Bonilla vuelve a entrometerse en asuntos del Ayuntamiento de Ensenada

El gobernador Jaime Bonilla Valdez una vez más se entrometió en asuntos del Ayuntamiento de Ensenada al ordenar al presidente municipal Armando Ayala Robles, los dos del partido Morena, que realice en esta semana nuevas mesas de trabajo para resolver el conflicto con empresas de El Sauzal y que será el secretario de Economía del estado, el autodestapado candidato a la gubernatura Mario Escobedo Carignan, quien encabece esa negociación.

 

Bonilla con los manifestantes (Cortesía)

 

4 Vientos

Ensenada, B.C., México, domingo 4 de octubre del 2020.- La intervención del mandatario estatal se dio ayer en el preámbulo al acto mediático de Ayala Robles en el valle de Guadalupe con motivo de su primer informe de gobierno.

Manifestantes a favor de la empresa binancional TP Intermodal que incluían a empresarios de la transformación, los servicios de lógistica, pesca privada y trabajadores de la compañía que representan Gerardo Patrón y Jorge Medina, se dirigían a pie y en vehículos al sitio donde se realizaría el informe del edil.

Antes de llegar a su destino, Bonilla Valdez y su séquito de funcionarios y guardaespaldas se detuvieron en la carretera para dialogar con los inconformes.

Fue entonces que el gobernador morenista intervino en el conflicto no a favor del alcalde de Ensenada que denuncia las presuntas irregularidades del consorcio, sino de la empresa.

El mandatario públicamente ordenó a Ayala Robles, vía el Secretario municipal de Gobierno Rubén Best Velazco, que coordine una reunión de trabajo con los involucrados en el problema para la semana que va del 5 al 9 de octubre, y que sea el secretario de Economía Mario Escobedo Carignan, un aspirante a la gubernatura del estado de Morena en 2021, quien encabece el acto.

“Debemos buscar una solución salomónica en la que nadie salga perjudicado, porque no es interés del gobierno perjudicar empresas ni poner en riesgo los empleos”, dijo el controversial gobernante bajacaliforniano.

 

La protesta contra Arrmando Ayala (Cortesía)

Cabe destacar que en diciembre del 2019 Bonilla Valdez había creado y participado en “mesas de trabajo” similares en El Sauzal –a petición entonces de los vecinos de Vista al Mar- y el día 26 de ese mes autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron ejecutar una serie de acciones para combatir, conforme a la normatividad, la problemática de contaminación ambiental y auditiva en la delegación de El Sauzal, presuntamente originada por empresas pesqueras.

Durante esos encuentros, en los que también participaron inversionistas y residentes de la colonia Vista al Mar, el ayuntamiento y el gobierno estatal informaron que más de 20 empresas operaban de forma irregular en la zona norte de El Sauzal, “incluyendo las de almacenamiento de contenedores.”

En esa fecha asistieron y firmaron el acuerdo el presidente municipal Armando Ayala, el secretario de Economía Sustentable y Turismo Mario Escobedo Carignan, el secretario de Salud Alonso Pérez Rico, y el delegado federal único en Baja California Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

En concordancia con el compromiso adoptado, el gobierno local emitió y en algunos casos ejecutó las órdenes de clausura temporal mientras las empresas regularizaban su situación o se reubicaban en otros predios, hasta que TP Intermodal logró el apoyo del gobernador Jaime Bonilla.

Los vecinos del fraccionamiento Vista al Mar, en el poblado y puerto pesquero El Sauzal de Rodríguez localizado a 5 kilómetros al norte del puerto de Ensenada, iniciaron en 2015 una movilización social y legal en contra de una empresa transportista y un patio de soporte portuario intermodal y de servicios, ambas de contenedores marítimos y con permiso de trabajo de la Administración Portuaria Integral (Api) de Ensenada.

La primera es la compañía Transportes Lara y la segunda el consorcio binacional TP Intermodal / GPP Global, esta última una consultoría de «gestión boutique» especializada en crecimiento estratégico para pequeñas y medianas empresas (Pymes), según informa en su perfil en LinkedIn -su página digital en internet no esta disponible- en donde además revela que tiene 10 trabajadores, que se fundó en 2009, la dirige Gerardo Patrón y ofrece a sus clientes «gestión y estrategia de crecimiento» mediante financiamiento privado.

 

Foto: Archivo

En 2015 Gabriel Humberto Morales, director de la oficina de Catastro en el gobierno municipal del priista Gilberto Hirata Chico, hoy vinculado a un proceso judicial federal por peculado, otorgó sin el permiso del cabildo la factibilidad de Uso de Suelo a Transportes Lara en un predio colindante con Vista al Mar.

Por su parte la empresa intermodal afirma que lo mismo sucedió con su compañía, la cual tiene su matriz en Querétaro y tiene infraestructura en Guadalajara, Jalisco (un área de almacenamiento y distribución de mercancías, así como una terminal intermodal con conexión a los principales puertos y fronteras del país), y en las ciudades estadounidenses de Fort Wayne, Valparaíso y próximamente Chicago.

Luego de cinco años ininterrumpidos de conflicto, los vecinos del fraccionamiento lograron que en enero de este año el gobierno del morenista Armando Ayala Robles cancelara el permiso a Transportes Lara y ordenó el cierre temporal de TP Intermodal.

Esto porque según enumeró Héctor Villalobos Buelna, actual director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del gobierno local, ambas empresas violaron disposiciones técnicas del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), no contaban con estudios ni permisos de impacto ambiental ni licencia de construcción (en el caso del conglomerado binacional) y al menos en el caso de la empresa queretana no existe en archivos la factibilidad de uso de suelo que la compañía dice tener.

En los últimos días de septiembre y hasta el 3 de octubre, TP Intermodal impidió que el Ayuntamiento de Ensenada llevara a cabo una orden de clausura temporal de su patio de soporte portuario en El Sauzal, acción que ya habían evadido en enero de este año.

Ahora TP Intermodal y sus seguidores, arropados con la vigilancia a su protesta por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal de Caminos, afirman que el problema que tienen con el gobierno de Ensenada se debe a que éste esgrime “supuestas irregularidades” en el uso de suelo en la zona industrial de la Colonia Vista al Mar.

Y acusan al director de Administración Urbana, Héctor Villalobos Buelna, de ser quien “se niega a respetar los procedimientos establecidos en la normatividad y en cambio actúa motivado por intereses de particulares.”

 

Foto de la sesión del 26 de diciembre del 2019 en donde «los tres órdenes de gobierno» decidieron regularizar a las empresas que operaban ilícitamente en el norte de El Sauzal. Hoy, al gobierno estatal rompe ese acuerdo (Archivo)