A mediados de 2023, México y EU adoptarán medidas “extraordinarias” y “urgentes” por crisis del río Colorado

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Seis días antes de que la segunda tormenta invernal ingresara en la región costera del pacífico californiano que incluye la porción norte de Baja California, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos de América (CILA) anunció que la peor sequía en 114 años de historia de la que se tiene registro en la zona binacional obligará que ambos países, a mediados del 2023, adopten medidas extraordinarias para proteger a los usuarios de la cuenca del Río Colorado.

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: El lago Mead, entre Nevada y Arizona, el pasado 7 de diciembre (CILA).

 

Ensenada, B.C., México, martes 13 diciembre 2022.- En un comunicado, la Sección mexicana de la CILA informó que las condiciones del Colorado se siguen deteriorando, poniendo en riesgo la operación de las presas del sistema y con ello el abastecimiento de todos los usos en ambos países.

Destacó que de presentarse los bajos escurrimientos pronosticados para el próximo invierno 2022-2023 (21 diciembre a 20 de marzo), las reducciones anunciadas para México en el mes de agosto de 128 millones de metros cúbicos (86 de recortes y 42 de ahorros recuperables), y para Estados Unidos de 761 Mm3 (514 de recortes y 247 de ahorros recuperables) podrían ser “insuficientes”.

Ello, agrega el escrito, propiciará que “se lleguen a niveles de operación inaceptables, poniendo en riesgo las entregas de agua a los usuarios de la Cuenca Baja del Río Colorado” -incluyendo a México-, por lo que eventualmente sería necesario que ambos países adopten medidas extraordinarias para proteger el sistema tan pronto como en 2023.

El documento, de fecha 6 de diciembre de este año, destaca que la Sección mexicana ya notificó, el último día de noviembre pasado, de todo lo anterior tanto a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como a los gobiernos de Baja California y Sonora, a fin de que adopten las medidas necesarias para asegurar, “en primera instancia”, el agua para las poblaciones y para el abastecimiento indispensable de las áreas de riego.

 

Agrega: “Por primera vez, desde la firma del Tratado de Aguas de 1944, se enfrenta una situación de esta naturaleza en el Río Colorado, lo que nos pone frente a situaciones inéditas y a buscar soluciones innovadoras que nos permitan transitar por esta coyuntura hasta en tanto las condiciones de escurrimiento y almacenamiento mejoren”.

 

Y subraya que, ante la incertidumbre sobre el comportamiento de las presas, por los almacenamientos tan bajos y nunca experimentados, resulta urgente la adopción de medidas adicionales.

“Ambos gobiernos estarán llevando a cabo en los próximos meses una serie de reuniones para identificar y definir las acciones que deban adoptarse con la meta de evitar el colapso del sistema y buscar asegurar los abastecimientos mínimos que podrían requerirse en ambos países. Se espera que dichas acciones puedan anunciarse en el mes de julio de 2023”, informa por último el comunicado.

 

La situación actual y lo que se prevé para la presa Hoover (lago Mead, a 48 kilómetros al sureste de Las Vegas, Nevada, en EUA (Imagen: CILA).

 

Al día de hoy, el gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda no reacciona al nuevo llamado de alerta de la CILA.

En agosto pasado, cuando la Comisión binacional anunció el nuevo recorte en el suministro de agua en la cuenca del Colorado, que hoy ya se anuncia como “insuficiente” para todo el 2023, quien salió a dar la cara por el gobierno morenista de Baja California fue Armando Samaniego, titular de la Secretaría estatal para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA)

En una reunión con funcionarios de la CILA, el oficinista anunció “las estrategias” del gobierno local ante el recorte: A. Impulso a la infraestructura para aumentar el reúso del agua; B. evitar pérdidas en la conducción, y C. buscar más fuentes de abasto.

Dijo entonces que la mayoría de las estrategias ya se implementaban desde el inicio de la actual administración estatal, “previendo la reducción y para poder estar en condiciones para mitigar sus afectaciones a la población”.

