Llaman a Bonilla y alcaldes de BC a dejar de ser omisos en la prestación de seguridad social a los policías

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) dirigió una Alerta Temprana a los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que cumplan con disposiciones legales vigentes desde el 2015 para brindar todo tipo de prestaciones sociales a los policías estatales y municipales de Baja California.

 

Foto: Columna 8

 

4 Vientos / CEDHBC / Foto principal: internet

Ensenada, B.C., México, a jueves 5 de noviembre del 2020.- Asimismo, pidió a los cinco ayuntamientos y a la fiscalía que inicien de inmediato las acciones y gestiones necesarias para incorporar oportunamente al proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, todas las partidas y recursos que resulten necesarios para concretar el total cumplimiento de las prestaciones que, por concepto de seguridad social, se establecen en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública.

La norma, que se aprobó en el congreso local en abril del 2015 y entró en vigor un mes después, ordena que el titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencias, reglamenten las condiciones del servicio de los policías consistentes en:

 

Seguridad Social: Comprende todas aquellas prerrogativas de salud y los demás sistemas complementarios de seguridad social que expresamente otorguen cada una de las Instituciones Policiales a los Miembros, de acuerdo a la normatividad aplicable.”

 

Asimismo, la Alerta Temprana busca corregir actos de omisión y negligencia de los munícipes y el ejecutivo estatal en el cumplimiento del artículo Segundo Transitorio del Decreto Número 125 que se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

Esa pauta establece: “Dentro de los ciento ochentas días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto -10 de noviembre de 2017-, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos emitirán las disposiciones reglamentarias y demás medidas que sean necesarias para desarrollar y hacer efectivo el derecho a la Seguridad Social previsto en el presente Decreto” que se aprobó en el congreso local el 27 de septiembre del 2017.

 

Foto: Uniradio Informa.

Al respecto, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), dijo que se requiere revisitar lo que plantea el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, dispuesto por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, con relación a las prestaciones laborales a las que tienen derecho las policías.

Antes, el 8 de julio de 2020, el CCSP presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la presunta violación de derechos humanos en perjuicio de quienes conforman las distintas corporaciones policiales municipales de seguridad pública en Baja California, por la falta de seguridad social y otras prestaciones y condiciones laborales de los agentes.

 

En respuesta, la Comisión abrió el expediente CEDHBC/TIJ/632/20/4VG, el cual se encuentra en integración con la solicitud de una serie de documentación a las distintas autoridades involucradas.

Por ello, el ombudsman Miguel Ángel Mora Marrufo dijo que quienes integran las instituciones policiales en Baja California viven en “un alto estado de vulnerabilidad” debido a la naturaleza de sus funciones.

“En este contexto –afirmó-, el fortalecimiento institucional es uno de los mayores retos en materia de seguridad ciudadana, pues este es uno de los elementos base dentro de las acciones coordinadas que inciden en mejorar las condiciones de seguridad para la población.”

 

En Tijuana, policías municipales honran a uno de sus compañeros muerto en cumplimiento de su servicio (Milenio).

Al respecto, Alejandro Monreal, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California (CEAPBC), informó:

“Han muerto, en tres años, 80 policías por diferentes causas. De ello 20 fallecieron en cumplimiento de su deber desde noviembre del 2017; por lo que se debía haber empezado a trabajar (en los gobiernos estatal y municipales) en la reglamentación para la seguridad social de las y los policías”.

En un comunicado, la CEDHBC puntualizó que la Alerta Temprana no implica que el expediente concluyó en su integración, sino que se observan posibles violaciones a derechos humanos que, por obvias razones, resultan de interés general. 

Recordó que el pasado 15 de julio el congreso emitió el Acuerdo 1072/4 que ordena a la FGE y a los Ayuntamientos que informen el estado que guarda el cumplimiento a lo establecido en el artículo 131 fracción V de la Ley de Seguridad Pública del Estado, y el artículo Segundo Transitorio del Decreto número 125.

 

La Alerta Temprana busca visibilizar la falta de la implementación de la seguridad social en los términos dispuestos por ley, a favor de las y los miembros de las corporaciones policiales en el estado, así como la inminente necesidad de la asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento”, precisó el organismo.

 

Miguel Mora concluyó que el recurso también busca prevenir violaciones al derecho a la seguridad social a favor de quienes integran las corporaciones policiacas, estatales y municipales en Baja California, meta que el nuevo Director de Seguridad Pública de Ensenada -Mayor de Infantería David Armando Sánchez González– ignoró al presentar hoy al sector patronal su plan de seguridad que incluye sólo responsabilidades laborales para los agentes (proximidad social, trabajo de inteligencia, coordinación interinstitucional y capacitación para reducir los índices delictivos de alto impacto), pero ninguna acción a favor de gozar su Derecho a la Seguridad Social.