A pesar de Ley General, la tortura sigue en impunidad y en BC hay total opacidad estadística del delito
Este día, el Observatorio contra la Tortura, iniciativa de la sociedad civil, con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó la plataforma sintortura.org, una herramienta para monitorear la implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST) promulgada en junio de 2017.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Observatorio contra la Tortura
13 de noviembre 2019.- La plataforma, que busca monitorear 10 rubros de indicadores a nivel federal y en las 32 entidades federativas, muestra grandes demoras y pendientes en el cumplimiento de la Ley General y en el combate a la tortura. Entre ellos:
1.- A pesar de la apertura de miles de investigaciones penales por tortura en el fuero estatal en 2018, sólo dos entidades informaron haber presentado cargos por tortura ante alguna autoridad judicial ese año.
2.- Ninguna entidad reportó sentencias impuestas en casos de tortura en 2018.
3.- En los primeros meses de 2019, solamente la federación y 10 entidades del país informaron contar con Fiscalía Especial para Investigar Tortura conforme lo previsto en la Ley General.
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4.- Otros 9 estados informaron contar con Unidad de Investigación y casi la tercera parte de entidades informó no contar con ninguna de las dos herramientas jurídicas.
5.- En los primeros meses de 2019, solamente tres entidades informaron contar con registros de tortura que se ajustaran a los elementos requeridos por la Ley.
Los datos recabados muestran asimismo la persistencia de serios límites en el acceso de las víctimas a exámenes médicos y psicológicos para documentar secuelas de tortura y que éstos sean independientes y efectivos.
Igualmente, se ubicaron pendientes en la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), entre otros rezagos.
Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a información, presentándose retos como la falta de respuesta de algunas instituciones, la falta de desglose de datos y, en casos puntuales, datos contradictorios.
Foto: Amnistía Internacional
En el caso de Baja California, la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, no proporcionó respuesta a la solicitud de registro de casos de tortura en la entidad.
De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no desglosa los casos de tortura en el reporte de incidencia delictiva mensual y anual.
Esto pese a que la Ley General contra la Tortura ordena que las Fiscalías o Procuradurías deben contar con registros sobre los casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La norma precisa que estos registros deben incluir información sobre la lugar, fecha, circunstancias, técnicas utilizadas; las autoridades señaladas como posibles responsables; el estatus de las investigaciones; y, en su caso, la información referente a la Víctima, como su situación jurídica, edad, sexo, o cualquier otra condición relevante para los efectos estadísticos.
No obstante los obstáculos, la plataforma permite comparar indicadores de 2014 a 2018 en la mayoría de los rubros, y se actualizará periódicamente.