Acuerdos de Emergencia van y vienen, pero gobiernos federal y de BC, por igual, son culpables de la crisis hídrica
Con información y contexto de hace nueve años, y con acciones concretas únicamente para 16 ciudades del país, ninguna de ellas ubicadas en Baja California, el gobierno federal mexicano, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió el pasado 12 de julio el “Acuerdo de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022”, el cual es copia fiel del que decretó el 11 de agosto del 2021 y que no tuvo resultados tangibles.
En agosto del 2015, el diario El Vigía publicó esta imagen de la presa López Zamora, de Ensenada. Hoy, como en otros años de la última década, esta igual por la sequía.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: Sin agua (Monterrey Telediario).
Ensenada, B.C., México, domingo 17 de julio 2022.- Una de las acciones del nuevo pacto –los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía (PMPMS) por Consejo de Cuenca- debería activarse de inmediato en el 93.3 por ciento del territorio de Baja California que la Conagua ubicó, en su último reporte de sequía –al 30 de junio y publicado en el monitor oficial de la comisión el pasado 4 de julio-, con los niveles conjuntos de sequía severa y extrema más elevados de México.
Específicamente para Baja California, los PMPMS, que se acordaron el 5 de diciembre de 2013 en la ciudad de Mexicali y supuestamente se pusieron en operación en el primer Acuerdo de Emergencia del 11 de agosto del 2021-, incluyen 20 “estrategias de prevención y mitigación de la sequía” para la Cuenca Hídrica de Baja California y el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Ellas son: Sitio web dedicado a la sequía y a las ideas de conservación de agua. Factura de agua (metas mensuales de uso del agua y consumo actual). Establecer una línea de atención telefónica de sequía y capacitar al personal para su operación. Artículos en periódicos. Televisión (spots). Radio. Sitios web de la ciudad o municipios.
Asimismo: Información inserta en las facturas de agua. Distribución de panfletos. Seminarios/programas especiales. Distribución amplia de correos electrónicos. Programas educacionales (viajes al campo, conferencistas, cursos). Talleres de participación pública. Propaganda móvil (altavoces). Mamparas en eventos especiales. Anuncios y espectaculares en lugares públicos.
Finalmente: Redes sociales. Comunicados por teléfono (por medio de operadores o grabaciones). Publicaciones de usuarios (COTAS -Comités Técnicos de Agua Subterránea-, distritos de riego, organismos operadores, etc.). Convocar al sector a sesión informativa. Y comunicados de prensa emergentes.
Cuando la demanda de agua de un determinado grupo social es mayor que la disponibilidad para el suministro se produce la “sequía socioeconómica” (Foto: agua.org.mx).
Del dicho al hecho…
Los programas, indican en su documento original del cual 4 Vientos tiene una copia, “proponen acciones que han de ser implementadas en dos sentidos: antes de llegar la sequía (prevención), y cuando la sequía ya está presente (mitigación o respuesta)”; lo cual ni se hizo ni se ha hecho hasta el momento en la entidad.
Asimismo, señalan que estas estrategias se distinguen por estar orientadas hacia uno de dos objetivos: por un lado buscan el aumento de la oferta de agua, y se relacionan principalmente con las obras y sistemas de distribución; mientras que por otro lado buscan la disminución de la demanda, impactando los patrones de uso y consumo por parte de los usuarios de los distintos sectores.
En plan didáctico se establece que “esto se conoce como la gestión o manejo de la oferta y la demanda en condiciones de sequía. Al mismo tiempo, se consideran estrategias referentes a la reducción de los impactos derivados de la sequía, tales como impactos ambientales, sociales o económicos.”
La Conagua subrayó en su instrumento que, para establecer las 20 estrategias, se llevó a cabo un análisis de impactos históricos, existentes y potenciales, producidos por la sequía en la cuenca, y así determinar las medidas de prevención (de largo plazo) y respuesta (de corto plazo) con el objetivo de prevenir los impactos potenciales y mitigar los existentes.
“Para poder llevar a la práctica todas estas medidas -dice la comisión federal-, es muy importante establecer una campaña de información pública donde se comuniquen a la sociedad tanto las medidas a llevar a cabo, como del porqué de la necesidad de las mismas”, algo que no ocurrió en 2021 y hasta hoy tampoco han hecho ni el gobierno federal ni la administración estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Explicó también que todas las medidas están organizadas por sectores y que se dividen de acuerdo al aumento de la oferta de agua, de la disminución de la demanda del líquido y la reducción de los impactos derivados de la sequía.
