«Extorsión» de la Cespe a usuarios, otro ejemplo del régimen «unipersonal» de Jaime Bonilla

El gobierno del estado realiza actos de “extorsión” para cobrar adeudos millonarios por presuntos altos consumos de agua hechos por usuarios residenciales, comerciales e industriales de Ensenada, en lo que es otra demostración del “régimen unipersonal de gobierno” que impone en Baja California el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

 

El megaproyecto desalador de agua de mar que los gobiernos estatales panistas de José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid convinieron, a través de un Contrato de Asociación Pública Privada (App) con la multinacional española OHL Medio Ambiente Inima, a través de su subsidiaria GS Inima Environment (Aguas de Ensenada), finalmente terminó siendo una lápida financiera para el erario y los consumidores porteños. Cuando OHL presentó su proyecto  dijo que vendería al estado el metro cúbico de agua desalada  a 4 pesos con 49 centavos. Lo cierto es que este año cobra 30 pesos por metro cúbico y antes la empresa española se benefició con un subsidio a fondo perdido del gobierno federal que presidió Enrique Peña Nieto, de 190 millones de pesos que se usaron para la construcción de la obra; un super negocio para la multinacional, tal y como lo narra en este video del portal Periodismo Negro, de Mexicali, el director de la Cespe Marcelino Márquez Wong.

 

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Ensenada, B.C., México, jueves 24 de septiembre del 2020.- “Exigimos un irrestricto respeto a los derechos de los ciudadanos de contar con acciones apegadas a la legalidad, que puedan ejercer su derecho a la defensa ante cualquier arbitrariedad del gobierno”, dijo al respecto Martín Muñoz Barba, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local.

La exigencia del vocero empresarial incluyó un llamado a los titulares de los tres poderes de gobierno a que detengan la aplicación de actos “arbitrarios, abusivos e ilegales” en contra de los ciudadanos.

Tal es el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) que utiliza a una compañía que opera de manera “arbitraria e ilegalmente” en contra de supuestos deudores, a quienes inmediatamente suspende el abasto de agua potable o bloquea la descarga al drenaje, “con lo que pone en riesgo la salud y el empleo” de miles de porteños.

Narró el indebido modus operandi” de la paraestatal y su heraldo: La comisión envía un aviso-invitación a usuarios presuntamente deudores, el cual carece de firma de responsable, para notificar supuestos adeudos por derechos omitidos derivados de “una auditoría de escritorio” realizado por una empresa particular.

“Con ello se exige pagar cantidades millonarias en una clara maniobra de extorsión”, ya que si el usuario no cubre el adeudo, de inmediato se corta el servicio o bloquea la descarga al drenaje.

 

Reparación de una de las continuas fugas de agua en el Acueducto Morelos (Foto ilustrativa de la CESPE)

Dijo que si bien esto afecta directamente a decenas de hogares, el mayor daño lo reciente la actividad económica porque las empresas y sus empleados son los más afectados.

“Todo lo hacen sin un procedimiento legal, sin respetar el derecho del usuario de responder y demostrar su situación real, sin respeto al estado de derecho ni a los derechos humanos en plena pandemia, en la que el agua es indispensable para evitar contagios y en un momento que estamos pasando por la peor crisis económica” sin que el gobierno estatal de muestras claras de que quiere atender y resolver el problema.

Agregó el empresario: “Pareciera que estamos ante una autoridad que no respeta la ley, que no respeta las formas, que no da seguridad jurídica, que ahuyenta la inversión, que abusa en lo más crítico de la pandemia y de la crisis económica”.

Martín Muñoz dejó en claro que comparte la opinión que de la Cespe tienen cientos de miles de ensenadenses:

Es una institución mal administrada que por años no hace inversión en desarrollar fuentes alternas de suministro, reponer y ampliar sus líneas de distribución, construir espacios de almacenaje y plantas de tratamiento, así como mejorar la totalidad de sus instalaciones administrativas y operativas.

 

El resultado de esa política de negligencia y omisión es la falta de agua constante en la ciudad, aun cuando sus funcionarios afirman que hay agua suficiente para todos, así como constantes fugas en las tuberías o fallas en el equipo de abastecimiento a la metrópoli y sus alrededores.

Esto se confirma con los reiterados cortes totales o parciales del suministro de agua potable a la ciudad y su zona conurbada, y en el desbordamiento crónico del servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales en temporada de lluvias, lo que provoca altos niveles de contaminación en las calles, las playas y el agua de la bahía de Ensenada.

En lugar de mejorar y brindar un buen servicio por el cual pagan ciudadanos, comercios y empresas en general -afirmó el empresario-, la paraestatal opta, a través de un particular sin autoridad legal, por aplicar acciones autoritarias e ilegales”.

Y concluyó:

“Desafortunadamente, nos hemos acostumbrado a vivir con todos estos males y no se ve para cuando esta situación se puedan revertir”.