3 diputados reformistas ratifican su voto, niegan soborno y afirman: lo hicimos por el bien de la ciudadanía

Comparte en redes sociales

Tres de los 21 legisladores que el 8 de julio aprobaron la reforma constitucional que abre a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, ratificaron su voto a favor de la norma jurídica.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 19 de junio 2019.-Explicaron por separado que votaron a favor de la iniciativa “en libertad, independencia y sin recibir a cambio presiones o dinero”; y aseguraron que optaron por ponerse al lado de la ciudadanía para resolver “la triste y caótica realidad social” que vive el estado, la cual “no se puede cambiar en 2 años.”

Ellos son los priistas Alejandro Arregui Ibarra, que en 2018 fue candidato del PRI al Senador por Baja California y perdió ante Jaime Bonilla; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, quien presuntamente fue expulsado del PRI en abril por “trabajar abiertamente a favor de la candidatura de Bonilla” en el pasado proceso electoral; y Rocío López Gorosave, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los tres legisladores actualmente disfrutan de un periodo vacacional de dos semanas luego de que votaron la noche del lunes 8 de julio, a favor de la reforma y nombrar como Auditor Superior del Congreso al panista Carlos Montejo Ocegueda, ex funcionario del gobernador panista Francisco Vega de la Madrid.

De acuerdo con las directivas nacionales de sus respectivos partidos, en este momento están sujetos a procesos de expulsión, pero la legisladora López Gorosave informó que desde el 10 de julio se declaró “diputada independiente”, lo que anunció a los Comités Ejecutivo Nacional y Estatal del PRD) un día después que éstos revelaron que la expulsaría por su voto en el congreso local.

Los tres afirmaron que “será la historia” la que los pondrá en su lugar y que respetan las múltiples opiniones que se han dado a nivel nacional y estatal por diversos actores de la vida pública, pero consideraron que la mayoría de ellas no refieren la realidad social que vive hoy Baja California en materia de inseguridad, retraso en infraestructura y quiebra financiera.

Una legislatura que junta hizo historia, antes de que Morena pusiera de moda en Baja California el hoy inocuo eslogan (Foto especial: Periodismo Negro).

En ese sentido, Alejandro Arregui, coordinador del grupo parlamentario del PRI que sumó 5 diputados en la XXII Legislatura que termina el miércoles 31 de julio, se refirió en entrevista con los periodistas Fernando Escobedo y Marco Flores del programa radiofónico “RR Noticias Ensenada”, al exhorto que la Comisión Parlamentaria del Congreso de la Unión hizo al legislativo estatal hace 2 días para desechar la reforma.

El exhorto es una posibilidad jurídica que tiene la Comisión Permanente y la ejerció, pero es un tema que no tiene ningún efecto vinculante que obligue, que tiene muchísimas imprecisiones, que se envía como una solicitud y que se toma sin el pleno de las cámaras de diputados y senadores. Pero en el caso remoto de que se llegara a aprobar en el congreso local, los efectos jurídicos serían caóticos y entonces sí estaríamos incurriendo en una flagrante violación a la Constitución.”

López Gorosave dijo a su vez:

“En el caso de los diputados de Baja California, llegamos hasta donde nos lo permiten nuestras facultades y atribuciones, haciendo notar que además de la aprobación del Congreso local, la Reforma Constitucional fue aprobada también por tres de los cinco ayuntamientos de la Entidad, lo que convalida no sólo su proceso legislativo, sino también su consenso político-ciudadano en el Estado.”

Por su parte Corona Bolaños destacó en un comunicado: “Mi voto a favor de que se amplíe el periodo de la próxima gubernatura, fue para evitar una crisis como las que vivieron Veracruz y Puebla. Cuando ambos estados tuvieron periodos de 2 años, el poco tiempo llevó a una crisis de gobernabilidad que, como consecuencia, aumentó notoriamente el índice de criminalidad.”

Respecto a los señalamientos del Presidente de la Cámara de Diputados –el priista Edgar Benjamín Gómez Macías– de que dos funcionarios federales (el Subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta Salcedo y el Administrador de la Aduana de Mexicali Alejandro Viramontes Armenta) le ofrecieron un millón de dólares a cambio de impulsar la reforma el 30 de mayo, y de que habría una compensación similar para los legisladores que apoyaran la moción, versión que compartió ese día el candidato a gobernador del PRI Enrique Acosta Fregoso, los tres rechazaron haber participado en ese acto criminal.

La bancada priista dice que votó la reforma poniéndose al lado de la ciudadanía; ¿cuándo la consultaron? (Foto: Congreso de BC)

López Gorosave dijo:

Mi voto en este tema, como en todos los demás en los que he participado durante estos casi 3 años como legisladora, lo ejercí con total libertad e independencia. A mí nadie me ofreció dinero ni prebenda alguna, ni tampoco sufrí de ninguna amenaza o presión; y por supuesto no hubiera aceptado ni unas ni otras”.

Bolaños Cacho resumió: “No me arrepiento de haber tomado mi decisión porque lo hice de manera responsable y en total libertad.”

Y Arregui afirmó:

“El sustento de mi voto es la realidad que vive Baja California. Yo no recibí ni amenazas ni ofertas. A mí no me pusieron absolutamente ninguna condición sobre la mesa. Benjamín tendrá que ser responsable de sus dichos, de sus actos, y tendrá que explicar por qué da esa declaración en un contexto del proceso electoral, que la hace acompañado del candidato del partido y del delegado del comité ejecutivo nacional; en las instalaciones del partido, no en el congreso.”

López Gorosave terminó criticando la decisión de la mesa directiva que preside Benjamín Gómez, de cancelar las dos últimas sesiones del legislativo antes de concluir el mandato, lo que dejaría inconcluso el trámite legislativo de la reforma para heredarlo a la nueva legislatura, de mayoría morenista (13 curules) y sus aliados (4 más).

“Independientemente de los temas políticos actuales y de la toma de las oficinas del congreso en Mexicali por un grupo de personas, tenemos la obligación de cumplir con la reglamentación que norma las sesiones del Poder Legislativo y los acuerdos tomados con anterioridad. Hay temas trascendentes pendientes como la toma de protesta de los comisionados del Comité Estatal de Transparencia y el nombramiento del Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.”


Comparte en redes sociales