Agua en BC: democratizada, municipal y un derecho humano ajeno a fines de lucro

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En Baja California, el agua y su saneamiento deben quedar plasmadas en la Constitución del estado como un derecho humano conforme a las previsiones del artículo cuarto de la Carta Magna nacional, no debe ser susceptible de apropiación privada para fines de lucro, su administración debe quedar en manos de los municipios en atención al artículo 115 constitucional, y su municipalización debe ir acompañada de un proceso democratizador que permita la participación de la ciudadanía en la operación, gestión y mantenimiento del servicio. Tales son las propuestas hechas por el grupo social “Mexicali Consciente” al invitar a todos los grupos sociales y poderes públicos y privados, a una discusión colectiva sobre el contenido de las propuestas de la nueva Ley del Agua y coordinarnos para que la labor sea eficiente. A los 4 Vientos presenta completa la convocatoria hecha el 30 de junio pasado por la organización civil:

Archivo

Movimiento Cívico Mexicalense

Al Pueblo de Baja California

Al Congreso del Estado

Al Gobernador del Estado

A los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito,

Con nuestra mayor consideración y respeto:

Entre los hechos más relevantes de nuestra reciente vida pública se encuentra una legítima preocupación popular por el uso y distribución del agua en sus diversas modalidades, agua cuya fuente casi exclusiva es la que proviene de la cuenca del Río Colorado.

En razón de la multiplicidad de leyes y autoridades a que da origen la diversidad de las fuentes y los usos del agua, la confusión entre los usuarios ha agravado sus zonas de conflicto, en forma cada vez más alarmante; uno de los puntos más notorios es la confusión entre la jurisdicción estatal y municipal en lo concerniente al agua como derecho humano fundamental en cuanto al servicio doméstico y urbano, y las aguas de jurisdicción federal para fines agrícolas, industriales y otro servicios.

La efímera Ley del Agua nacida en diciembre de 2016 y extinguida para bien de todos en enero de 2017, dejó entre la población la impronta de que necesitamos una regulación jurídica eficiente, de alcance estatal, para tutelar el acceso al agua como derecho humano fundamental y su protección para otros múltiples servicios domésticos y urbanos.

El Congreso del Estado ha recibido ya al menos dos iniciativas para una nueva Ley del Agua, provenientes de diversos grupos sociales, una de ellas avalada con la firma de al menos ocho mil personas debidamente identificadas, y promovida por el encomiable esfuerzo de un grupo de ciudadanos principalmente de la zona costa.

Luego de un cuidadoso análisis hemos arribado a la conclusión de que el ya muy desprestigiado Decreto número 57 del Congreso del Estado es principalmente un acto administrativo cuya impugnación de be plantearse ante autoridades judiciales por alguna vía jurídica que estamos explorando, por lo que igualmente consideramos que no es materia que pueda resolver el Congreso del Estado mediante un decreto abrogatorio.

Asumimos que posteriormente sobrevendrán otras iniciativas con el mismo propósito, por lo que:

Foto: Internet

CONSIDERANDO

I.- Que el Estado de Baja California (por conducto del Congreso y el Gobernador) tiene facultades constitucionales para reglamentar el uso y distribución de las aguas a que se refiere el párrafo cuarto, in fine, del artículo 27 de la Constitución nacional, que dice:

“… Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas…”

Ante este ordenamiento jurídico superior, conviene precisar que siendo las aguas nacionales un bien público de la nación, la mayor parte de la legislación sobre las aguas nacionales cae bajo la competencia del Congreso federal; no obstante, la Constitución nacional dejó a los Estados miembros de la Federación la potestad residual de regular las aguas a que se refiere el párrafo invocado arriba.

II.- Que bajo esa premisa sostenemos la necesidad de una labor colectiva de los habitantes de los cinco municipios, para construir una iniciativa ciudadana que coadyuve a resolver de manera pertinente el acceso al agua potable y su saneamiento como derecho humano fundamental; esa participación permitirá atender las necesidades regionales que nadie conoce mejor que los habitantes de cada lugar.

III.- Que la iniciativa ciudadana debe ser resultado de un amplio y sustantivo proceso de participación de todos los intereses legítimos sobre el agua, en un proceso transparente y realista en cuanto a sus tiempos y organización, porque la iniciativa que resulte deberá ser legítima en el sentido de ser aceptable para la sociedad bajacaliforniana en su conjunto, por lo que:

Foto: Internet

PROPONEMOS: Que la iniciativa gire sobre cuatro puntos que consideramos nodales:

PRIMERO: CONSTITUCIONALIZACIÓN EN EL PLANO ESTATAL:

Proponemos que el derecho humano al agua y su saneamiento se incorpore a la Constitución del Estado conforme a las previsiones del artículo 4º de la Constitución nacional, que en lo conducente dice:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará …”

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho …”

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará ese derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de sus fines…”

El acceso al agua para consumo personal y doméstico es un derecho humano fundamental, por lo que implica una serie de consecuencias que proponemos incorporar a la Constitución del Estado, para darle la máxima jerarquía que Baja California puede otorgar a una norma jurídica. Nos parece pertinente tomar como referencia lo que dispone el artículo 9º de la novedosa Constitución de la ciudad de México, que en lo conducente dice:

“…Artículo 9. Ciudad Solidaria; F: Derecho al agua y a su saneamiento.

  1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
  2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
  3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro…”

La propuesta no limita la posibilidad de incorporar otros principios y valores, siempre bajo la perspectiva de precisar un marco de referencia para la actuación del pueblo y los poderes públicos, a fin de tomar e implementar las decisiones que involucran a los diferentes integrantes de la comunidad bajacaliforniana.

Foto: La Jornada BC

SEGUNDO: NO ARTICULO DE COMERCIO:

El agua no es susceptible de apropiación privada para fines de lucro, por lo que todos sus procesos deben estar a cargo del Estado y los poderes públicos.

TERCERO: AUTONOMÍA MUNICIPAL:

La diversidad de circunstancias en que desenvuelven su vida los habitantes de cada uno de nuestros cinco municipios amerita cumplir sin más demora el preterido mandato de la Constitución federal vigente desde 1984, cuyo artículo 115 dispone:

“…III.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a).- Agua potable drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales…”

Por respeto a la diversidad y autonomía de cada uno de los municipios, proponemos que con base en los principios que establezca nuestra Constitución local, posteriormente el Congreso expida una legislación estatal que cubra dos ingentes necesidades:

a).- Colocar bajo el control del Poder Legislativo del Estado al actual organismo público denominado “Comisión Estatal del Agua”, indebidamente creado por el Poder Ejecutivo, según decreto publicado en el periódico oficial de 3 de marzo de 1999, previa definición de las atribuciones que deben corresponderle en lo que concierne al manejo y distribución de las aguas de jurisdicción estatal, que escapan a la competencia municipal.

b).- Respetar en favor de cada uno de los cinco ayuntamientos la decisión de expedir, en ejercicio de su potestad reglamentaria, sus propios reglamentos municipales en materia de uso y manejo del agua potable en su jurisdicción, o en su caso proponer al Congreso el Estado una ley especial para cada uno de los municipios.

Partiendo de que los servicios asociados al agua son atribuciones municipales, consideramos que una ley general que siga absorbiendo las potestades municipales, no solo sería contraria al artículo 115 de la Constitución nacional, sino que además mantendría una estructura centralizadora del servicio en el ámbito del Poder Ejecutivo Estatal, compleja, peligrosamente ineficiente y alejada de las realidades que viven los diferentes municipios bajacalifornianos, por lo que es pertinente abrir las puertas para que cada uno de los ayuntamientos expida su propia reglamentación conforme a sus necesidades particulares, o en su caso proponga al Congreso una ley especial para cada municipio.

La construcción del acueducto inverso Tijuana-Ensenada, motivo de lucro para compañías contratistas (Archivo).

CUARTO: DEMOCRATIZACIÓN:

La transferencia del servicio público de agua potable a los ayuntamientos es un mandato de la Constitución federal que debe ir acompañada de un proceso democratizador que permita la participación de la ciudadanía en la operación, gestión y mantenimiento del servicio. No aprovechar el momento implicaría seguir confiando más de lo racionalmente aconsejable en la democracia representativa, hoy muy desprestigiada, y desdeñar los modelos de democracia participativa más acordes con la hoy reconocida pluralidad nacional.

La estructura de gobierno y toma de decisiones al interior de cada entidad municipal operadora del agua, deberá ser no solo representativa, sino también participativa, experta, trasparente, libre de conflicto de intereses ajenos al bienestar general y tener presente como eje el bien futuro de la población; para ese efecto proponemos que cada uno de los ayuntamientos establezca entidades municipales cuya normatividad atienda las condiciones específicas de su jurisdicción.

EPILOGO

I.- Mexicali Consciente invita a todos los grupos sociales y poderes públicos y privados a una discusión colectiva sobre el contenido de esta propuesta y coordinarnos para que la labor sea eficiente.

II.- Somos conscientes de que el esfuerzo necesario es mayúsculo y que no está a nuestro alcance llevarlo a cabo sin el apoyo de todos los interesados en proteger el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento.

III.- Con apoyo en el derecho humano de petición que prevé el artículo 8º de la Constitución nacional interpretado a la luz del novedoso y elegante principio de interpretación pro homine (artículo 1º constitucional) al Congreso del Estado, al Gobernador del Estado y a los ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito les pedimos la respuesta que nuestro escrito merece, dentro del breve plazo que prevén los preceptos constitucionales pre-invocados; al Congreso del Estado le pedimos respuesta de su asamblea plenaria y a los ayuntamientos les pedimos respuesta del cuerpo colegiado, sin que sea suficiente una respuesta por conducto del presidente municipal o del secretario del ayuntamiento.

Mexicali, B.C., a 30 de junio de 2017

Carlos Maya Quevedo, coordinador General del Movimiento Mexicali Consciente.

La protesta en Mexicali (Internet).

Mexicali Consciente, su membresía: 1.- Beltrán Goldsmith Silvia, 2.- Castellanos Gout Milton Emilio, 3.- Galaz Fontes Jesús Francisco, 4.- Guerrero Solorio Jorge Fabio, 5.- Gutiérrez Jorge, 6.- Leyva Rodríguez Juan Pablo, 7.- Maya Quevedo Carlos, 8.- Ramírez Baena Raúl, 9.- Romo Ángeles Jesús, 10.- Romo Fernández Jesús, 11.- Solorio Ramírez Daniel, 12.- Solorio Sandoval Josué Giuseppe, 13.- Vargas Silva Luis Alfonso.

C.c.p.- el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) en cumplimiento a lo ofrecido el pasado sábado 23 y en reconocimiento a su afanosa labor en defensa del agua.

C.c.p.- El movimiento “Mexicali Resiste” en reconocimiento a su afanosa labor en defensa del agua.

C.c.p.- El “Tecate en Pie de Lucha” en reconocimiento a su afanosa labor en defensa del agua.

C.c.p.- El movimiento “Mexicali Aguanta Ensenada se Levanta” en reconocimiento a su afanosa labor en defensa del agua.

C.c.p.- El movimiento ensenadense “Voces en Resistencia” en reconocimiento a su afanosa labor en defensa del agua.

C.c.p.- El movimiento “Rosarito Resiste” en reconocimiento a su afanosa labor en defensa del agua.

MEXICALI CONSCIENTE

Movimiento Cívico Mexicalense


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