Y ahora, militarización de la inspección y vigilancia en pesca y acuacultura mexicana

El lunes 17 de agosto, la red de colaboración Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas (Icpmx) que integran 32 organizaciones civiles y fundaciones del sector social del país y el extranjero, presentó a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, sus observaciones y 11 recomendaciones sobre la Iniciativa de Ley para “Facultar a la Secretaría de Marina (Semar) a fin de que proponga, coordine y ejecute la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola”.

Las observaciones derivan de conversatorios públicos con productores, comercializadores y expertos nacionales e internacionales en la materia.

Enfatizan la preocupación del sector por la presencia de elementos de la Marina en funciones que corresponden a los civiles; la posibilidad de que se cometan actos violatorios a los derechos humanos; la no asignación de más recursos públicos a la Semar para que realice sus nuevas funciones; la falta de obligación de transparencia en sus metas, operativos y resultados; y los vacíos legales, ambigüedades y elementos confusos que existen en la iniciativa, deficiencias que pueden impedir su aplicación efectiva.

A continuación, el texto del comunicado (foto principal: Semar)

Foto: Carlos Aguilera

A partir de la información presentada en los conversatorios, los miembros de ICPMX reconocemos a las y los legisladores por proponer acciones concretas para incrementar el cumplimiento de la ley, pues somos conscientes de que la falta de inspección y vigilancia nos limita como país para avanzar hacia la sostenibilidad y garantizar la seguridad alimentaria, así como para ser más competitivos y tener acceso a mercados internacionales, además de que genera riesgos para toda la industria, incluyendo posibles embargos.

Mientras más reglamentada esté la inspección y vigilancia habrá mejor ordenamiento pesquero y viceversa, e incluso, la correcta aplicación de la ley y las acciones en la materia sentarán las bases para la política nacional de trazabilidad.

Sin embargo, hay preocupaciones en torno a la eficacia que pueden tener algunos de los cambios que se proponen en la iniciativa.

A continuación presentamos un resumen de algunas preocupaciones y oportunidades de mejora para la iniciativa:

1.- A pesar del enorme respeto que se tiene por la SEMAR y sus capacidades, hay preocupaciones en torno a la adecuación de las funciones militares de la SEMAR para una tarea realizada hoy por civiles.

Creemos que México debe y puede tener instituciones civiles suficientemente robustas para llevar a cabo las tareas de inspección y vigilancia pesquera.

Foto: Carlos Aguilera

Por ende, recomendamos que el traspaso de responsabilidades de inspección y vigilancia pesquera a la SEMAR sea una medida temporal mientras se construya alguna dependencia civil que retome la responsabilidad de la inspección y vigilancia una vez que esta cuente con la estructura, capacidades técnicas y jurídicas e implantación territorial necesaria para realizar sus funciones.

2.- Existen preocupaciones en torno a la inspección y vigilancia en tierra y en aguas interiores ya que la presencia principal de la Marina es en el mar. Recomendamos que la CONAPESCA mantenga funciones de inspección y vigilancia en tierra y en las aguas interiores del país.

3.- Dada la naturaleza vertical y militarizada de la SEMAR (características necesarias para la ejecución de sus funciones actuales), existen preocupaciones en cuanto a posibles violaciones de derechos humanos.

Recomendamos definir y dar a conocer claramente los mecanismos y estructuras de monitoreo, control, transparencia, corresponsabilidad y rendición de cuentas ante posibles actos de violaciones a los derechos humanos.

4.- La inspección y vigilancia son actividades que representan gastos económicos significativos. Recomendamos entonces eliminar el segundo transitorio que señala que “no se autorizan ampliaciones al presupuesto de la SEMAR… como resultado de este decreto”.

Además, recomendamos evaluar los costos reales de implementar el Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal y etiquetar anualmente los recursos necesarios para su implementación en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

5.- Un programa de inspección y vigilancia robusto requiere de coordinación entre las autoridades de todos los niveles además de los productores.

Foto: Carlos Aguilera

Recomendamos establecer tanto en la LGPAS (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables) como en su Reglamento (que deberá publicarse paralelamente) los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las partes involucradas, considerando los gobiernos estatales, la sociedad (productores, organizaciones, compradores, etc.), y los Consejos Estatales de Pesca y los Comités de Manejo de las pesquerías.

6.- La iniciativa presenta vacíos legales, ambigüedades y elementos confusos, lo que puede impedir su aplicación efectiva. Por ende, recomendamos definir claramente cuál será la autoridad responsable de llevar a cabo los procedimientos administrativos y las sanciones.

Además, hay que incluir en la iniciativa las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica de la SEMAR y afines. También, hay que asegurar que no se requiera modificar el Art. 129 Constitucional referente a las funciones de las fuerzas armadas en tiempos de paz.

7.- Hay preocupaciones ante la posibilidad que el cambio de responsabilidades de una institución civil a una militar limite la transparencia y el acceso público a información sobre el monitoreo e inspección y vigilancia pesquera.

Recomendamos entonces incluir en la reforma de ley que se deberá hacer pública la información relativa a las acciones y resultados del monitoreo e inspección y vigilancia pesquera, incluida información generada por los sistemas de localización y monitoreo satelital.

8.- Finalmente, hay preocupaciones de que se dé la transición de atribuciones antes de que los instrumentos y capacidades necesarios estén instalados en la SEMAR. Por ende, recomendamos incluir un artículo transitorio que defina los instrumentos y capacidades que deberán de estar instaladas en las dependencias antes de la entrada en vigor de la modificación.

Los socios del colectivo (captura de pantalla)