Ahora, Bonilla y su congreso van por contrarreforma para retomar el sistema de transporte público que municipalizó Héctor Terán
Sin consulta previa a los ciudadanos, a los concesionarios y permisionarios del transporte público, el congreso de Baja California aprobó por mayoría calificada de los diputados de Morena y sus aliados, una reforma a la constitución del estado que regresa el control del sistema de transporte público y la movilidad urbana al gobierno estatal.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Veraz Informa.
Ensenada, B.C., 15 de octubre del 2019.- Ayer, los cabildos de Tijuana y Ensenada fueron los primeros en aprobar la reforma que en agosto impulsó el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez en el congreso, para terminar con 23 años de municipalización del servicio público de transporte.
De 32 ediles en ambos gobiernos locales, solo 4 votaron en contra y otros dos, de Ensenada, no asistieron a la sesión extraordinaria de cabildo en repudio a lo que calificaron como “un madruguete legislativo” del congreso y Jaime Bonilla.
Destaca el contexto en que se dio la nueva reforma constitucional: en el tema de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla a 5 años, los congresistas impusieron la realización de una “consulta ciudadana” sin efectos legales y afirmaron que se trataba de una “acción democrática” que tenía como meta primordial fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones del legislativo.
Incluso hoy el gobernador electo dijo en un comunicado que su gobierno -inicia el 1 de noviembre- “será de consultas, le guste o no le guste a la oposición”, y que preguntará “a la gente sobre cualquier decisión” que tenga que tomar, lo cual no sucedió en el tema de la contrarreforma del transporte público.
Uno de los opositores a la reforma morenista, el regidor independiente de Ensenada Miguel Orea Santiago, manifestó que el Presidente Municipal Armando Ayala Robles, también de Morena, se sumó a la violación al artículo 115, fracción V, inciso h de la Constitución del país que establece entre las funciones y obligaciones del Ayuntamiento, la de prestar el servicio de transporte público a favor de la comunidad.
En Tijuana inició la contrareforma transportista (La Jornada BC)
La legislación federal establece que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para “intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.”
Por ello, el munícipe adelantó que impugnará el acuerdo que a las 11 de la noche de ayer, sin previo análisis, consulta y con dispensa de trámite, aprobó el cabildo con 11 votos a favor, uno en contra y las ausencias en protesta de los ediles Raúl Vera Rodríguez (independiente) y Dora Leticia de la Rosa Ochoa (Partido de la Revolución Democrática-PRD).
“El cabildo de Ensenada, como por la tarde lo hizo el de Tijuana, renunció a su autonomía y cedió a la imposición de Jaime Bonilla y sus diputados, sin importarle que violan disposiciones de la Constitución Política del país”, manifestó el edil.
Criticó que el ayuntamiento morenista y sus aliados, que en el tema del transporte incluyó a los regidores de Movimiento Ciudadano (Alejandra Camargo Gutiérrez), del PAN (Brenda Araceli Valenzuela) y el PRI, “están haciendo lo mismo que tanto criticaron a los gobiernos priistas de (Enrique) Pelayo, (Gilberto) Hirata y (Marco Antonio) Novelo: imponen funcionarios, designan delegados municipales sin previa consulta a los habitantes de las delegaciones, y hacen acuerdos en lo oscuro llegando al grado cínico y descarado de pedir a los regidores su voto a favor previo a la sesión que pospusieron seis veces, para una reforma que apenas nos dieron a conocer a las 9 de la mañana.”
En la votación exenta de análisis y consulta previa en el pleno del cabildo, destacó que el regidor priista Diego Alejandro Lara Arregui, familiar del ex diputado estatal Alejandro Arregui Ibarra, uno de los seis legisladores del PRI que aprobaron la reforma constitucional que amplió a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla, voto a favor solicitando que se incluyeran en la minuta de la sesión agregados que evidenciaron la premura con la que en el congreso se aprobó la reforma.
Entre esos puntos están la de que se permita a los usuarios y empresas del transporte público participar en la discusión del nuevo modelo que impondrá el gobierno estatal al sector, también en la elaboración de las leyes secundarias y reglamentos, respetar la economía financiera de los transportistas, crear el Consejo Estatal del Transporte Público con participación de la sociedad y los concesionarios, e incluir el contexto urbano de cada municipio en el organismo paraestatal que se creará para regular el sistema.
