El control del puerto, ¿origen de la superviolencia que se apoderó de Ensenada?

En cinco años, tiempo que coincide con la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Ensenada, el número de asesinatos dolosos creció en ese municipio de Baja California en poco más de un 570%

 

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Patio de maniobras del recinto portuario de Ensenada abarrotado con cientos de contenedores (Facebook)

Ensenada, B.C., México, 3 de octubre del 2020.- Y su puerto de altura es hoy uno de los 5 que en el Pacífico son objeto de vigilancia especial de la Secretaría de Marina por un creciente trasiego de drogas, lo que podría ser el origen de su inusual y progresiva incidencia de muertes premeditadas.

Así, en un lustro, Ensenada perdió su calidad de ser el municipio más tranquilo y seguro del estado cuando ocupaba el cuarto lugar estatal en el número de muertes dolosas por año, con un promedio de 18 casos, pero a partir de la llegada del CJNG, grupo delincuencial que la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) ubicó este 3 de octubre como el tercer cártel delictivo más importante del mundo, sólo por debajo de la mafia rusa y las Triadas chinas, subió en ese rango hasta ocupar hoy el segundo lugar estatal, después de Tijuana.

Y su tasa de homicidios alevosos que en 2015 era de apenas 10 personas por cada 100 mil habitantes, se ubicó en agosto pasado en 45, cifra que sin duda aumentará al concluir el año.

De hecho, este 2020 Ensenada volverá a romper su récord en muertes dolosas, situación que se viene registrando desde 2015 cuando la cantidad anual de homicidios de ese tipo se situó en 48, para crecer un año después a 68, ciento cinco en 2017, doscientos cincuenta y tres en 2018 y 275 el año pasado.

Al terminar agosto de 2020, y de acuerdo con la Estadística de Incidencia Delictiva Estatal y Municipal de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (Gesi) dependiente de la Fiscalía General del Estado, Ensenada estaba a tan sólo 28 muertes intencionales  de romper la estadística del 2019.

Se trata de una cantidad que sin duda se rebasó en septiembre si se toma en cuenta la racha violenta de los últimos 30 días que incluyó –entre otros- el asesinato de 8 personas el día 7; de dos pensionados sandieguinos el día 3; de dos visitantes de La Bufadora el domingo 27; de un futbolista en la Ciudad Deportiva, el 26; de 8 personas el  pasado fin de semana y la localización de la cabeza cercenada a un hombre, el pasado martes 29. 

Medios de comunicación de Ensenada daban como un hecho que  septiembre se ubicó como el más sangriento en cuanto asesinatos intencionales se refiere, con cifras extraoficiales que ubican entre 50 a 55 el número víctimas entre las cuales hay al menos ocho mujeres, así como adolescentes y personas de la tercera edad.

 

Pensionados asesinados en Ensenada (Foto: Infobae)

¿Narcopuerto?

Esta dinámica de la violencia tiene su origen en la guerra que sostienen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación -con sus grupos armados asociados en el municipio-, no sólo para controlar el narcomenudeo local y las actividades ilícitas que torno al tráfico de drogas, como el lavado de dinero, el tráfico de personas, la trata de mujeres y adolescentes y el robo de vehículos, sino también el uso exclusivo de las instalaciones portuarias de Ensenada.

De acuerdo con un reportaje del diario El Universal que se publicó el pasado 29 de septiembre, Ensenada es, junto con Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Mazatlán, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur, y Ciudad del Carmen, Campeche, uno de los puertos de México con mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada, principalmente los dos cárteles señalados.

Citando un reporte de inteligencia naval de la Secretaría de Marina (Semar), al que el periódico tuvo acceso vía solicitud de transparencia, a Ensenada arriban –al igual que en otros 4 puerto del Pacífico- barcos que provienen de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá con banderas de otras naciones y transportan drogas ocultas a través de diferentes métodos desarrollados por los criminales.

De acuerdo con esa investigación, en los primeros 15 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Semar y otras instancias federales decomisaron 144 toneladas de drogas diversas en 22 de los 102 puertos de ambos litorales del país. De esa cantidad, alrededor de 80% se realizó en el puerto de Mazatlán.

Asimismo, inteligencia naval subrayó en su informe especial que la operación de los grupos criminales en los puertos es constante, “lo que puede dar pie a actos de corrupción con funcionarios y autoridades que podrían ser cooptados por los cárteles para extraer o cargar las drogas.”

Sobresale un párrafo del estudio porque ilustra lo que pasa en Ensenada:

 

Destacan los altos índices de violencia en estados costeros como Colima, Michoacán y Baja California, entre otros, por la lucha de los cárteles que buscan controlar rutas de logística criminal, al ser estas entidades puntos estratégicos para el tráfico de cocaína y precursores químicos, como el fentanilo, para la elaboración de drogas sintéticas.”

 

La información revela también que de enero de 2019 al 29 de septiembre pasado, la Marina y sus aliados incautaron 7.5 toneladas de cocaína, 1.4 toneladas de marihuana, 165.25 kilogramos de metanfetaminas, 559 kilogramos de precursores químicos y 126 mil litros de combustible en puertos, terminales marítimas y aduanas del país, lo que representó una afectación  en el mercado nacional de más de 20 millones de pesos para las organizaciones criminales.

 

En febrero de este año, un tripulante del buque Mol Majesty arrojó paquetes de cocaina a una lancha en la Bahía de Ensenada (Foto: El Noticiero de Manzanillo)

Lo que se sabe

4 Vientos retomó esa numeralia y encontró que en Ensenada, en los dos últimos años, se han hecho públicos cinco decomisos de cocaína dentro del recinto, la rada portuaria y sus inmediaciones; tres de ellos ocurrieron en 2020.

El primero se dio en mayo del 2018 cuando elementos de la Marina y la Aduana Marítima confiscaron un cargamento de 193 kilogramos de cocaína escondida entre 10 costales de calamar que se ubicaron en el interior de un contenedor refrigerado, el cual navegó a Ensenada en una embarcación estadounidense.

Luego, el 12 de junio del año pasado, personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria Ensenada localizó 79 kilos de cocaína en el muelle Número Dos del puerto local. La droga estaba oculta a bordo del buque mercante “Adrián Schulte» que arribó a Ensenada procedente del puerto de Manzanillo, Colima. En el contrabando se usaron dos maletas negras en cuyo interior había 70 paquetes de la droga.

Ya en este año, el 25 de febrero, marinos en patrullaje en la bahía de Ensenada decomisaron 3 kilogramos de cocaína que fueron lanzadas desde el barco mercante «Mol Majesty” a una lancha. La nave arribó a Ensenada proveniente de Manzanillo, Colima.

El 4 de marzo, la Semar aseguró 74.25 kilogramos de cocaína y un aparato geolocalizador en el buque portacontenedores “Nyk Lyra”. La droga estaba en dos maletas en cuyo interior se colocaron 65 paquetes con el alcaloide.

Sobre este decomiso existen versiones periodísticas de que la droga la traficó Ricardo Bozada, un ex agente federal que trabaja para el Cártel de Tijuana (Arellano Félix) -a su vez un aliado en Baja California del CJNG-, y que en realidad la cantidad que se decomisó del buque Nyk Lyra era de casi 200 kilogramos de cocaína.

También que Bozada tenía como abogado defensor al ensenadense Rubén Arenivar Garza, muerto a tiros en la ciudad porteña el 24 de abril, poco más de un mes después de la pérdida del estupefaciente y el aparato geolocalizador en el recinto portuario.

Finalmente, a finales de mayo, dos perros adiestrados de la Marina olfatearon 169 toneladas de cocaína que se encontraban dentro de un contendor del buque “Kure”. La substancia estaba escondida entre costales de jabón en polvo que la embarcación transportó desde China.

 

Los perros adiestrados de la Marina juegan un papel fundamental para lograr los decomisos de cocaína en el puerto de Ensenada. Aquí trabajan en el aseguramiento de un contenedor del buque portacontenedores “NYK LYRA”, en marzo de este año (Foto: Cortesía Semar).

Los contenedores marítimos, motivo de conflicto social y político en Ensenada

Todos estos datos confirman que el uso del puerto de Ensenada y los barcos contenedores para el movimiento de drogas va en aumento, y que este fenómeno se acrecentó a partir de 2015, fecha que la Secretaría de Marina y la DEA identifican como el inicio formal de actividades  del Cartel Jalisco Nueva Generación en Ensenada.

