A investigación federal, 160 kilos de huesos de personas enterradas ilegalmente en BC

Comparte en redes sociales

Inmerso en la violenta lucha de los cárteles de la droga que se autodenominan “jefes de la plaza” y operan grupos asesinos que arrebataron la vida a por los menos el 80 por ciento de los 949 muertos con registro en la estadística oficial de homicidios dolosos en el lapso enero-abril de 2018, Baja California entregó hace unos días 160 kilogramos de huesos que corresponde a unas 150 personas enterradas clandestinamente en los cinco municipios del estado.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 17 de mayo 2018.- El objetivo de la macabra entrega en las oficinas centrales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO-PGR), y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS-Secretaría de Gobernación), es algo que el gobierno de Baja California de plano se niega hacer:

1.- Realizar diversos estudios periciales especializados; 2.- comparar los resultados con cadenas de ADN obtenidas de familiares de personas desaparecidas; y 3.- encontrar una liga genética que permita la identificación objetiva de quién era en vida el exhumado.

A diferencia de otros restos humanos que la entidad peninsular ha enviado a la capital de la república para su análisis profesional, en esta ocasión los huesos se obtuvieron gracias a la intervención directa de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California que preside Fernando Oceguera Flores, ante las dos dependencias federales.

“Se trata del resultado de nuestra primera búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas que realizamos con el apoyo incondicional del equipo de especialistas de la SEIDO y la Comisión Nacional de Seguridad”, explicó el activista en un contexto por demás interesante.

Cuando platicó con A los 4 Vientos, el miércoles 16 y jueves 17 de mayo, Oceguera cumplía tres días de trabajo en coordinación con un nuevo equipo de investigación forense, compuesto por 30 elementos en el Valle de La Trinidad, Ensenada-

El inusitado aparato de búsqueda lo forman cuatro agentes del Ministerio Público Federal, geólogos, antropólogos forenses, técnicos en video, arqueólogos especializados, operadores de un geo radar molecular, un equipo de perros rastreadores y 10 integrantes de la Gendarmería Nacional-.

Fernando Oceguera (derecha) con el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (Foto: Facebook).

Esta fuerza especial, segunda que trabaja en coordinación con la asociación civil y primera que se realiza en Ensenada, se integró a petición de familiares de personas desaparecidas en el valle agrícola que se localiza 120 kilómetros al este de la ciudad de Ensenada, donde la indolente Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tardó 15 días en recuperar los cadáveres de cuatro personas en medio de sospechas de que había más osamentas que dolosamente no se buscaron.

Es tal la desconfianza en la fiscalía estatal, dependencia que a decir de Oceguera “ni siquiera abre carpetas de investigación” cuando se presenta una denuncia por desaparición de persona en las agencias del Ministerio Público del Fuero Común de Ensenada, que ahora los investigadores federales trabajan en la zona donde a principios de año se recuperaron los cuatro cuerpos.

“El equipo llegó a Ensenada el martes 15 (de mayo) y en los dos días subsecuentes recorrimos el área donde la gente del valle nos informa que podrían existir fosas clandestinas. Esto es un grupo de cañadas, de aproximadamente 7 kilómetros de largo, y los sitios identificados como Las Minitas y Las Chichis”, lugar éste último en donde se extrajeron los restos de las cuatro personas que hasta hoy no han sido identificadas por la PGJE.

Gracias al apoyo de los perros adiestrados, las herramientas tecnológicas de última generación y el trabajo de los especialistas, se logró ubicar con precisión “varios lugares sospechosos” que comenzarán a ser analizados individualmente a partir del viernes 18 de mayo por la mañana.

“Los familiares de personas desaparecidas en La Trinidad y Ojos Negros, la ciudad de Ensenada y el valle de San Quintín nos pidieron apoyo. Hicimos gestiones en la Ciudad de México con el titular de la SEIDO -Alonso Israel Lira Salas- y el Comisionado Nacional de Seguridad -Renato Sales Heredia-, y de ambos obtuvimos una excelente e incondicional respuesta”, manifestó Fernando Oceguera.

El resultado de la gestión inició en la ciudad de Ensenada y el valle de San Quintín cuando del 20 al 22 de abril, personal de la SEIDO recabó muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas y las llevó al banco de ADN en la ciudad de México, instrumento de investigación científica que no existe en Baja California, como tampoco una base estatal de ADN que se conecte al Sistema Informático de Índice Combinado de ADN (CODIS) que a nivel nacional ya tiene más de 29 mil perfiles genéticos.

