14 delitos penales contra “Kiko” Vega y 5 de sus colaboradores; creó una mini “estafa maestra”, dicen los que acusan
Son 14 presuntos delitos penales los que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez denunció este mediodía ante la Fiscalía General del Estado. Los acusados son el ex mandatario panista Francisco Vega de Lamadrid y 5 de sus principales colaboradores.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Ilustración principal: WordPress.
Ensenada, B.C., 19 de noviembre 2019.- Un evidentemente feliz Amador Rodríguez Lozano –Secretario General del Gobierno- por la cobertura mediática que derivó el anuncio matutino de que hoy se acusaría a las “vacas sagradas” de la pasada administración pública estatal, presentó la denuncia penal en Mexicali.
Los acusados son Francisco Vega, Loreto Quintero Quintero, (ex Oficial Mayor del estado y actual diputada local), Enrique Remigio Salcido (ex Director de Administración y Normatividad), Rutilio Pérez Flores (ex director de Adquisiciones), y los ex secretarios de Planeación y Finanzas Antonio Valladolid Rodríguez y Bladimiro Hernández Díaz.
Los 14 delitos que se presume cometieron son: abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta, coalición de servidores públicos, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, negociaciones ilícitas, fraude procesal y los demás que resulten de la investigación ministerial.
Al término de la presentación de la denuncia, que se suma a la que Bonilla presentó hace un mes –afirmó Rodríguez Lozano- ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vega por presuntos delitos fiscales y financieros, el funcionario acusó al exgobernador de encabezar una operación similar a la llamada “estafa maestra” que provocó un daño patrimonial a Baja California de mil 200 millones de pesos.
Para ello, aseguró el Secretario de Gobierno, los acusados y sus colaboradores crearon, entre 2017 a este año, 40 empresas “fantasmas” en la Ciudad de México que malversaron los recursos públicos.
Amador y la prensa, luego de presentar la denuncia en Mexicali (Foto: tomada del portal del diario El Imparcial)
En ellas figuran compañías que daban asesoría legal al gobierno estatal sin contar con registro federal de causante y homoclave, tampoco existen en el padrón de causantes e incluso algunas vendían facturas por servicios que fluctuaban en ocho millones de pesos.
Estos hechos forman parte de la información que se entregó hace 30 días a la FGR y tienen como fuente de investigación a la Auditoría Superior del Estado, en donde hace un par de días se pidió la renuncia de su titular, Carlos Montejo Oseguera, porque presuntamente compartió telefónicamente datos de la indagatoria a Francisco Vega y Antonio Valladolid.
Jaime Bonilla, quien denunció la presunta infidelidad de Montejo, electo auditor hace apenas 4 meses por la pasada legislatura- en la misma sesión plenaria del congreso donde se aprobó la hoy famosa “Ley Bonilla”-, manifestó que “fueron descubiertas llamadas” telefónicas al ex fiscal.
No aclaró cómo fue que su administración obtuvo las conversaciones del exfuncionario, y si también procederá legalmente en su contra por los delitos que presumiblemente cometió.
“Después de un resultado preliminar de la Auditoría del Estado se determinó que hubo un gran abuso, demasiados abusos de las autoridades gubernamentales salientes, como algunas facturas completamente falsas, razón por la cual ya se levantó una denuncia y se levantará otra este día”, informó el gobernante por la mañana, aunque desde la noche de ayer hubo medios de Tijuana que publicaron lo que sucedería este mediodía en Mexicali.