Asimismo, los PMPMS señalan quienes son los responsables para llevar a cabo los planes y las técnicas de comunicación para una campaña de información pública, la cual se indica en las tablas de medidas de prevención que tendrán un carácter permanente y de largo plazo, independientemente de la presencia o ausencia de sequía.
“La mayor parte de éstas serán obligatorias, y en menor proporción de carácter voluntario”, indica el documento antes de englobar las tres tablas que contienen decenas de actividades provisorias para 1.- aumentar la oferta de agua; 2.- disminuir la demanda del líquido; y 3.- reducir los impactos generados por la sequía.
Con una infraestructura hídrica obsoleta porque los gobiernos de Baja California omitieron darles mantenimiento, rehabilitarlos o cambiarlos por equipo nuevo, la crisis del agua potable de Baja California tiene nombre concretos de gobernantes y dependencias públicas responsables (Cortesía CESPE).
Salió el peine
Por ejemplo, a la Conagua y a la Comisión Estatal del Agua, con carácter obligatorio, se les instruye buscar nuevas fuentes de abastecimiento.
Se les pone como primer ejemplo a las “desaladoras”, lo que puede ser el motivo por el cual el gobierno de Ávila ya retomó los proyectos de los exgobernadores Jaime Bonilla (Morena) y Francisco Vega (Pan), para construir desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín antes que cualquier otro proyecto ajeno a las asociaciones público-privadas que dan vida a los dos planes hídricos pactados desde 2017 con grandes consorcios transnacionales y el Distrito de Agua de Otay en San Diego, California, del cual fue presidente el ex mandatario morenista, hoy senador.
En las conclusiones del estudio, la Conagua reconoce -desde hace nueve años- que a pesar de las “notables evidencias de presencia de sequía e impactos derivados” en Baja California, ésta nunca ha sido declarada de manera oficial y, por lo tanto, “no ha recibido la gestión necesaria para atender este grave problema”.
Precisa que ello pasó a pesar de la existencia de diversos estudios sobre sequía en Baja California elaborados desde 2004, y de los análisis de los registros de precipitación histórica y de los volúmenes de las presas de captación existentes en la entidad.
La desalinizadora Playas de Rosarito, que ideó e impulsó por años Jaime Bonilla, y contrató en negocio público-privado el panista Francisco Vega, hoy lo retoma el gobierno de Marina del Pilar Ávila (Imagen por captura de pantalla en Youtube).
Ensenada, otro ejemplo
“A esto se le combinan la condición permanente de aridez de la región, la importancia de la agricultura para la economía de la zona, la sobreexplotación del recurso hídrico y las condiciones de bajo desarrollo especialmente en las zonas rurales que ocasionan un mayor estrés en los acuíferos, los cuales son la principal fuente de abastecimiento en la cuenca y especialmente en el municipio de Ensenada, la cual, debido a la falta de infraestructura, no cuenta con aportes de agua procedentes del Río Colorado”.
Afirma que el desabasto de agua sufrido en la ciudad de Ensenada durante el verano de 2013, en el que hubo cortes generalizados de agua en varias colonias –tal y como sucede de nueva cuenta este año-, dio origen a conflictos sociales derivados de la inconformidad de los habitantes afectados y de la falta de información por parte de las autoridades.
Recuerda que precisamente ese año la Conagua determinó que “la Ley de Aguas Nacionales reconoce al uso público urbano como prioritario sobre los demás usos, pero en la ciudad de Ensenada el problema es tan grave que ni siquiera ha podido cumplirse esta prioridad”.
Por ello, afirma que cuando la demanda de agua de un determinado grupo social es mayor que la disponibilidad para el suministro se produce la “sequía socioeconómica”, la cual es el resultado tanto de la ausencia de precipitaciones, de la presión generada por el aumento de la población y de las actividades productivas, así como de la ineficiencia en el uso del agua y de la tecnología disponible.
“Estos eventos de sequía socioeconómica en zonas áridas pueden detonar consecuencias graves e incluso catastróficas a los niveles sociales, económicos y ambientales” por sus efectos que son más notorios y de mayor repercusión social: el desabasto de agua urbano, la falta de agua para la agricultura, la pérdida de potencial inversionista y los conflictos sociales,” todos ellos presentes en Baja California y San Luis Río Colorado.
