ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DESLINDE DE MARINA, CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL: EL COSTO DE LA “LEY BONILLA DEL AGUA II” EN BC
Exdiputados de la XXIII Legislatura del Estado, regidores del municipio de Ensenada y la gobernadora electa de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, se unieron en la desaprobación de la llamada “Ley Bonilla del Agua II” y anunciaron acciones judiciales ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la norma que privatiza al sector, endeuda las finanzas de los seis municipios del estado y monopoliza en el ejecutivo estatal el diseño de obras en el sector y la tarifa del agua que consumen los usuarios.
Jaime Bonilla, otra vez entrampado (Facebook).
4 Vientos / Foto destacada: Otra vez se pretende privatizar el agua en Baja California (Foto. El Pionero).
Ensenada, B.C., México, lunes 2 de agosto del 2021.- En acciones y declaraciones por separado, las tres instancias anunciaron que los 13 diputados de Morena y sus aliados, quienes aprobaron en trámite “fast Track” la llamada “municipalización del agua” que se publicó en el Periódico Oficial el 29 de julio, quebrantaron diversos preceptos legales y “procedimientos legislativos elementales” que violan derechos de los ayuntamientos y los usuarios.
Además, en un comunicado de prensa posterior a su deslinde de la iniciativa de Jaime Bonilla, la gobernadora electa informó que la norma también la rechazan “varios sectores empresariales, académicos y sociales, sobre su falta de consenso, su viabilidad y hasta su verdadera municipalización.”
Sin mencionar los nombres de los diputados que presentaron la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la “municipalización” -el pasado 31 de julio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, el equipo de comunicación de Ávila Olmeda destacó que “se violaron procedimientos legislativos elementales y diversos preceptos legales, pues de acuerdo con el Artículo 30 de la Constitución del Estado, los Ayuntamientos debieron ser citados con 5 días de anticipación para participar en la Comisión, cuando no sucedió de esa manera.”
Igualmente cita que “se presentaron irregularidades en los tiempos de notificación de los legisladores, así como en la sesión de la comisión en donde se abordó la iniciativa sin tener el quórum correspondiente.”
Bonilla y Marina: El deslinde en el tema del agua, al fin (Foto: Atahualpa Garibay / El Heraldo de México).
En ese sentido, agrega el comunicado, la Acción de Inconstitucionalidad se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, “y a través de este se denuncia la contradicción entre la Constitución y la iniciativa en mención.”
Igualmente recuerda que el artículo 105 de la Constitución Política del país menciona que las acciones de inconstitucionalidad “pueden ser promovidas por los legisladores locales o quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma impugnada.”
En ese sentido, la tarde de hoy nueve de los 13 ediles del Ayuntamiento de Ensenada se pronunciaron en contra de la reforma que “municipaliza” un sector del agua, por lo que la Síndico Procuradora Elizabeth Muñoz Huerta giró un oficio que inicia una controversia constitucional en contra del proceso legislativo, la promulgación y la publicación del Decreto 289 que reforma la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Los integrantes del cabildo en rebeldía manifestaron que la acción del poder legislativo “violenta la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el mandato constitucional de invitar a los ayuntamientos a participar en los trabajos de la comisión, así como la autonomía de los ayuntamientos al tomar una decisión tan relevante sin consultarlos.”
Los por qué de los regidores de Ensenada que se oponen a la Ley Bonilla del Agua (Facebook).
Asimismo –agregan- se viola el artículo 115 de la constitución “ya que no existe la aprobación de los ayuntamientos para conseguir la municipalización.”
Finalmente, la gobernadora electa dijo la noche del 31 de julio que “muy probablemente la Ley de Aguas de Bonilla va a caerse” porque “hubo una serie de irregularidades en el procedimiento parlamentario.”
Y culpó a la empresa privada de cobranza Fisamex de ser la responsable de que fracasara la recuperación de adeudos en las comisiones paraestatales del agua, al aplicar a los morosos “multas estratosféricas”, prácticamente impagables, obteniendo a cambio comisiones por más de 300 millones de pesos en el año y medio que ejecuta sus acciones de cobro.
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