De hecho los vecinos del fraccionamiento Vista al Mar, en el poblado y puerto pesquero El Sauzal de Rodríguez localizado a 5 kilómetros al norte del puerto de Ensenada, iniciaron en 2015 una movilización social y legal en contra de una empresa transportista y un patio de soporte portuario intermodal y de servicios, ambas de contenedores marítimos y con permiso de trabajo de la Administración Portuaria Integral (Api) de Ensenada.

La primera es la compañía Transportes Lara y la segunda el consorcio binacional TP Intermodal / GPP Global, esta última una consultoría de «gestión boutique» especializada en crecimiento estratégico para pequeñas y medianas empresas (Pymes), según informa en su perfil en LinkedIn -su página digital en internet no esta disponible- en donde además revela que tiene 10 trabajadores, que se fundó en 2009, la dirige Gerardo Patrón y ofrece a sus clientes «gestión y estrategia de crecimiento» mediante financiamiento privado.

En 2015 Gabriel Humberto Morales, director de la oficina de Catastro en el gobierno municipal del priista Gilberto Hirata Chico, hoy vinculado a un proceso judicial federal por peculado, otorgó sin el permiso del cabildo la factibilidad de Uso de Suelo a Transportes Lara en un predio colindante con Vista al Mar.

Por su parte la empresa intermodal afirma que lo mismo sucedió con su compañía, la cual tiene su matriz en Querétaro y tiene infraestructura en Guadalajara, Jalisco (un área de almacenamiento y distribución de mercancías, así como una terminal intermodal con conexión a los principales puertos y fronteras del país), y en las ciudades estadounidenses de Fort Wayne, Valparaíso y próximamente Chicago.

Luego de cinco años ininterrumpidos de conflicto, los vecinos del fraccionamiento lograron que en enero de este año el gobierno del morenista Armando Ayala Robles cancelara el permiso a Transportes Lara y ordenó el cierre temporal de TP Intermodal.

Esto porque según enumeró Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del gobierno local, ambas empresas violaron disposiciones técnicas del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), no contaban con estudios ni permisos de impacto ambiental ni licencia de construcción (en el caso del conglomerado binacional) y al menos en el caso de la empresa queretana no existe en archivos la factibilidad de uso de suelo que la compañía dice tener.

En los últimos días de septiembre y hasta el 3 de octubre, TP Intermodal impidió que el Ayuntamiento de Ensenada llevara a cabo una orden de clausura temporal de su patio de soporte portuario en El Sauzal, acción que ya habían evadido en enero de este año.

El gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, intervino en el conflicto no a favor del alcalde de Ensenada que denuncia las presuntas irregularidades del consorcio, sino de la empresa.

Ante manifestantes aliados de TP Intermodal y con los medios de comunicación como testigos, el mandatario públicamente ordenó a Ayala Robles, vía el Secretario municipal de Gobierno Rubén Best Velazco, que coordine una reunión de trabajo con los involucrados en el problema para la semana que va del 5 al 9 de octubre, y que sea el secretario de Economía Mario Escobedo Carignan, un aspirante a la gubernatura del estado de Morena en 2021, quien encabece el acto.

“Debemos buscar una solución salomónica en la que nadie salga perjudicado, porque no es interés del gobierno perjudicar empresas ni poner en riesgo los empleos”, dijo el controversial mandatario bajacaliforniano.

Cabe destacar que en diciembre del 2019 Bonilla Valdez había creado y participado en “mesas de trabajo” similares en El Sauzal –a petición entonces de los vecinos de Vista al Mar- y el día 26 de ese mes autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron ejecutar una serie de acciones para combatir, conforme a la normatividad, la problemática de contaminación ambiental y auditiva en la delegación de El Sauzal, presuntamente originada por empresas pesqueras.

Durante el encuentro, en el que también participaron inversionistas y residentes de la colonia Vista al Mar, el ayuntamiento y el gobierno estatal informaron que más de 20 empresas operaban de forma irregular en la zona norte de El Sauzal, “incluyendo las de almacenamiento de contenedores.”

En esa fecha asistieron y firmaron el acuerdo el presidente municipal Armando Ayala, el secretario de Economía Sustentable y Turismo Mario Escobedo Carignan, el secretario de Salud Alonso Pérez Rico, y el delegado federal único en Baja California Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

En concordancia con el compromiso adoptado, el gobierno local emitió y en algunos casos ejecutó las órdenes de clausura temporal mientras las empresas regularizaban su situación o se reubicaban en otros predios, hasta que TP Intermodal logró el apoyo del gobernador Jaime Bonilla.

