Fortseg dejará de beneficiar en Ensenada a un grupo criminal que medró impunemente con sus recursos

¿La eliminación para el año 2021 del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) es realmente una pésima noticia para los gobiernos municipales y los habitantes de esas demarcaciones políticas?

 

Cortesía.

 

Javier Cruz Aguirre* / 4 Vientos / Foto principal: La policía y la ciudadanía, los afectados por la banda criminal (Captura de pantalla)

Ensenada, B.C., México, jueves 26 de noviembre del 2010.- Para el municipio de Ensenada, que este año se hunde una vez más en una imparable espiral de violencia que al mes de octubre dejó un incremento del 42% en homicidios dolosos con relación a la estadística histórica del mismo periodo del 2019 que mensualmente reporta la Fiscalía General del Estado, lo que determina una impresionante tasa de 59 muertes intencionales por cada 100 mil habitantes, la desaparición del subsidio significa que el erario dejará de beneficiar a una pandilla criminal que por años ha saqueado impunemente los recursos operativos y administrativos adquiridos con el fondo público para la Dirección municipal de Seguridad Pública.

El último ejemplo de esto y que da sustento a la hopótesis periodística quedó al descubierto en la relación del Acta Administrativa de Entrega y Recepción individual que el pasado 2 de junio selló el cambio de director en Seguridad Pública en Ensenada: el licenciado Adrián Ortiz por el también licenciado Luis Felipe Chan Baltazar.

El documento, del cual una copia obra en poder de este medio, comunica a la Síndico Procurador del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, la petista Elizabeth Muñoz Huerta, que existen al menos 15 mil objetos públicos “físicamente no localizables”.

Entre ellos armamento de corto y largo alcance, radios portátiles, vehículos oficiales y patrullas, municiones, cargadores, chalecos antibalísticos y equipo de protección para el grupo antimotines, entre otro centenar de materiales.

Se trata de bienes que el gobierno local adquirió, muchas veces con decenas de actos irregulares en su compra que se ubicó en el límite de la delincuencia, a través del Fortaseg, programa federal que nació en 2016 para sustituir al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

En una exploración digital de los resultados de la revisión de las cuentas públicas del municipio en los ejercicios fiscales del 2009 al 2016 (la última hecha pública por la Auditoría Superior del Estado de Baja California –ASEBC–), se profundiza en al menos 380 observaciones que tres contralores estatales hicieron al deplorable manejo del subsidio.

Destaca por mucho la maliciosa administración que de esa contribución federal hizo el gobierno del profesor Gilberto Hirata Chico.

 

Hirata tuvo el descaro de pedir más al subsidio federal que sabía estaba siendo saqueado en su gestión municipal (Cortesía).

Hirata, el gran impune

Por ejemplo, en la cuenta pública del 2016 (el último año de Hirata), la ASEBC reportó que el ayuntamiento recibió 60,9 millones de pesos del Fortaseg, pero sólo ejerció 51.7 millones.

La diferencia -9.2 millones, es decir el 15.2% del total del recurso- no se reintegró a la federación, además de que la administración municipal mintió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando informó que solamente dejó de usar 496 mil pesos.

Ahora bien, del presupuesto que sí ejerció, el ayuntamiento sólo pagó 22.2 millones de pesos y dejó un pasivo de 29.5 millones que a octubre del 2017 no se cubría, y a esa fecha no había dinero en los bancos para pagarlo.

El auditor asimismo reportó una irregularidad que ya se había detectado en pasados gobierno de Ensenada y que ahora, en el Acta Administrativa de Entrega y Recepción del 2 de junio del 2020, se repite.

 

“En la cuenta de Pasivos Provisiones Fortasag 2016 –revela el fiscalizador- se registró la compra de 144 cargadores de arma corta 0.40 milímetros, 65 de arma larga 0.223 mm, y 95 de arma larga de igual calibre por un monto de 249 mil 111 pesos, pero se desconoce si se hizo la operación con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) ya que no hay evidencia de que el equipo se entregó.”

También anuncia la presencia de otro acto de corrupción presente a lo largo de la aplicación de los subsidios federales para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en Ensenada.

Se trata de un contrato que el gobierno local firmó con la empresa Cassidian México S.A. de C.V., por 2.4 millones de pesos, para comprar  50 terminales digitales portátiles, 200 baterías para esos radios y 25 terminales adicionales para la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

El convenio se hizo por asignación directa porque la empresa dijo ser la única en México en ser proveedor de la compañía Airbus Defense & Space, quien a su vez dijo tener la patente exclusiva de la tecnología «Tetrapol” encargada del manejo de las frecuencias radiales exclusivas de la policía; sin embargo, los documentos que Cassidian presentó en Ensenada para sustentar sus dichos ya no eran vigentes de acuerdo con la Ley mexicana de la Propiedad Industrial.

 

¿El gigante armamentista sabrá del fraude que se hizo a su nombre en Ensenada? (Captura de pantalla).

Una operación similar, con las mismas empresas, la reportó la ASEBC en la revisión de la cuenta pública de Ensenada en 2014, pero ni la Sindicatura, ni la Dirección Municipal de Seguridad Pública, ni la Oficialía Mayor ni cualquier otra instancia de control presupuestal hizo algo para evitar tropezar con la misma piedra dos años después.

Finalmente, cabe destacar que el gobierno de Gilberto Hirata utilizó un gran porcentaje de los recursos etiquetados del Fortaseg para fines ajenos a los objetivos del subsidio. De nuevo el ejemplo surge de la revisión de la cuenta pública del 2016.