Toma de muestras de sangre por parte de personal calificado de la fiscalía federal (Foto ilustrativa: PGR).

En aquella ocasión se presentaron 52 familiares a entregar sangre. “Si tomamos en consideración que se hacen las pruebas a dos familiares por cada desaparecido, estamos hablando de al menos 26 desaparecidos y esta cifra no es especulación”, destacó Oceguera.

Tampoco teoriza cuando recuerda que en enero, cuando miembros de la asociación se hicieron presentes en La Trinidad para verificar la recuperación de cadáveres en la fosa clandestina de Las Chichis, atendieron a 49 personas que representaban al menos 35 casos comprobados de personas desaparecidas en ese valle, Ojos Negros, Ensenada y el valle de San Quintín, una cifra muy alta para un problema que se desconocía en su verdadera dimensión porque las autoridades lo mantenía oculto.

“En las últimas semanas he recibido al menos 10 correos electrónicos de quienes dicen ser madres, hermanas, primas y padres de personas desaparecidas en la ciudad de Ensenada, entre las que también tenemos casos de mujeres. Estoy hablando de casos que se remontan al año 2014 a la fecha”, manifestó el activista.

Y agregó: “Me dicen: ´Yo sé dónde está el cuerpo de mi hijo, de mi primo´, pero les digo que no se arriesguen, que no quieran rescatar los cuerpos porque eso es muy peligroso. Primero debemos recabar información y ésta la ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trabajo.”

Sin embargo, consideró que “existe mucho olvido” por parte de las autoridades de Ensenada, por lo que recomendó a las personas que tengan familiares desaparecidos que se acerquen a la organización.

En realidad, existe mucho más que “olvido” de los gobernantes en el tema de los desaparecidos.

Las mantas que afearon la ciudad de Ensenada y no pagaron derechos de piso del ayuntamiento (Foto: La Jornada BC).

Adriana Jean Manuel, activista social de Ensenada que trabaja con familiares de siete personas desaparecidas en la metrópoli porteña y su zona conurbada, relató que las agencias del ministerio público de la PGJE minimizan las denuncias y no las atienden profesionalmente, y el presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna ordenó retirar las mantas que se colocaron en lugares públicos para pedir apoyo comunitario en la búsqueda de las víctimas, bajo el argumento de que contaminaban visualmente la ciudad y no se pagaron los derechos municipales por colocar propaganda en la vía pública.

El poder legislativo del estado aporta a su vez negligencia y omisión al tema de los desaparecidos. Desde 2013 se niega a homologar las leyes locales con la Ley General de Víctimas, de aplicación federal, lo que pone a Baja  California como una de las dos entidades que aún no hacen la sincronización judicial, por lo que legalmente no se pueden destinar recursos públicos a la atención profesional del delito de desaparición de personas.

“Por ley, si ésta normativa se homologara con la federal, ese presupuesto debería ser de 80 millones de pesos al año, pero desde febrero del año pasado proponemos que sean 20 millones que fácilmente se pueden obtener de los decomisos de droga que este año se han hecho en Baja California, que según cifras oficiales representan 900 millones de pesos; pero simplemente no avanzamos”, comentó Oceguera en una entrevista con A los 4 Vientos hecha el pasado 10 de abril.

Pero hay más. En noviembre del 2017, con la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el gobierno estatal debería trabajar en la creación del Sistema local de Búsqueda de Personas, la Comisión estatal de Búsqueda y un Consejo Ciudadano independiente de las autoridades regionales, pero el gobierno de Vega de Lamadrid no emprende acciones para cumplir con lo que ordena la legislación federal.

Es importante resaltar –dijo Oceguera Flores- que los habitantes de La Trinidad están solicitando de manera urgente una reunión informativa y de trabajo con la procuradora General de Justicia de Baja California -Perla del Socorro Ibarra Leyva-, para denunciar que hay muchas anomalías en la integración de las averiguaciones previas.

“Para empezar, las pruebas, estudios e investigaciones que ahora hacen los integrantes del grupo de trabajo de la SEIDO y la Comisión Nacional de Seguridad, las deben realizar la procuraduría estatal de Justicia y así comenzar a integrar de manera correcta y profesional las averiguaciones previas, pero hay casos de familiares que manifestaron haber hecho su denuncia ante el ministerio público, pero los agentes se negaron a abrir las carpetas de investigación”.

