A DOS DE TRES CAÍDAS: El empecinamiento y la tolerancia
Deje de escribir por algunos días, lo intenté y a un tercio de lo escrito, sentía que ese cúmulo de palabras no decían nada, no comunicaban lo que pretendía decir y tampoco me sentía satisfecho con esas frases armadas por impulsos de un estado de ánimo de profundo encabronamiento.
Arturo Ruiz, El Súper Cívico* / A los 4 Vientos
Pretendí describir el amurallamiento del Congreso del Estado, sede de la representación del pueblo, y cómo sus pasillos y accesos se han convertido en habitáculos de policías antimotines, policías con cara de hastío, de modorra y viendo a las personas como presuntos delincuentes.
Un Congreso con su puerta principal cerrada y en donde para acceder tienes que entrar por la puerta de atrás, por el área del estacionamiento, en donde se dejan ver ministeriales, policías estatales preventivos y agentes de la policía municipal, para después pasar por un filtro con guardias que se dan el lujo no solo de preguntar a quién busca o a qué oficina van, sino de interrogar a los visitantes queriendo saber cuál es el asunto que van a tratar con los diputados.
Un Congreso con cámaras de vigilancia al estilo “big brother” y en donde para subir al segundo nivel tienes que bordear los escudos y cascos para ascender por las escaleras.

Dip. Iraís Vázquez, del PRI, presidiría la sesión ordinaria del 30 de noviembre al primero de diciembre que presuntamente aprobará, en un Congreso amurallado por 150 policías, el endeudamiento del estado por más de 82 mil millones de pesos para pagar contratos de APPs en construcción de dos desalinizadoras (Playas de Rosarito y San Quintín) y la red hídrica de Mexicali. Foto: Congreso de Baja California.
Hoy 30 de noviembre, a punto de elegirse una nueva mesa directiva que al parecer le corresponderá al PAN en la persona de la diputada Iraís Vázquez y la Junta de Coordinación Política al PRI, hay más de 150 elementos de la policía, entre elementos ministeriales, de la estatal preventiva y municipales.
Y mientras ellos protegen el amurallado Congreso, seguramente en las colonias de la periferia de Mexicali, se cometen ilícitos, hay necesidad de vigilancia porque la inseguridad genera incertidumbre y temor ante la delincuencia común.
En síntesis, el de Baja California es un Congreso en donde huele al miedo de unos legisladores a quienes les falta pericia política, en donde no existe capacidad de diálogo y en donde han optado por el lenguaje de la amenaza de la represión.
Un Congreso casi totalmente sometido por la mayoría de diputados panistas al interés y designios de un gobernador que cada vez es más evidente que llegó al poder para servir a sus intereses económicos y para favorecer a sus socios y compadres.
Una mayoría legislativa y un gobernador del PAN que han transformado el arte de gobernar, en un sistema impositivo y verticalista, de autoridades que ven al pueblo como sujetos obligados a sus designios, y con un BRUTAL EMPECINAMIENTO de sacar adelante sus propuestas de entregar al poder privado el agua, mediante Asociaciones Público Privadas, para convertir a este recurso fundamental, en un negocio a expensas del dinero público y de la necesidad de la gente de acceder a este servicio básico.

El 13 de febrero de 2017, el gobierno de Francisco Vega Lamadrid lanzó a la fuerza policiaca a desalojar violentamente a los activistas de Mexicali Resiste que permanecían en plantón en el centro de gobierno en la Plaza de los Tres Poderes, en protesta por la privatización del agua y la construcción de la planta cervecera de Constellations Brands en el valle de Mexicali. Foto: internet/El Centiela
Y en donde un grupo de personas aglutinadas en el colectivo denominado Mexicali Resiste, se han ido transformando en una expresión de intolerancia y de rencor social acumulado, en donde todos quienes trabajan en el gobierno o en la prensa son sus enemigos.
Un grupo dominado por la INTOLERANCIA, con más rencor que propuestas; un grupo al que TODO les parece mal. Un grupo que parece más una banda de camorristas y pendencieros que hacen de la bulla, el insulto y el chiflido su método de protesta.
En este grupo de radicales snob, conducido por líderes sin tino ni objetivos claros, no existe incluso ni la capacidad de articulación con otras expresiones de la sociedad civil. Y esto es delicado, porque pareciera que buscan a toda costa ser reprimidos para construir o erigirse como mártires de la represión, sin medir consecuencias ni políticas, ni sociales.
Pero resulta evidente que en este país y particularmente en Baja California, las medidas implementadas por un neoliberalismo salvaje, están colapsando a la sociedad y están haciendo frágil y vulnerable a la estructura de gobierno, ante un encrispamiento social que habla mediante el abstencionismo, el pandillerismo y la apatía.
Todos los que se dan un tiempo de análisis y reflexión tienen claro que el modelo neoliberal la pérdida de soberanía en la conducción del Estado, bajo la imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) dirigida a la profundización de la apertura comercial y al debilitamiento del Estado Nación.
Un gobierno que mientras empobrece a las mayorías de la población, (más de 60 millones en México) se ha dedicado a imponer las medidas neoliberales expresadas en privatizaciones, debilitamiento sindical, especulación financiera; una reforma laboral de sometimiento de la clase trabajadora ante el sector patronal, la explotación de los recursos naturales por empresas extranjeras y la atracción de inversiones de maquila en base a una oferta de mano de obra barata.
Y ante la crisis económica, el empobrecimiento de las mayorías y la descomposición del sistema político a causa de la corrupción, el nepotismo y la impunidad, sólo queda como reducto la movilización ciudadana.
Todo esto nos conduce a una disyuntiva de carácter electoral en 2018, o se impone Pepe Meado, (perdón Pepe Meade) y el continuismo de un modelo neoliberal sin contemplaciones a la clase trabajadora y sin principios de justicia social… o la gente sale y vota por Andrés Manuel López Obrador, la única opción que sin ser la panacea o utopía nacional, ofrece una posibilidad real de cambio para nuestro país. ¡O cambiamos o nos jodemos!
Y más temprano que tarde si vuelve a imponerse el modelo neoliberal a causa de la compra de votos, el fraude o la simple apatía de un abstencionismo mal entendido, en este país veremos el surgimiento de barricadas populares, atestiguaremos la ingobernabilidad ante el crimen organizado en diversas regiones del territorio nacional y la insurgencia de grupos armados.

Multitudinarias manifestaciones de Mexicali Resiste a inicios del 2017 en defensa del agua y en contra de los gasolinazos. Foto Sergio Haro
Y en ese escenario, todos perderemos algo: La paz y la seguridad de nuestros seres queridos… ¿O no?
P.D. Si el Congreso y el Gobernador imponen con su mayoría las APPs y con ello el encarecimiento del agua, aprovechando el escudo policial y la desmovilización por las fiestas navideñas, el costo político será mayor y ante el incremento de las tarifas del agua doméstica y el endeudamiento del estado por más de tres décadas, la gente volverá a salir a las calles y a tomar los edificios y las plazas públicas… ¿no lo creen? Ya lo verán.
Imagen de portada: Más de 150 elementos policiacos amurallaron la sede del Congreso del Estado para evitar que activistas de Mexicali Resiste ingresaran al recinto. Trascendió que los legisladores de proponían aprobar el adeudo de 82 mil millones de pesos en contratos de Asociaciones Públicas Privadas (APPs). Foto: Radar
* Jorge Arturo Ruiz Contreras. Biólogo. Ex subprocurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Ensenada. Asesor político de grupos parlamentarios en el Poder Legislativo de Baja California