Y que la táctica del estado incluye el reúso del recurso en las áreas doméstica, industrial, comercial y agrícola mediante la construcción privada de plantas de reciclaje de aguas negras; así como promover la siembra de cultivos de bajo consumo hídrico que permitan ahorros “más sustanciales” del líquido en la agricultura estatal.

Asimismo, hacer más efectiva la medición y la conducción del agua con el objetivo de tener cifras más precisas de los índices de consumo, y evitar pérdidas en las líneas de conducción.

En la reunión, el funcionario no aportó datos sobre la principal apuesta de Ávila Olmeda y sus cogobernantes para enfrentar la caída del abasto de agua desde el Colorado: la construcción pública-privada de plantas desalinizadoras de agua de mar en Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín, Colonet y Tijuana, con el predecible aumento al precio del agua para los consumidores.

 

El nivel del agua en la presa Hoover el 7 de diciembre de este año, el más bajo en su historia. El almacenamiento combinado del sistema de presas del Colorado era de apenas el 28% a esa fecha. En agosto dicho almacenamiento era del 34%. De los últimos cinco años, cuatro han sido los de más bajo registro en cuanto a ingresos a las presas. (Foto: CILA).

 

Por su parte, el congreso local emitió en septiembre –el día 26- un exhorto a la CONAGUA y a la SEPROA “para que garanticen abasto de agua en calidad y en cantidad”, y “realicen las acciones necesarias y de carácter urgente para asegurar el abastecimiento del agua como un derecho humano en el estado.

Los diputados, con base al recrudecimiento de la sequía y el nuevo recorte de suministro de agua del Colorado para 2023, pidieron a las dos oficinas públicas que, “a la brevedad posible”, giren instrucciones a quien corresponda y “se implementen esquemas en la conservación del agua en los usos agrícola, servicios, industria y otros, en el corto, mediano y largo plazo, tratando de afectar en lo menos posible las actividades económicas del Estado.”

En su posicionamiento, del cual no existe respuesta pública de las dependencias exhortadas, los legisladores dicen que la mayoría de los municipios de Baja California han resentido la escasez hídrica “desde hace tiempo”; y que en Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y San Quintín, los municipios costeros del Pacífico, este año hubo programas de “tandeo” –suspensión total o parcial del suministro de agua a la población- provocados por la sequía y problemas de manejo administrativo del recurso.

 

“Aunque actualmente el precio del agua casi no tiene variación diaria, esto puede llegar a cambiar si continúa la tendencia hacia su escasez provocada, entre otros factores, por el cambio climático”, indicaron los diputados en su escrito.

Semanas después, el 21 de octubre, los parlamentarios de mayoría morenista y sus aliados aprobaron de manera sorpresiva y sin previa consulta popular, aumentos del 6 al 15 por ciento a las tarifas por consumo de agua, medida unilateral propuesta por el gobierno de Ávila Olmeda.

La justificación que dio el secretario estatal de Hacienda, Marco Moreno Mexia, fue que los organismos paraestatales que operan el sistema “se encuentran en crisis, lo que hace imposible que inviertan en infraestructura”.

La medida sólo se aplicaría hasta el 31 de diciembre de este año y supuestamente afectaría sólo al 15% de los usuarios de las comisiones estatales de servicios públicos, pero en la realidad los recibos por consumo de agua fueron impactados por el aumento en todas las categorías.

 

Ante la crisis hídrica, ¿gobierno de signos mediáticos y tácticas de mercadotecnia política banales? (Foto: Gobierno del estado).

 

Los titulares de los organismos paraestatales afirmaron que en las propuestas de ingresos anuales del 2023 no incluyeron nuevos aumentos a las tarifas, y que éstas sólo crecerán en la medida del índice nacional inflacionario de este año (7.8 por ciento hasta noviembre), más un uno por ciento que cobra el estado.

Eso siempre y cuando las “medidas extraordinarias” y “urgentes” que México y Estados Unidos implementen a mediados de 2023 para enfrentar la crisis hídrica transfronteriza, no ordenen lo contrario.

 


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