Fosas clandestinas, vergonzosa realidad en Baja California (Foto ilustrativa: La Saga)

Consideró que la procuraduría estatal debe presentar un plan de investigación muy bien definido y estructurado para atender el grave problema de los desaparecidos.

Más cuando este mismo año se pondrá en operación la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente en formación, lo que propiciará que la SEIDO deje de hacer trabajos como los que actualmente realiza en el Valle de La Trinidad, o como los hechos entre septiembre del 2018 a abril del 2018 que concluyeron con la recolección de los 160 kilos de hueso que se enviaron a la Ciudad de México para su estudio.

“Lo que ahora está pasando, ante la indiferencia de las autoridades en el tema de la inseguridad, es que la gente prefiere pagar a los secuestradores para evitar tener a sus familiares en la lista de desaparecidos. Sabemos que en las últimas semanas se resolvieron tres secuestros con la liberación de las víctimas porque los familiares aceptaron pagar lo que les pedían los delincuentes, pero sin duda las autoridades son las encargadas de que esto no suceda y de que, si hay un desaparecido, averigüen profesionalmente y resuelvan pronto los casos”, reveló el representante de la asociación civil.

El dato de Oceguera tiene un respaldo oficial. En el periodo enero-abril del 2018 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado registro un total de nueve secuestros (la mayor cantidad fue de cuatro, en abril) en todo el estado. Se repartieron así: uno en Mexicali, siete en Tijuana y otro en Ensenada (marzo).

Pero el problema de los desaparecidos también está vinculado, de manera mucho más directa, con el delito de homicidio doloso que a su vez tiene como origen, de manera muy marcada, en la disputa de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, de Tijuana (Arellano Félix), Jalisco Neto Fonseca y Familia Michoacana por controlar el tráfico de drogas a los Estados Unidos y su consumo en Baja California.

De hecho, la consolidación de un grupo delincuencial que se autodenomina Cártel de La Rana, que desde 2014 opera en la costa del Pacífico bajacaliforniano y su jefe visible -René Arzate García- suma una oferta de recompensa de 20 mil dólares en la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), estalló una batalla sin precedente en el municipio de Ensenada cuando este año se identificó públicamente como “el jefe de la plaza”.

Imagen: FBI

Esta guerra de las bandas criminales disparó este año la cifra de muertes dolosas en Ensenada, municipio que hoy ocupa el segundo lugar estatal en la estadística oficial con 80 homicidios intencionales en el periodo enero-abril, que incluye la cifra récord para un mes (29 en abril pasado) que podría ser rebasada en mayo que al día de hoy ya suma más de 18 asesinatos premeditados.

Al desolador panorama, la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California contrapone valentía, fortaleza y esperanza.

“Quiero felicitar a las madres y padres del valle de La Trinidad porque gracias a su valor civil, hicieron posible que este grupo de especialistas llegara a Ensenada. Para nosotros es muy triste, muy impactante ver sus caras de desesperación y dolor por sus desaparecidos, pero nosotros ya perdimos el miedo y por eso le decimos a las familias que pueden contar con nuestra organización”, concluyó Fernando Oceguera, quien desde febrero de 2007 busca a su hijo -Fernando Oceguera Ruelas- pese a que en un agente del Ministerio Público de Tijuana le dijo que no se metiera en el caso porque “solo entorpecería la investigación”, que por cierto aún hoy no concluye.

 

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS

https://www.4vientos.net/2018/05/17/novelo-insensible-a-situacion-de-familiares-con-desaparecidos/

https://www.4vientos.net/2018/04/11/aparece-nueva-fosa-clandestina-en-ensenada-y-se-destapa-la-rana-como-jefe-de-la-plaza/

https://www.4vientos.net/2018/01/07/valle-de-la-trinidad-el-fantasma-de-las-fosas-clandestinas/

https://www.4vientos.net/2018/04/01/luis-aguilar-20-anos-desaparecio-en-el-zorrillo-tras-subirse-a-un-vigia/

https://www.4vientos.net/2018/05/09/el-mexico-de-los-desaparecidos-la-violencia-y-los-rituales-prehispanicos-a-traves-del-lente-de-yael-martinez/


Comparte en redes sociales