SCJN valida inicio de elección en BC hasta el 1 de diciembre. PAN y PRI, sin Leyzaola, aceptan el nuevo plazo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversos preceptos de la Constitución Política, de la Ley Electoral y de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes, todos del Estado de Baja California, que modifican el inicio del proceso electoral y se ajustaron otros preceptos conforme a esa nueva fecha de inicio; al considerar que no resultan violatorios de la Constitución General.

 

Sesión plenaria de los ministros de la SCJN (Cortesía)

 

4 Vientos / Foto principal: Imagen de La Silla Rota

Ensenada, B.C., México, 7 de septiembre del 2020.- Por ello, el arranque del proceso electoral en Baja California, contrario a lo que sucede a partir de hoy en toda la República Mexicana, arrancará hasta el 1 de diciembre de este año.

Asimismo, la Suprema Corte validó la disposición de la Constitución local donde se introdujo la austeridad como principio rector del proceso electoral, al considerar que resulta acorde con el artículo 134 de la Constitución Federal.

En esa norma constitucional, resolvió la Suprema Corte, se prevé que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, «se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.»

Sin embargo, declaró la invalidez del artículo 97, primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California en la porción normativa que establecía que los Consejeros Electorales del Consejo General y de los Consejos Distritales Electorales no tendrían derecho a las prestaciones que por ley les corresponden a los trabajadores del Instituto Estatal, salvo la atención del servicio médico en institución pública de salud.

Lo anterior en virtud de que el cambio contenido en el Decreto Número 52 publicado el 27 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, repercutiría en las remuneraciones de esos servidores públicos, en contravención de los artículos 116 y 117 de la Constitución General.

 

Hoy arrancó el proceso electoral 2020-2021 en todo el país, a excepción de Baja California, que por sentencia de la Suprema Corte lo hará hasta el 1 de diciembre del 2020 (Imagen: El CEO)

Las acciones de inconstitucionalidad 128/2020 y sus acumuladas 147/2020, 163/2020 y 228/2020, que promovieron los partidos políticos Acción Nacional, de Baja California, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, demandaban la invalidez del Decreto Número 52.

La sentencia de los magistrados sorprendió porque la ministra proyectista de la resolución, Norma Lucía Piña Hernández, determinó en su propuesta que la petición de los cuatro partidos era “Procedente y Fundada”, por lo que se tenía que declarar la «invalidez» del decreto legislativo estatal.

El fallo de los ministros da un primer triunfo de Jaime Bonila en la Suprema Corte, así como un respiro en su acción electoral en contra de sus enemigos dentro del partido Morena en Baja California, en la guerra por ser él y su grupo político quienes decidan las candidaturas morenistas a cargos de elección popular.

Al respecto, este día el Consejero Estatal de Morena y Doctor en Estudios de Desarrollo Global Armando Duarte Moller, denunció que Julio Rodríguez Villarreal, Director de Participación Social en la Secretaría estatal de Educación y acusado de ejercer violencia de género en contra de Elvira Luna Pineda en la pasada elección estatal, coaccionó a diversos Consejeros Estatales de Morena para que firmaran un documento donde se pide la destitución de Ismael Burgueño Ruiz como Presidente de Morena en Baja California.

La petición, afirmó Duarte, la hizo el experredista por petición del ejecutivo estatal y prometió puestos de trabajo en el gobierno del estado a cambio de la firma de rechazo a Burgueño, quien este día recomendó a Jaime Bonilla dedicarse a gobernar y no intervenir en los asuntos internos de Morena.

 

Enrique Méndez (en la gráfica sin cubrebocas), dirigente estal del PAN, y Carlos Jiménez, presidente local del PRI, felices con la sentencia porque el retraso del proceso les ayuda a recomponer su alianza política luego de que su principal «gallo», el teniente Julián Leyzaola, prófugo de la justicia por acusaciones de tortura y otros delitos que presuntamente cometió cuando fue secretario de Seguridad Pública en Tijuana, los dejó huerfanitos para enfrentar a Morena en el 2021 (Cortesía)

Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California, Carlos Jiménez Ruiz, indicó que la resolución de la Suprema Corte a favor de que el proceso electoral arranque en diciembre en lugar de septiembre, no desalienta a los priistas ya que les otorga un mayor plazo para preparase mejor de cara a la elección del 6 de junio del próximo año.

Casi lo mismo declaró en un comunicado Enrique Méndez Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quien precisó que los panistas respetan la sentencia adversa de la Suprema Corte, pero confían en que el máximo tribunal del país vote en contra de la llamada «Ley Gandalla» que permite a un funcionario público que cobre su sueldo y conserve su cargo mientras busca la reelección en el cargo.

El PRI, el PAN y los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el de Baja California (PBC), desde hace al menos 6 meses analizan formar una coalición electoral para enfrentar a Morena y sus candidatos.

Pero uno de sus principales figuras políticas, el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, es prófugo de la justicia porque se han dictado ordenes de aprehensión en su contra por presuntamente cometer delitos de lesa humanidad (torura) y otros actos criminales cuando fue secretario de Seguridad Pública en Tijuana.

Cabe destacar que el dirigente panista Méndez Juárez confirmó este día:

“El Teniente Leyzaola es un proyecto en el que (los panistas) estamos muy interesados. Lo hemos platicado con él en su momento y estamos esperando que el gobierno de (Jaime) Bonilla no utilice las instituciones que imparten justicia para manejar políticamente la situación. Confiamos que al final se le dará la razón jurídica y el teniente va a estar en las condiciones de poder participar”.