A DOS DE TRES CAÍDAS: Criminalización de la protesta social por un sátrapa: León Fierro, preso político
Francisco Vega de la Madrid, al cual le gusta que le digan “kico”, está demostrando que no es un gobernador a la altura del pueblo de Baja California. Es más, está dejando en claro que buscó y llegó al poder para servirse de éste para enriquecerse y enriquecer a sus socios, amigos y familiares con el dinero público; es decir, con el dinero de la gente que debería administrar de forma eficaz, transparente y honesta.
Arturo Ruíz, El Súper Cívico / 4 Vientos
Kico Vega es una persona envilecida por el poder, sumamente sectario y acostumbrado a someter a sus adversarios mediante la transa, el chantaje político o el uso de la fuerza pública y la represión.
Es decir, actúa como un sátrapa que de forma tiránica y déspota, gobierna abusando de su poder: Así es Kico Vega.
¿Por qué lo digo?
1º Porque desvió mil 432 millones de pesos destinados al ISSSTECALI, seguridad pública, programas sociales, obra pública, educación y hasta en la compra de desayunos y despensas del DIF en la entidad, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2016 de la Auditoria Superior de la Federación.
2º Porque desde mayo de 2013, existe una denuncia penal en su contra -por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito- ya que adquirió propiedades en México y Estados Unidos con un valor de 113 millones de pesos.
3º Porque con sus negocios de casas de empeño, e ingresos percibidos en su paso por la función pública como presidente municipal, diputado federal y ahora como gobernador -con un salario mensual de 110 mil pesos-, no es explicable cómo se ha hecho de bienes inmuebles en San Diego, California, Acapulco, Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, y que recientemente este construyendo una mansión en la ciudad de Tijuana valuada en cuatro millones de dólares.
4º Porque intento PRIVATIZAR EL AGUA pasando por encima de la ley, de la Constitución y usando a raja tabla su mayoría panista en el congreso, con el voto sumiso de los legisladores del PRD y de MC.

León Fierro, en el CERESO de Mexicali (Foto La Crónica)
Esta última acción detonó una serie de manifestaciones masivas en los cinco municipios del estado. Cientos de miles exigieron que se derogara dicha ley por lo que tuvo que aceptar la demanda de los ciudadanos que se hicieron de las calles y tomaron los edificios públicos.
Posteriormente se destapó la cloaca de otro negocio turbio: la construcción y operación de una planta cervecera en el Valle de Mexicali ligada a la transnacional Constellations Brands.
En esta obra pronto surgieron una seria irregularidades que presuponen actos de corrupción, negligencia, omisión administrativa y trafico de influencias. Veamos:
Uno. El constructor de una gran parte de las naves de esta empresa se le entregó al senador panista Víctor Hermosillo Celada.
Dos. Los terrenos propiedad del estado, fueron vendidos a precio de ganga a la empresa cervecera.
Tres. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, paraestatal que administra el agua, comprometió -mediante contrato privado- el suministro anual de 15 millones de metros cúbicos de agua del Acuífero del Valle de Mexicali, así como cinco millones de metros cúbicos de agua superficial.
Cuatro. Existieron serias irregularidades en el Manifiesto de Impacto Ambiental de la empresa que construiría un acueducto, instalación que estaría a cargo de amigos del gobernador: “Urbanización y Riego Baja California SA de CV; Urbanizadora Roma SA de CV,; y Urbanizaciones Goar SA de CV”. Este acueducto costaría 500 millones de pesos y se pagaría con dinero público. Tendría una longitud de 47.5 kilómetros pero finalmente se canceló.

El enfrentamiento en Rancho Mena (Foto. The Baja Post).
Cinco. Existieron y se demostraron serias irregularidades en el procedimiento de cambio de uso de suelo y el otorgamiento de la licencia de construcción por parte del gobierno municipal de Mexicali, también de origen panista.
Seis. La CONAGUA negó haber dado autorización o permiso para construir y operar un pozo profundo del que la empresa obtendría agua del subsuelo.
Y A PESAR DE TODO ESTO, NO HUBO SANCIONES PARA NINGÚN FUNCIONARIO.
Todo se tapó, como si hacer las cosas mal desde el gobierno fuera disfrutar de una patente de corso para violar la ley y garantizar impunidad e inmunidad a los malos servidores públicos, así como a los altos funcionarios de gobierno.
En paralelo surgió un movimiento de orígenes un tanto anarquistas y moderadamente beligerante: Mexicali Resiste, liderado por León Fierro, Ignacio Gástelum y otros activistas y personas sin filiaciones político partidistas.
Este movimiento ha sido perseverante y por momentos bastante estridente y cerrado al dialogo, llegando al grado de acudir al insulto, la estridencia y la polarización frente al congreso, municipio y gobierno estatal.
Y aunque quien esto escribe ha mantenido diferencias con los métodos de lucha de este movimiento, y de sus líderes, no se puede dejar de reconocer que su lucha ha permitido evidenciar una serie de irregularidades en el intento de privatizar el agua, en la entrega facciosa, poco transparente y con evidentes indicios de trafico de influencias de diversos contratos de carácter público privado, en donde el gobierno pone el dinero público y los privados se llevan las utilidades.

¿En verdad? (Archivo)
Las manifestaciones contra el congreso y contra la empresa Constellations Brands, fueron subiendo de tono hasta llegar a los enfrentamientos físicos por la falta de dialogo del gobierno.
El resultado último ha sido la criminalización de las protestas sociales, Se llegó al grado de efectuar ordenes de aprehensión y juicios exprés en contra de activistas y líderes del movimiento Mexicali Resiste. A los acusados se les imponen altas multas y se les exige el pago de daños.
Se llegó al absurdo de acusar al líder León Fierro de Intento de Homicidio en contra de Policías Antimotines, siendo que éstos fueron quienes violaron el debido proceso al intentar desalojar a los manifestantes. Los agentes superaban en número y equipamiento a los que protestaban y recibieron la orden del gobernador de acabar con el grupo ciudadano de cualquier forma.
Y así, en Baja California, el gobierno panista del sátrapa Kico Vega muestra su rostro fascista, represor y autoritario. Y también muestra que la impunidad impera ante actos de gobierno al margen de la ley y de las normas estatales, federales y municipales. Lo que se busca es beneficiar a empresas particulares, aun en contra del bien público.
Espero que surja la solidaridad de otras organizaciones no gubernamentales, agrupaciones ciudadanas, personas libres y diputados conscientes de MORENA, PES, PT -y si es que queda alguno en las filas del PAN-, PARA EXIGIR LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE LEÓN FIERRO, A QUIEN DESDE ESTE MOMENTO TENEMOS QUE RECONOCER COMO UN PRESO POLÍTICO EN BAJA CALIFORNIA.
Permitir o quedarse callado ante esta injusticia, es tanto como permitir que el día de mañana actúen en contra de otros líderes y movimientos que se opongan o exhiban actos de corrupción de los gobernantes… ¿O no?
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