Mientras tanto, el tráfico de drogas y su decomiso por elementos de la Marina y la Aduana Marítima dentro o en las inmediaciones del recinto portuario de Ensenada y/o en contenedores marítimos a bordo de los buques mercantes, se intensificó este 2020 tal y como lo reporta la Secretaría de Marina en su informe de inteligencia naval hecho público por el diario El Universal.

 

Las actividades y áreas de influencia del consorcio binacional TP Intermodal (Captura de pantalla)

Lo que duele

Si se toma en cuenta que en los últimos 21 meses el gobierno federal reporta que confiscó siete mil 500 kilogramos de cocaína en los 102 puertos y 15 terminales marítimas existentes en el país, Ensenada aportó casi el 0.7 por ciento de esa cifra: 451 kilos decomisados entre el 1 de enero del 2019 al 30 de septiembre de este año.

¿Cuál es el valor en el mercado de esa mercancía incautada? Para contestar esa interrogante ahora se debe considerar un factor no previsto todavía en febrero de este año: la pandemia del coronavirus transmisor de Covid-29.

De acuerdo con un estudio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e información a junio de este año de la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en marzo, por efectos del confinamiento sanitario mundial, en la Unión Americana la demanda para consumo de drogas, entre ellas la cocaína, así como su precio al menudeo se incrementó en al menos un 45 por ciento.

Y en México, de acuerdo con las mismas fuente, sucedió un fenómeno similar entre los meses de marzo a mayo.

Por ello, hasta febrero de este año un kilo del estimulante costaba en promedio, en el mercado nacional, 250 mil pesos (11 mil 905 dólares), pero en mayo esa misma cantidad subió a 365 mil pesos (17 mil 381 dólares).

En la Unión Americana el crecimiento de consumo y valor del alcaloide es más intenso, lo que fortaleció económicamente a los cárteles de la droga mexicanos y sus socios estadounidenses.

La DEA reveló a finales de julio que, a esa fecha, en los Estados Unidos un gramo de cocaína subió su valor a 153 dólares; es decir, un kilo de la droga se cotizaba en 153 mil dólares o su equivalente en pesos: 3.2 millones de pesos en promedio.

Es esa cifra la que, como concluyó Faisal Díaz Nassiff, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada y cuñado co-gobernante del alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles, desata la ola de violencia en el municipio y coloca al puerto bajacaliforniano dentro de la ruta del trasiego de narcótico en el Pacífico mexicano.

Para los dos cárteles que pelean el control de los cinco puertos enlistados en el reporte de inteligencia naval de la Semar, perder potencialmente 37.1 millones de dólares en el decomiso de al menos 246 kilos de cocaína este año en el puerto de Ensenada, no es cosa de juego.

Por ello también –al menos así lo parece- el Congreso de la Unión analiza estos días si otorga facultades a la Marina para administrar y dar seguridad a los puertos y terminales marítimas de la nación, además de tener el control sobre la navegación comercial, tres actividades que hoy desempeña de manera mediocre y sin resultados la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

 

El puerto Lázaro Cárdenas (Foto: El Sol de Michoacán)

Así, pronto conoceremos si el secretario de Marina José Rafael Ojeda, agregará a sus funciones la supervisión de la marina mercante, la emisión de permisos y licencias correspondientes, la administración del Registro Público Marítimo Nacional, la certificación de embarcaciones y el nombramiento o remoción de capitanes de puerto, entre otras funciones.

Se trata, pues, de evitar que Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, La Paz, Ensenada y Ciudad del Carmen se conviertan en lo que por 10 años (del 2005 al 2015) fue el puerto de altura michoacano -Lázaro Cárdenas-: la sede de las operaciones financieras y el contrabando de droga, minerales, recursos maderables y agrícolas de los cárteles conocidos como «Los Caballeros Templarios» y «Los Zetas».

Tal parece que la pacificación del municipio de Ensenada y otras jurisdicciones costeras que hoy sobreviven a la violencia desmedida de los cárteles delincuenciales, depende del éxito o fracaso del plan federal para rescatar a los puertos mexicanos.