El comal y la olla hablan de la inseguridad pública en Baja California

Identificada por un sector de la población como la instancia pública más corrupta en Baja California, la Policía Municipal de Tijuana permite que algunos de sus elementos pidan dádivas a ciudadanos por 500, mil y tres mil pesos a cambio de no consignarlos por presuntamente cometer infracciones de diversa índole.

 

 

4 Vientos

Ensenada, B.C., a 23 de septiembre 2020.- Asimismo, agobiados por la impunidad y la negligencia que priva en el sistema ministerial de la entidad, sólo dos de cada 10 ciudadanos que son víctima de un delito en Baja California, acuden al Ministerio Público a presentar la denuncia de los hechos en busca de justicia.

Los datos son resultado de la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad que este día presentó en Tijuana la Fundación Educando Conseguimos Paz AC. (Edupaz), organismo civil que preside Francisco Antonio García Burgos, 14 meses Secretario General de Gobierno en el gobierno panista de José Guadalupe Osuna Millán quien en estos días sostiene una confrontación política y judicial con el gobernador de Morena Jaime Bonilla Valdez.

Hoy, el tema de la inseguridad pública en el estado notoriamente no estuvo fuera de los resultados del estudio hecho por el ex funcionario estatal quien indicó que el 61% de los tijuanenses perciben hoy que la inseguridad se incrementó en la zona centro de su metrópoli, así como en el transporte público.

La encuesta tuvo el apoyo del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) que dirige Francisco Rivas Rodríguez, un economista que en agosto del 2015 propuso que en México se debía prohibir el pago de rescate en los casos de secuestro por ser una política que en Italia –país donde estudió la licenciatura en Economía y Comercio- tuvo éxito.

 

En su intervención durante el acto de presentación de los resultados de la consulta, Rivas explicó que con base a los datos oficiales, carpetas de investigación, número de víctimas por homicidios y otros delitos, se puede asegurar que 2020, en Baja California, “ya prácticamente cumple con los elementos para rebasar a 2019 en cuanto al año más violento de la historia.”

También que al pedir a los encuestados que opinaran sobre la relación que tienen con sus vecinos, grado de convivencia y confianza, siete de cada diez dijo conocer a sus colindantes y más de la mitad expresó su confianza en que éstos estarían dispuestos a brindarles ayuda en caso de tener algún problema.

Por ello, destacó el hecho de que en la medida en que las autoridades eviten la delincuencia en el entorno de los ciudadanos honestos y pacíficos, se abatirá su crecimiento.

“Está encuesta debe servir precisamente para entender que esas riñas que ocurren alrededor de las viviendas de las personas, esa venta de drogas, ese consumo de alcohol, ese pandillerismo es el que permite el crecimiento de los delitos violentos y no violentos, y que vemos finalmente en los resultados de incidencia delictiva”, manifestó Francisco Rivas.

El estudio también dio resultados en torno a la percepción de la corrupción en las instituciones públicas.

 

 

La Policía Municipal, con el 39.2 por ciento de las respuestas en su contra, la Policía Estatal con el 18.1%,  y los agentes de Tránsito con el 10.4%, ocuparon los tres primeros lugares en la lista.

La respuesta a la pregunta ¿qué fue lo que le solicitó el funcionario público? como acto de corrupción, fue la siguiente:

El 44.9 por ciento dijo que dinero; 12.9% insinuó que tomara una decisión para obtener beneficios propios, y el 8.1% pidió que pagara parte de una investigación o peritaje, aunque también llamó la atención que 3.2 por ciento de los servidores corruptos solicitó al ciudadano votar por un partido “a cambio de algo”, como un trabajo o una despensa.

Ejército y Marina –afirmaron los encuestadores- fueron los mejor evaluados por la ciudadanía en el sector público, en tanto que “las asociaciones civiles, religiosas y cámaras empresariales” fueron las mejor evaluadas por los encuestados.

“Este tipo de encuestas ayudan a estimar la percepción de los ciudadanos hacia las instituciones y genera una fotografía de la realidad más allá de los datos oficiales”, comentó Francisco García Burgos.

 

El general Aponte y el gobernador Osuna (Foto: Julieta Martínez / La Jornada BC)

Y que sus resultados se agregan a los reportes de incidencia delictiva que realizan Edupaz y ONC para discutir la agenda pública y aportar al diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la reducción de la incidencia delictiva en Baja California.

Cabe recordar que el general Sergio Aponte Polito, entonces Comandante de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, manifestó públicamente en 2008 que la falta de apoyo y solidaridad de los gobiernos del Partido Acción Nacional en el estado, así como la corrupción e infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad, ”dificultaron mi labor ante una crisis de violencia” en Baja California.

Además, el militar culpó a Osuna Millán de no trabajar en coordinación, no hacer nada contra funcionarios de su gabinete acusados de corrupción y pedir su salida a autoridades federales por considerarlo un «general incómodo» cuando señaló nexos de esos servidores públicos con el crimen organizado.

A quienes acusó eran Daniel de la Rosa Anaya, secretario estatal de Seguridad Pública; Rommel Moreno Manjarrez, procurador estatal de Justicia; y Jesús Alberto Capella Ibarra, entonces jefe policiaco y hoy secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo.

Días después de esa declaración hecha por escrito y en donde el militar proporcionó datos y nombres concretos de funcionarios del gobierno de Osuna Millán presuntamente ligados con el Cártel de Tijuana (Arellano Félix), y luego de verse involucrado en un incidente donde accionó su arma de cargo, Aponte Polito fue destituido.

Su lugar lo ocupó el general Alfonso Duarte Mújica, quien en el año 2011 se aventó la puntada de afirmar que «en Baja California ya no existen cárteles” de la droga porque él y su tropa los habían erradicado.