Por décadas, el problema del desabasto de agua en la ciudad de Ensenada (Foto: AFN).
El Río Colorado y los Acuíferos de BC
El documento, que desde 2013 contiene los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía por Consejo de Cuenca, no deja de mencionar el riesgo que significaría la reducción de la entrega de agua del Río Colorado bajo las reglas del Acta 319 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y los Estados Unidos, 2012.
Nueve años atrás, la Conagua alertó:
Por ello planteó que en ese momento “han de implementarse de manera urgente las medidas preventivas dispuestas para estas zonas, con el fin de preservar el mantenimiento de las actividades económicas de los usuarios del agua”.
Nadie le hizo caso y mucho menos lo hizo la propia dirección de la Comisión Nacional del Agua.
También reveló, en diciembre del 2013, que en 20 acuíferos de la cuenca hídrica de Baja California y el municipio sonorense de San Luis Río Colorado, existe una severa crisis provocada por el déficit de recarga y la alta y muy alta vulnerabilidad del manto freático, situación que a lo largo de nueve años se agravó en:
El valle de Mexicali, San Luis Río Colorado, Ensenada, Guadalupe, Maneadero, San Rafael, San Telmo, Camalú, San Quintín, San Simón, El Rosario, El Huerfanito, Villa de Jesús María, La Rumorosa-Tecate, Cañón a Calentura, Colonia Vicente Guerrero, La Trinidad, Las Palmas, Ojos Negros y Santo Tomás.
Por ello, el estudio en el que se basan los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía para la cuenca estatal y parcial de Sonora, no tiene dificultad para reconocer que la información sobre la efectividad de las medidas implementadas contra la sequía “es muy escasa o inexistente”.
“No se tiene conocimiento de su seguimiento o de si han superado la fase de acuerdo o propuesta. Este es el caso, por ejemplo, de los planes de manejo de los acuíferos, los cuales aún no han sido decretados a pesar de los graves problemas que enfrentan.”
Asimismo dice que es necesario que tanto las medidas históricas y existentes, como las propuestas en los PMPMS, sean evaluadas de acuerdo a su efectividad y factibilidad, para que esta información permita retroalimentar y de esta forma mejorar el programa.
“El PMPMS se plantea como un proceso a largo plazo que debe de ser monitoreado y evaluado continuamente para poder realizar los cambios y mejoras oportunas, y así lograr los resultados esperados, siendo estos el manejo sustentable de los recursos hídricos ante los inevitables eventos de sequía, así como el sostenimiento de las actividades económicas y ambientales del este Consejo de Cuenca”.
Por la sequía prolongada en la cuenca del Río Colorado, el nivel del agua se desploma en grado de emergencia (Foto; Periódico La Opinión).
¿Qué nos espera?
Finalmente, 4 Vientos obtuvo copia del estudio “Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía para Ciudades”, el cual contiene los 16 convenios de colaboración de la Conagua con otras tantas ciudades del país, firmados desde el año 2014 al 2018 para:
1.- Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población: abastecimiento público, doméstico, urbano y rural. 2.- Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el ambiente, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos. 3.- Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de usos establecidos en la legislación de aguas y en los programas hídricos.
Sin ninguna ciudad de Baja California incluida en el programa, pese a que prácticamente todo el territorio del estado se encuentra en condición de sequía –6.4% en nivel moderado, 71.6 severo y 21.7 extremo para un total de 99.7 por ciento de su territorio afectado-, la Comisión Nacional del Agua determina también decenas de acciones tendientes a privilegiar actividades de preparación y mitigación de sequías, gestión de riesgos, difusión pública y la administración de recursos, así como coordinación de programas y actividades de respuesta “con eficiencia y eficacia, centrándose en las necesidades de los usuarios”.
El evidente fracaso del programa, que se incluyó en los Acuerdos de Emergencia del 2021 y este año, es más que evidente.
En las 16 ciudades donde existen convenios de colaboración -Guadalajara, Chihuahua, Monterrey, Coatzacoalcos, Victoria de Durango, Toluca, Cancún, Mérida, Ciudad Valles, Tuxpan, Puebla, Cuernavaca, Culiacán, Ciudad Victoria, Papaloapan y Xalapa- hoy existen crisis por sequía, vulneración de los mantos freáticos, mal manejo del recurso, sobre explotación de las cuencas y falta de infraestructura hídrica.
Así, ¿qué se puede esperar para el futuro inmediato y al corto plazo de Baja California?
Información de contexto: