Una mirada en los archivos de la represión en Baja California

En la última semana del recién concluido mes de septiembre presenciamos en Tijuana, no sin estupor, dos episodios más de la extensa secuela de autoritarismos y abusos de poder que signan la historia de las clases gobernantes en Baja California.

 

Foto: Cadena Noticias

 

Rogelio E. Ruiz Ríos* / 4 Vientos / Imagen principal: Paralelo 36 Andalucía

Sin distinción de siglas y colores partidistas, la compulsión de las autoridades municipales y estatales por reprimir las protestas sociales es de tipo estructural al tener un largo arraigo como estrategia disuasoria e intimidante en las culturas políticas y jurídicas constitutivas del sistema político que nos rige.

 

Esas formas específicas de pensar, diseñar y practicar la política, la administración pública, el control social y la aplicación e interpretación de los marcos jurídicos son los rieles sobre los que se desplaza la vetusta locomotora institucional en la que viaja a bordo una ciudadanía cautiva de su propio vértigo y temores.

En 1952 Baja California se constituyó en estado libre y soberano y desde 1954 hasta la actualidad la ciudadanía ha elegido a sus representantes políticos a través del sufragio en las urnas.

De 1954 a 1989 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo la hegemonía. De 1989 al 2018 fue el Partido Acción Nacional, y a partir del 2018 los cargos políticos quedaron en manos de Morena.

En los 68 años de vida política soberana en el concierto de la federación, los anales de la represión política en Baja California son bastante gruesos. En este texto voy a enfocarme en narrar contados casos de represión política dirigidas contra manifestantes políticos y sociales, aunque la represión gubernamental se ha ejercido contra sectores más amplios de la población.

Cierto que buena parte de la represión se ha dirigido a quienes son concebidos como antagonistas políticos e ideológicos, pero en distintos momentos también han afectado a los propios militantes de los partidos políticos en el poder, validando así la advertencia popular de que “cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde”.

Este breve y caprichoso ejercicio retrospectivo se nutre de algunos casos que conforman los todavía rara vez explorados archivos de la represión en Baja California, para dejar claro que las prácticas autoritarias han sido constantes en la historia de la entidad sin importar el partido político gobernante.

 

Iniciemos este repaso con los dos casos más recientes de represión bajo un gobierno de Morena acaecidos apenas unos días atrás.

La tarde del sábado 26 de septiembre un pequeño contingente de máximo 80 personas, las más de ellas jóvenes, transitaba por una de las avenidas principales de Tijuana como ha sido usual desde hace seis años, para conmemorar y exigir justicia por los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, víctimas de asesinato y desaparición forzada a manos de una coalición letal de miembros del crimen organizado, policías de distintas adscripciones y militares según se desprende de los informes rendidos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre otras instancias.

La marcha en Tijuana hubiera concluido de manera ordinaria de no haber sido frenada por un número desproporcionado de agentes de la policía municipal, quienes tendieron un cerco en derredor de los manifestantes a la vez que desplegaron entre ellos agentes de policía vestidos de civil sin cuidarse en ocultar su origen con una actitud hostil.

En cierto momento los agentes de policía se dirigieron sobre siete jóvenes manifestantes, al parecer identificados previamente, los detuvieron y los trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de donde fueron liberados poco más de 24 horas después.

De los testimonios de los manifestantes y del material audiovisual con el que se documentaron las detenciones, puede deducirse que este acto de restricción a la libertad de reunión, de libre tránsito y de la manifestación de las ideas se ajustó a los protocolos usados en diversas partes del mundo por las fuerzas policiacas para reprimir las protestas sociales al menos desde el decenio de 1990.

Dos días después de estos sucesos, la tarde del lunes 28 de septiembre, una marcha integrada por cientos de feministas, en su mayoría jóvenes y en el contexto de las manifestaciones globales a favor del derecho al aborto, se manifestó por una importante avenida en la zona este de Tijuana. El cerco policiaco sobre las manifestantes fue numeroso, y según se aprecia en las transmisiones en vivo hechas a través de las redes sociales por las protagonistas, además de sus testimonios posteriores, agentes vestidos de civil, despreocupados de ser identificados como tales, siguieron de cerca la marcha durante la cual hubo constantes roces con las mujeres policías que custodiaban muy de cerca a las participantes.

Al finalizar la marcha, cuando ya se habían dispersado la mayor parte de las manifestantes, las agentes de policía detuvieron con uso de la fuerza a seis de ellas. Cinco detenidas fueron llevadas a la estancia municipal de infractores de donde fueron liberadas transcurridas unas horas debido a la presión de las activistas feministas, y una más pasó 48 horas detenida en las celdas de la Fiscalía General del Estado.

 

La detención de abortistas en Tijuana el lunes 28 de septiembre (Facebook)

En los 32 años ininterrumpidos de dominio político del PAN en Baja California, destacaré por su singularidad y conocimiento de causa un acto represivo efectuado en la convulsiva década de 1990.

Hay que tener en cuenta que ese decenio estuvo marcado por notables acontecimientos como el levantamiento zapatista; los asesinatos de importantes figuras políticas del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI); la consolidación del crimen organizado como un poder fáctico y de alto impacto; el incremento inaudito de la inseguridad en delitos como el secuestro; la severa crisis económica derivada del “error de diciembre”; y el surgimiento de otras agrupaciones insurgentes entre las que acaparó la atención el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En esa época había en Tijuana pequeñas células de activistas compuestas casi en su mayoría por jóvenes, algunos de ellos estudiantes que se asumían marxistas leninistas y actuaban convencidos de que representaban a la vanguardia proletaria cuya misión histórica era despertar a las masas del letargo en que las mantenían las súper estructuras de las que se vale el capitalismo.

Las actividades de estos grupos se reducían a tapizar con fotocopias en blanco y negro algunos muros y letreros en la localidad, a la par que efectuaban ocasionales mítines en el centro de la ciudad, sobre todo en fechas emblemáticas de la historia mexicana como el día de la independencia, el dos de octubre o el 20 de noviembre.

En 1996 los márgenes de tolerancia de las diversas instancias de gobierno, de por sí estrechos, se habían reducido aún más debido a la súbita aparición del EPR y el resto de los problemas sociales ya mencionados. En esa época en Tijuana, bajo un ayuntamiento panista, operaba el Grupo Táctico Especial de la Policía Municipal que arrastraba un historial de denuncias por abusos y violencia contra la población.

En estas circunstancias la intolerancia a las protestas sociales era escasa y a menudo nula. Ese año, a propósito de las conmemoraciones patrias, se desarrolló un mitin en el centro de la ciudad convocado por algunos grupos entre los que se contaba a los marxistas leninistas. La asistencia al mismo fue de dos o tres decenas de personas, entre ellos algunos estudiantes de la Escuela de Humanidades de la UABC y uno que otro profesor de otras escuelas.

En cierto momento los asistentes al evento fueron hostigados por agentes de policía que mostraron actitudes bastante agresivas. Se suscitó un forcejeo y en el jaloneo fue derribada una motocicleta de la policía. Eso aumentó la ira del cuerpo policiaco y se llevaron detenidas a doce personas, 11 varones y una mujer. Entre los detenidos estaba la lideresa de un grupo de colonos, algunas personas dedicadas a diversos oficios, un profesor y tres estudiantes universitarios que fueron remitidos a la Procuraduría de Justicia del Estado, antecedente de la actual Fiscalía.

 

El surgimiento del EPR en el país también sirvió de excusa en el gobierno bajacaliforniano para reprimir y encarcelar a sus opositores, sin mayores argumentos que la falsa acusación de pertenecer al grupo guerrillero de izquierda (Foto: El Sol de México).

Era la etapa previa a la difusión masiva del internet, por lo que los medios informativos más socorridos eran los impresos, radio y televisión. A través de esos canales las autoridades dieron a conocer la detención de varios “eperristas” en Tijuana, por lo que la noticia trascendió a ciertos medios de la capital del país.

Lo burdo de los cargos que se intentaba fincar a las personas detenidas no impidió que permanecieran privadas de su libertad por más de 72 horas en la procuraduría estatal. En buena medida por la presión de los familiares y de una que otra organización política y social, liberaron a ocho, en tanto cuatro permanecieron encarcelados bajo acusaciones de “daños materiales” a la referida motocicleta de la policía, y por “repartir propaganda e intentar reclutar personas para el EPR”.

Lo insostenible de los señalamientos obligó a la liberación de los cuatro ciudadanos restantes mediante el pago de fianzas.

En el periodo de gobierno panista se suscitó un episodio de consecuencias funestas. El tres de octubre de 1999 acaeció la muerte bajo sospecha de Cosme Damián Sastree Sánchez en las celdas de la Estancia Municipal de Infractores. El ayuntamiento era presidido entonces por Francisco “Kiko” Vega, a la postre, gobernador del estado.

Cosme Damián era un joven obrero activista del Frente Zapatista de Liberación Nacional que había sido detenido por agentes de la policía municipal en Tijuana junto con tres de sus amigos, la tarde anterior a su muerte, mientras bebía cerveza en el estacionamiento del edificio que habitaba. Sus familiares no se enteraron de su muerte hasta dos días después de ocurrida mediante una nota publicada en el diario Frontera en el que se señalaba que había sido trasladado a la morgue por haberse suicidado en la celda donde estaba recluido.

Sus familiares no fueron notificados por autoridad alguna del deceso, luego de enterarse por medio de la nota de prensa acudieron al servicio forense en donde el cuerpo había sido registrado como no identificado. La versión manejada por las autoridades fue que falleció por ahorcarse con su propia camiseta en la cárcel municipal. Se trató de la sexta muerte de un detenido en ese lugar en circunstancias igual de sospechosas a lo largo de ese año.

El caso atrajo la atención de diversos medios y organizaciones políticas y sociales a escala nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo mencionó en diversas ocasiones en sus comunicados. A la fecha, su muerte permanece sin ser investigada debidamente.

 

Cosme Damián vive aún en la memoria del zapatismo nacional (Captura de pantalla)

Por razones de longevidad y de su pretensión monolítica, la lista de represiones y atentados a la libertad de expresión, de reunión y de tránsito por parte de los gobernantes del PRI es larga y amplia. Para este recuento tomaré un caso distante en el tiempo del que poco o casi nada se habla ahora, que involucró al profesor Rubén Vizcaíno Valencia.

La figura y memoria de Vizcaíno se ha tornado en los últimos años en objeto de culto y devoción cívica en Tijuana por parte de ciertos grupos de personas relacionadas con instituciones culturales. En honor a Vizcaíno se vienen realizando ya, por varios años, unas jornadas culturales con tal énfasis que en torno a su figura se ha generado lo que llamo el efecto Forrest Gump. Esto consiste en ver los grandes acontecimientos históricos de una localidad, región, país y el mundo centrada por medio de un personaje dotándolo de una ubicuidad a la manera de ese personaje cinematográfico, como testigo privilegiado en prácticamente cualquier acontecimiento o evento histórico contemporáneo a él.

De este modo, con el auspicio de las jornadas a nombre de Vizcaíno, se han anunciado ponencias del tipo “Vizcaíno en la Segunda Guerra Mundial”, “Vizcaíno en la toma de los terrenos del Club Campestre”, “Vizcaíno ante la Guerra Fría”. Muy poco se alude a los acontecimientos y hechos en los que intervino personalmente Vizcaíno, sobre todo en las etapas de su vida más lejanas que si bien no son de la magnitud que se le busca dar con el efecto Forrest Gump, son útiles para esclarecer dinámicas y maneras de conducir la cultura política del PRI en Baja California.

Un suceso del que nada se ha dicho públicamente y del que hay registro en sus archivos personales, se dio en la primavera de 1959 cuando Vizcaíno, miembro destacado del PRI en Mexicali, fue víctima de represión política junto con otras decenas de militantes a manos de las autoridades pertenecientes a su propio partido.

El hecho desencadenante fue que ese año se celebraba la segunda elección a gobernador en la historia del estado en sustitución de Braulio Maldonado Sández. Un sector importante de priistas en Baja California se pronunció a favor de la candidatura de Leopoldo Verdugo Quiroz, quien al parecer contaba con mayor aceptación entre la membresía regional.

Entre los simpatizantes y defensores de esta candidatura se encontraba Rubén Vizcaíno, quien contaba con preeminencia por haber fungido como secretario general de ese partido en Baja California. No obstante, desde el centro del país junto a otros sectores locales impulsaron la candidatura de quien a la sazón sería elegido gobernador constitucional de la entidad, el ingeniero Eligio Esquivel Méndez.

 

Rubén Vizcaíno: «De que la perra es brava…» (Imagen: México es cultura)

Para aplacar las manifestaciones a favor de Verdugo, las autoridades estatales y municipales impidieron la realización de una concentración pública a la que habían concurrido contingentes de otras localidades del estado. La intervención policíaca concluyó con varios detenidos entre los que se contó al propio Vizcaíno, quien junto a otros militantes priistas pasó varias horas en los separos de la policía. Esto llevó al profesor Vizcaíno a fustigar «la fuerza bruta de la policía» de Mexicali.

En ese momento de decepción, el profesor señaló que los dirigentes de su partido se “enlodaron para toda la vida y de paso arrastraron a otros hombres de buena fe”. A lo que agregó: «Pienso que es necesario depurar al PRI de sus falsificadores y corruptos».

Con este somero repaso por los archivos de la represión en Baja California se evidencia que independientemente de las siglas y colores de los partidos que han gobernado la entidad, las tentaciones para abusar del poder al que se ha accedido por medio del voto popular son al parecer irrefrenables y constitutivas de la cultura política y jurídica de las clases gobernantes.

Lo preocupante es que no hay garantías de que en un futuro esto sea diferente con cualquiera de los partidos políticos existentes.

Corresponde a la ciudadanía de buena conciencia vigilar, exigir y priorizar que las autoridades cumplan y respeten los derechos humanos y constitucionales de las personas.

Ante cualquier desviación de estos principios democráticos es obligación de la sociedad alzar la voz para demandar justicia y trato digno para todas y todos.

 

Doctor y Maestro en Historia por el Colegio de Michoacán. Director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC para el periodo 2015-2019 y actual investigador de la institución. Miembro de las redes de Historia del Tiempo de la UABC, y de Estudios Históricos del Noroeste de México. También es un destacado conferencista, académico, tallerista, ensayista y seminarista. A los 4 Vientos agradece al Doctor Ruiz su invaluable y generosa participación en nuestro selecto grupo de articulistas.