “Verdad Histórica” construida por Murillo Karam es sólo una ficción.
La tortura de los detenidos, otra pesadilla para el gobierno
Aplicando el principio jurídico de la “Exclusión de la Prueba Ilícita”, la tortura que infringió la PGR a los detenidos por el caso Ayotzinapa provocó que 77 de 142 de ellos hayan sido liberados, entre policías municipales de Iguala y de Cocula e integrantes de “Guerreros Unidos”, incluido su líder Gildardo López Astudillo, “El Gil”, con la expectativa de que pronto se liberarán otros.
La reacción del gobierno federal en voz del Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, es contundente: “las liberaciones muestran la miseria y podredumbre en que se encuentra el sistema de justicia del país”, afirmando, junto con el mismísimo Presidente López Obrador, que los ministros estarían actuando en favor de los implicados.
Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa con AMLO y Encinas (Foto: Expansión)
Cierto es que las autoridades de la actual administración federal no tuvieron responsabilidad directa en los fatídicos hechos y en su investigación inicial, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar puntual seguimiento al caso. Pero al arrancar confesiones a los detenidos en base a la tortura (como es común en México) por parte de la PGR, para que éstos se declararan culpables (responsabilidad directa que recae en Tomás Zerón de Lucio, entonces Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, operador de la famosa “Verdad Histórica” de Murillo Karam), a los jueces y magistrados que desahogan los procesos penales no les queda de otra más que liberar a los detenidos, al probarse en base al Protocolo de Estambul que fueron torturados.
La gran lección es que las autoridades preventivas e investigadoras de los delitos no deben contaminar los procesos penales con omisiones, fallas y errores en la integración de las investigaciones, menos aún con torturar para que los detenidos se declaren culpables o inculpen a terceros.
La carga de la prueba del delito de tortura corre por cuenta de la autoridad ministerial, por ello, el Poder Judicial Federal ha emplazado a la FGR a probar a más tardar el próximo 26 de septiembre, que tres detenidos más no fueron torturados, de lo contrario, serán liberados.
Bajo el valiente y consecuente liderazgo de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este es el caso paradigmático que representa a las más de 40 mil personas desaparecidas en este país, más las que lamentablemente se siguen acumulando día con día ante la incapacidad del Estado Mexicano para localizar a las personas desaparecidas, así como para prevenir, investigar y sancionar estos y otros delitos y violaciones graves a los derechos humanos.
