AL FILO DE LA NAVAJA: Urge instalar la Comisión de Víctimas de Baja California
Derivado del mandato plasmado en el Artículo 1º Constitucional, en el año 2013 se aprobó en el Congreso federal la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS y, con ello, el SISTEMA NACIONAL DE VÍCTIMAS, instancia rectora del Estado mexicano encargada de definir y aplicar políticas públicas de apoyo a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.
Raúl Ramírez Baena / 4 Vientos / Imagen principal: Animal Político
Esta Ley General, que sufre dos reformas (la última, el 3 de enero de 2017), establece plazos y procedimientos para que cada entidad federativa integre, a su vez, un SISTEMA ESTATAL DE VÍCTIMAS aplicable al fuero estatal y municipal, que comprende:
1.- Una Ley Estatal de Víctimas; 2.- una Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas; 3.- una Junta de Gobierno encabezada por el titular del Ejecutivo en cada entidad; 4.- un Consejo Ciudadano; 5.- un Registro Estatal de Víctimas; 6.- un Comité Interdisciplinario Evaluador (para efectos de la compensación subsidiaria a las víctimas) y, 7.- un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en favor de las Víctimas.
Todo ello encaminado a proporcionar a las víctimas apoyos urgentes de carácter económico (gastos funerarios, en salud, traslados y otros), en servicios y en gestión; protección a su integridad, asistencia legal, médica y psicosocial, y la REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO, compensación subsidiaria incluida.
La Reparación Integral del daño en favor de las víctimas directas e indirectas, es un derecho que comprende: medidas de Restitución, Rehabilitación, Compensación, Satisfacción y No Repetición del hecho victimizante. Todo ello, obligaciones del Estado como garante de los derechos humanos.
Víctimas y organizaciones civiles toman la iniciativa
Ante la omisión del Gobierno y del Congreso de Baja California para instalar el Sistema Estatal de Víctimas, en febrero del año 2016, colectivos de víctimas, académicos y ONG, con el respaldo de la CEDH, con base en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de BC, presentaron ante el Congreso local una INICIATIVA CIUDADANA, cumpliendo con los requisitos establecidos en dicha ley.
Después de un intenso cabildeo por parte de víctimas, integrantes de ONG y de la CEDH, no fue sino hasta el mes de septiembre de 2018 cuando finalmente el Congreso aprobó la LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, entrando en vigor el 30 de octubre del mismo año, disponiendo que, en un plazo de 90 días tras su entrada en vigor, el Ejecutivo Estatal debería remitir al Congreso del Estado la TERNA propuesta para el nombramiento de la o el Comisionado Ejecutivo Estatal de Víctimas.
El 16 de agosto de 2019, tras dos Convocatorias declaradas desiertas, el gobierno de Francisco Kiko Vega publicó en el Periódico Oficial del Estado la tercera y definitiva Convocatoria dirigida a colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, para presentar postulaciones a fin de integrar una terna, plazo que concluyó el 13 de septiembre de 2019 con la postulación de tres candidatos para ocupar la titularidad de dicha Comisión Ejecutiva.
De manera inexplicable –posiblemente con responsabilidad de por medio por incumplir un mandato legal-, a pesar de que prácticamente tuvieron mes y medio para hacerlo (nada se los impedía), ni el Gobernador Francisco Vega ni el entonces Secretario General de Gobierno Francisco Rueda tuvieron la voluntad política para enviar la terna al Congreso, afectando con ello los derechos de las víctimas.
De entonces a la fecha, aún con la nueva administración, el dictamen con la terna correspondiente tampoco ha sido remitido por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado, con lo que se retrasa la integración del Sistema Estatal de Víctimas.
Preocupante es que el actual gobierno estatal no presentó en el Presupuesto de Egresos 2020 la propuesta para integrar el FONDO ESTATAL DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. Tampoco el Congreso tomó la iniciativa para ello a pesar de ser un mandato de ley.
Recientemente, colectivos de familiares de personas desaparecidas se reunieron con el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, con la nueva titular de la “Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados”, Alma Lares, y con diputados del Congreso local, incluido su presidente Víctor Morán; todos ellos prometieron acelerar el proceso para nombrar a la o el Comisionado Estatal de Víctimas.
A pesar de que los colectivos de víctimas ya no están dispuestos a seguir esperando la buena fe de las autoridades, los funcionarios estatales aseguraron que el gobernador Jaime Bonilla los recibirá pronto. Veremos.
Por lo pronto, Baja California junto con Guanajuato, son los dos únicos estados de la República que no han instalado su Sistema Estatal de Víctimas.
