Estalla la represión en Baja California contra el feminismo. La Policía de Tijuana en la mira de DH

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) salió de su letargo de tres meses sin emitir recomendaciones o posicionamientos públicos en torno a violación a derechos humanos en Baja California, al atender dos temas relacionados con abusos que presuntamente cometieron policías municipales de Tijuana.

 

El asesinato por asfixia de Oliver López el 27 de septiembre (Internet)

 

4 Vientos / Foto principal: Agencia EFE

Ensenada, B.C., México, 30 de septiembre 2020.- Su primera acción fue emitir una Recomendación –la quinta en lo que va del año- por el caso de uso excesivo de la fuerza y la privación de la vida de un hombre que fue arrestado por agentes municipales en una gasolinera que se ubica en la colonia Ruíz Valencia de Tijuana, sobre el Libramiento Sur.

La segunda fue el anuncio de que abrió una investigación por la actuación de las autoridades municipales durante la marcha que con motivo de la despenalización del aborto hicieron decenas de mujeres en Tijuana, la tarde del lunes 28 de septiembre.

En este caso, la Sindicatura del XXIII Ayuntamiento de Tijuana también abrió una investigación por la denuncia que ayer hizo un grupo de mujeres que acusan a la policía local de detención arbitraria e ilegal, insultos, incomunicación, golpes y vejaciones durante su detención luego de la marcha del lunes, así como la no localización de una de las detenidas que ayer finalmente se ubicó detenida en instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Aquí, la síndico procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa informó que cinco de las seis detenidas fueron liberadas ayer tras pagar una multa administrativa, y que ayer por la tarde personal de la Dirección de Asuntos Internos se trasladó al Ministerio Público para investigar el paradero de la sexta mujer contenida: Fernanda Miranda.

Cabe destacar que el colectivo Voces Feministas UABC declaró ayer que su activista Mónica Michelle fue golpeada por la policía el lunes y que la Fiscalía General del Estado, instancia que la reportó detenida en sus instalaciones ministeriales, no tiene derecho a fianza.

Al respecto, Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó ayer que la feminista se encuentra bien de salud y que dentro de las próximas 48 horas, o menos, se resolverá su situación jurídica.

 

Foto: Cuartoscuro

También ayer, el Ayuntamiento de Tijuana precisó que la acción policiaca contra las manifestantes se originó no porque éstas hayan agredido a un civil durante las protestas –versión original de la policía local para justificar su actuación-, sino porque pintaron bienes públicos y privados en la calle y participaron en una fogata hecha en la vía pública.

 

“Por lo anterior y teniendo detectadas a las mujeres que causaron dichos incidentes se procedió a la detención de seis de ellas; cinco de las cuales fueron remitidas a la Estancia Municipal de Infractores (EMI) por faltas administrativas, y una más fue puesta a disposición del Ministerio Público por la posible comisión del delito de resistencia a particulares y ultraje a la autoridad», informó en un comunicado el ayuntamiento.

En el documento también se acusa a las manifestantes -sin dar nombres de responsables o pruebas de su dicho- de provocar lesiones a cuatro mujeres policías.

Por su parte, las denunciantes  ante la Sindicatura revelaron que las detenciones se realizaron al terminar la marcha, cuando policías municipales las agredieron y detuvieron luego de golpearlas y privarlas ilegalmente de su libertad.

Entregaron a la síndico fotografías, videos y el testimonio de testigos de la agresión para proceder legalmente contra “los atropellos a los derechos humanos y de libre expresión”, además se subrayar que fueron trasladadas “en autos no oficiales y sin placas de identificación”.

Viridiana Sanromán, directora de la organización civil “Cemujer”, manifestó que Carmen Espinoza “es la única autoridad de todos los niveles de gobierno” que se había acercado a ellas e incluso las alentó a que presentaran su queja ante la Sindicatura, aunque hay que recordar que el presidente municipal de Tijuana -Arturo González Cruz- ha dicho que la síndico obedece consignas en su contra que le dicta Jaime Bonilla, con quien él sostiene un pleito político-electoral que es de dominio público.

Ayer, el colectivo Comités de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) en Baja California publicó un video en donde tres mujeres testigos de la agresión policial –Lily Roja, Andrea Valladolid y Julieta Morales- narran lo que sucedió con los policías y comentan que la orden de la represión la pudo sugerir el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.

 

Foto: Cimac

Esto porque el mandatario se molestó por la protesta y pinta del inmueble y plaza del Centro Cultural Tijuana (Cecut) que realizaron algunas integrantes de grupos feministas el 16 de septiembre, al participar en el acto que denominaron “El anti-grito” para exigir el alto al asesinato y violación a los derechos de las mujeres en el estado, por lo que el gobernador podría estar detrás de las acciones ilegales y agresivas de las policías contra las manifestantes.

Sin embargo, otras activistas como Viridiana Román y Andrea Rincón responsabilizaron públicamente a González Cruz; al titular del Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana – Bryan Manuel Castillo Trinidad-; a la directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Priscilla Velásquez Plascencia; y al Secretario de Seguridad Pública Municipal Jorge Alberto Ayón Monsalve, de los hechos ocurridos durante y después de la marcha del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

Mientras tanto, el comisionado de los Derechos Humanos en el estado, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó ayer que visitadoras del organismo hicieron acciones de acompañamiento durante la manifestación, así como en las posteriores detenciones de las manifestantes.

Comunicó que ayer se acudió a la Estancia Municipal de Infractores (EMI) y a la Agencia del Ministerio Público (MP), para realizar entrevistas a las detenidas y documentar los hechos.

 

Se tuvo conocimiento de que cinco mujeres fueron remitidas a la EMI y una al MP. En ambos casos la CEDHBC corroboró el estado de las manifestantes; en lo que respecta al grupo remitido a la Estancia Municipal, la principal inquietud fue tener conocimiento de su situación jurídica, misma que se les informó, así como corroborar que sus familias también tuvieran conocimiento. En el segundo caso, la persona asegurada manifestó su intención de presentar Queja ante este Organismo.”

 

Igualmente reveló que tuvo información de dos mujeres periodistas de Tijuana que denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Municipal de Tijuana, por lo que personal de la Comisión ya estableció contacto con ellas para conocer esos hechos.

Finalmente, la CEDHBC reveló que emitió la Recomendación 5/2020, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana – Jorge Alberto Ayón Monsalve-, por la muerte de Oliver López a manos de un policía municipal que lo asfixió al colocar su pie en el cuello de la víctima durante su detención el pasado 27 de marzo frente a una gasolinera ubicada en el Libramiento Sur, en la colonia Ruíz Valencia.

 

El ombudsman pide  que las autoridades responsables reparen de manera integral, y en un plazo no mayor a tres meses, los daños ocasionados a los familiares de la víctima que además de ser en dinero, deberá contemplar atención psicológica y/o psiquiátrica, y/o tanatológica para la madre de Oliver, apoyo que deberá ser gratuito y por el tiempo que sea necesario hasta su total rehabilitación psíquica y emocional.

Además, impartir un curso integral en materia de derechos humanos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de derechos humanos con enfoque al uso de la fuerza.

También emitir un Protocolo o Manual de actuación institucional en uso de la fuerza y en el empleo de las armas de fuego acorde a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.

Igualmente emitir, en un término no mayor a 15 días, una circular en la cual se instruya a todos los elementos policiales adscritos a la dependencia de seguridad que, al momento de realizar alguna intervención y/o detención, garantice la integridad y seguridad personal.

En específico que se abstengan de ejercer el uso de la fuerza sin apegarse a los principios que regulan dicha actuación; asimismo, que independientemente de cuál sea su participación al atender un reporte, deberá ser incluida en el parte de novedades.”

En caso de que la Recomendación no sea aceptada –ya se notificó al secretario Ayón Monsalve y al alcalde González Cruz-, la comisión podrá solicitar al congreso del estado la comparecencia de la autoridad a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Hasta las 12 horas de hoy, el ayuntamiento de Tijuana no informa si acepta o no la Recomendación, aún cuando la Comisión le pidió le entregue las constancias que acrediten el cumplimiento de la encomienda.