Raúl Carrillo, ¿la disidencia? (Foto: El Vigía).
La propuesta del priista arrancó tibios aplausos entre los concesionarios y permisionarios del transporte presentes en la sesión nocturna del cabildo, e hicieron recordar la posición que a finales de septiembre expresó el presidente de la Unión Estatal de Transportistas de Baja California, Raúl Carillo.
Este ex funcionario municipal de Ensenada señaló que, para que el transporte regresara a manos del estado, era necesario que la propuesta se consultara previamente con el sector.
“No vamos a aceptar imposiciones. Vamos a aceptar el diálogo y llegar a un acuerdo todos, pero de entrada no estamos de acuerdo. Participaremos en mesas de trabajo, no estamos de acuerdo a que se haga sin haberse consultado”, expuso entonces a los medios.
Por ello, consideró que el transporte público se debería mantener en los municipios porque fortalecía sus atribuciones en materia de movilidad y finanzas.
“El gobierno debe cambiar la manera de manejar las cosas: hacerlo con claridad y transparencia y, sobre todo, el rodearse de gente que ha participado en el sector”, apuntó el transportista a quien los impulsores de la reforma finalmente ignoraron.
En contraposición, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tijuana, Baltazar Gómez, y Arturo Aguirre, líder del grupo transportista Calafia, manifestaron su beneplácito por la iniciativa de reforma que el 22 de agosto presentó el legislador morenista Víctor Morán Hernández, un diputado que jugó un papel clave en la ampliación de mandato para el gobernador electo.
Jaime Bonilla atiende a transportistas ya como gobernador electo (Foto: PSN)
“Fue una petición que durante la campaña le hicimos a Jaime Bonilla y una vez que se apruebe queremos que nos integren en las mesas de trabajo para reorganizar el transporte público”, expusieron los transportistas del PRI que el 1 de mayo marcharon junto con el morenista para conmemorar en Tijuana el Día del Trabajo en plena campaña a la gubernatura.
Gómez reveló una de las verdaderas intenciones de la reforma: eliminar a las más de tres mil “unidades piratas” que circulan tan sólo en Tijuana, “cuya presencia va en detrimento de los legítimos posesionarios de taxis.”
Por este motivo la reforma legislativa de Morena incluye sanciones de cárcel a los taxistas independientes, tipo Uber, que no cuenten con permiso para trabajar de la paraestatal que se hará cargo del sistema de transporte público.
Asimismo, cuando a finales de junio Jaime Bonilla manifestó que impulsaría una reforma constitucional que le permitiría recobrar el control del transporte, obtuvo el apoyo del titular del Consejo de Desarrollo de Tijuana, Jorge Gutiérrez Topete.
El empresario dijo que el proyecto de crear una paraestatal que se haría cargo de los temas del transporte público, era una “buena idea” para atender la problemática del tráfico en los municipios de la entidad porque permitiría una mejor coordinación y organización para atender los problemas de tráfico, olvidando los múltiples estudios hechos por los institutos municipales y metropolitanos de investigación y planeación, y el Colegio de la Frontera Norte (Colef), que rara vez fueron puestos en práctica por los gobiernos locales.
Ayer, cuando el cabildo de Tijuana votó por mayoría de 14 regidores contra 3 a favor de la reforma, el presidente municipal Arturo González Cruz, también de Morena, manifestó:
“Es un tema que estaba anunciado, que siempre manejamos en campaña porque queríamos reorganizar el transporte en todo el Estado. Es una demanda muy sentida de los ciudadanos. Nosotros le apostamos a que vamos a reconstruir las rutas de transporte de todo el Estado, de la forma en que se obtienen los permisos y con eso vamos a terminar con la corrupción”.
Cuando el gobierno del ex gobernador panista Héctor Terán Terán (1995-1998) transfirió a los municipios de Baja California -vía convenio- las facultades del transporte público, justificó la medida en el combate a la corrupción que imperaba en el manejo estatal del sistema.
También en el fortalecimiento financiero y político de los ayuntamientos y en la “reorganización burocrática” del Estado al Municipio.
Hoy, mediante una contrareforma legislativa, esos objetivos son ya casi cosa del pasado.