 

El 22 de enero del 2016 -indica la Auditoría estatal-, el ayuntamiento abrió una cuenta en BBVA Bancomer en donde la federación depositó 60.9 millones de pesos, pero el gobierno transfirió a otras cuentas 47.9 millones que se usaron para pagar gasto corriente y nómina de empleados”.

 

No sólo esos. Esa cuenta bancaria, que era exclusiva para el manejo del subsidio, recibió recursos financieros ajenos en reembolso por 9.2 millones de pesos, pero al cerrar el año 2017 la cuenta sólo tenía como saldo 79 mil 571 pesos, por lo que se dejó de reintegrar a la federación 38.6 millones de pesos”.

Los pillos, hasta de la 4T

Estos actos a todas luces ilegales no sentaron precedente en el manejo de los recursos públicos adquiridos por el municipio a través del programa que el gobierno federal hoy desparece a partir del próximo año, según anunciaron senadores y diputados de distintos partidos políticos.

En el Acta de Entrega Recepción entre Felipe Chan y Adrián Ortiz, éste último reportó a la Síndico Muñoz Huerta –de manera detallada- que no se localizaron seis armas largas (cinco escopetas Winchester y un fusil Bushmaster) y cuatro cortas (pistolas 9 milímetros).

También recibió mil 348 armas -511 largas y 847 cortas-, a cada una de las cuales les faltaba uno de sus dos cargadores, así como la dotación individual de cartuchos. Tan sólo en las pistolas se reportó un faltante de 12 mil 705 balas.

Del total de armas oficiales 24 estaban de plano extraviadas y fueron reportadas al ministerio público para su localización y/o seguimiento pericial.

 

¿Y dónde están los radios? (Internet).

Igualmente no se localizó físicamente 300 radios portátiles TPH 700 y 900, y tampoco existían números de inventario o serie para su identificación, o documentos oficiales que justificaran su ausencia.

Se reportó el extravío de 70 cascos balísticos nivel III-A del equipo anti motín, así como un escudo, 116 chalecos balísticos completos y 30 vehículos de uso administrativo y operativo; es decir patrullas estándar y camionetas pickup.

Igual están pérdidas 32 computadoras de escritorio, 45 laptops y 20 Ipads; así como 81 cámaras fotográficas.

Y entre 58 objetos de diverso uso sustraídos ilegalmente de la dependencia se encuentran equipos completos de aire acondicionado, una guitarra electrica, frigobar, pintarrones, sillas ejecutivas, antenas, baterías de diverso tipo, generadores y plantas de energía, impresoras, proyectores, lector de huellas, teléfonos, televisores, binoculares, equipo de reconocimiento de placas, radares, una radio base, copiadoras, carpas, amplificador de música, sillones y hasta un cambiador de bebé.

El monto de lo robado a la dependencia no está calculado en el reporte a Sindicatura, pero por lo bajo supera los 10 millones de pesos.

El panorama contrasta con las condiciones de falta de equipo que padecen por años los 838 policías operativos de la corporación que en octubre del 2019 denunciaron que al menos el 10% de ellos no portaban armas porque no había suficientes en la dependencia.

Para Jesús Eduardo Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías Profesionistas de Ensenada, policía, capitán en retiro, licenciado y director de Seguridad Pública Municipal con Enrique Pelayo Torres, el problema de los agentes no es que no tengan buenas prestaciones laborales, sino la falta de equipo y la mala calidad de éste.

 

Los policías de Ensenada con el edil de las simulaciones (Foto: Horizonte Informativo).

Se trata de algo que el policía ya había denunciado en 2013 cuando criticó la pésima calidad del uniforme y botas que dotó la administración local a los 875 policías que trabajaban en Seguridad Pública.

Hoy, el saqueo a la institución pone en peligro la vida de los oficiales que enfrentan a los grupos delincuenciales que trabajan para los dos grandes cárteles que operan en Ensenada y el resto de Baja California: el de Sinaloa (Pacífico) y el Jalisco Nueva Generación.

Efraín Ávila Cruz, presidente de la Asociación por la Dignificación Policial y su Comunidad, lo puso así en una entrevista con un medio local:

 

“El gobierno (del morenista Armando Ayala Robles) está rehabilitando casetas sin personal y solo lo está haciendo para aparentar que está trabajando; (pero) ¿de dónde van a sacar el personal y el equipo? Solo lo está haciendo para hacer creer a la gente que cumplen (…) porque ni siquiera tienen para la gasolina y nosotros tenemos que ponerla de nuestros recursos”.

Cuatro de esos policías, entre ellos dos mandos importantes, fueron asesinados en un recuento que llega a agosto de este año.

Se trata de una cifra que se suma a las 326 personas muertas de manera intencional en 10 meses y que incrementa en más de un 42% la cantidad que se dio en el mismo periodo del 2019: 229 fallecidos dolosamente, lo que hizo crecer la tasa de homicidios de 27 a 59 por cada 100 mil habitantes al terminar octubre.

Esta estadística, y no la del abuso impune hecho con los fondos del Fortaseg, es la que abre la incógnita de qué sucederá ante el cierre de recursos del subsidio.

 

*Este reportaje formó parte de una investigación periodística que originalmente se publicó en la revista y portal QUOVADIS del mes de noviembre del 2020. Ese trabajo lo puedes consultar en el siguiente enlace:

https://revistaquovadis.com/el-robo-a-la-policia-municipal/