CFE anuncia 2 parques fotovoltaicos en Mexicali, pero Bonilla ya opera su jugada energética con los empresarios

La Comisión Federal de Electricidad  (CFE) inició la puesta en marcha de dos ambiciosos proyectos de inversión pública en Baja California para generar hasta 350 megawatts de electricidad con fuente solar, y explorar nuevos campos de producción en la geotérmica Cerro Prieto.

La geotérmica en Cerro Prieto (La Voz de la Frontera)

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Expansión.

Ensenada, B.C., México, 28 de julio 2020.- Para ello,  el pasado 16 de julio ingresó  en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat, dos Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) para obtener los permisos necesarios con los cuales desarrollar sus proyectos de energía alterna en terrenos del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto del valle de Mexicali.

Contrario a la política energética del gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla Valdez -entregar a consorcios empresariales, vía contrato de Asociación Pública Privada (App) o inversión directa, la generación de electricidad-, la CFE destinará 389 millones de dólares (alrededor de siete mil 810 millones de pesos) al desarrollo de ambos proyectos

El primer plan  “Perforación de un pozo exploratorio (de hasta dos mil metros de profundidad) en el área geotérmica Cerritos, Baja California”- inició su gestión en enero del año 2015, pero es Manuel Bartlett Díaz, Director General de la paraestatal, quien lo concretó en un documento ambiental que busca reevaluar el recurso geotérmico en Cerro Prieto, lugar en donde hoy la empresa de gobierno tiene capacidad para generar 720 megawatts de electricidad aunque sólo produce 540.

La obra, si pasa la evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ejecutará en un plazo de tres años, durará 30 años y generará, con una inversión de 70 millones de pesos, 40 empleos directos.

La CFE destaca en el escrito ambiental que la meta es promover el uso de energías renovables –en este caso el vapor caliente proveniente del subsuelo- para crear energía eléctrica sin contaminación ambiental, labor que permitirá al Pozo Exploratorio Cerritos 1 evaluar las condiciones geológicas, térmicas y factibilidad del área.

La instalación se situará dentro del Campo Geotermoeléctrico Cerro Prieto, propiedad de la CFE en el municipio de Mexicali. Se trata de un predio de siete mil 608 metros cuadrados de superficie que a decir de la comisión, no presenta vegetación de tipo forestal en riesgo.

El segundo proyecto se llama “Central Fotovoltaica Cerro Prieto II y III”. Consiste en la instalación, operación y mantenimiento de dos parques fotovoltaicos (energía solar) con capacidad de 150 y 200 megawatts (MW), respectivamente, para un total de 350 MW.

Ambas Centrales Fotovoltaicas (CFV) buscan tener un permiso ambiental por 30 años para trabajar dentro del Campo Geotermoeléctrico de Mexicali, precisamente en el área de reserva donde originalmente se pretendía perforar nuevos pozos geotérmicos.

Usarán una superficie de mil 81 hectáreas en donde según versión de la dependencia federal, no existe vegetación de tipo forestal susceptible a daño.

La paraestatal estima que cada parque energético se construirá en 12 meses, con fechas tentativas de entrada en operación comercial, para la Central Fotovoltaica Cerro Prieto II (de 150 MW de capacidad), en mayo de 2023; mientras que para Cerro Prieto III (de 200 MW) el plazo se fijó para mayo del 2029.

El costo de la inversión pública para ambos proyectos será de 388.5 millones de dólares.

El manifiesto ambiental explica que los argumentos que justifican la decisión de aumentar la generación de electricidad con tecnología solar en Baja California, son las características naturales del yacimiento geotérmico en Cerro Prieto, los buenos resultados obtenidos en la generación de energía fotovoltaica por la Central Piloto de 5 MW que opera en Mexicali desde 2012, y el enorme potencial solar de la zona.

“Las extensas regiones desérticas con que cuenta nuestro país, localizadas dentro de la zona conocida como Cinturón Solar Mundial, podrían contribuir significativamente a satisfacer la demanda nacional de electricidad. Por ejemplo, 145,000 MW de centrales solares instaladas en una superficie aproximada de 2,900 kilómetros cuadrados (4% de la extensión territorial del estado de Baja California), son capaces de producir poco más de 317,000 Gigawatts por año, cifra similar al consumo nacional de electricidad durante el año 2018.”

Laguna Salada, en el desierto del valle de Mexicali (El Sol de Tijuana)

La isla energética

Además, la Comisión expresa la idea de retomar el objetivo de incorporar a Baja California al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de electricidad, meta que se canceló el 31 de enero del año pasado cuando el nuevo gobierno federal no incluyó en su programa de inversión el proyecto de construcción, instalación, operación y mantenimiento de un sistema de transmisión de energía eléctrica.

Ese sistema que la Secretaría de Energía de Enrique Peña Nieto licitó internacionalmente en febrero de 2018, tendría una longitud de mil 400 kilómetros circuito en un nivel de tensión de 500 kilovolts y una capacidad de transmisión de mil 500 MW.

Serviría para la interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California al SIN y consistía en entregar la obra a un consorcio empresarial, mediante Contrato de Asociación Pública Privada por mil 100 millones de dólares, a cambio de una concesión de explotación a 30 años.

El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, al presentar un Programa Especial de Energía para el periodo 2015 a 2019, manifestó que, en términos de los sistemas nacionales, Baja California representaba “una isla energética” dado que está aislada con respecto a la red eléctrica nacional.

Reveló que la entidad está conectada con la red eléctrica del Oeste de Estados Unidos y Canadá por medio de la línea de transmisión de California con dos interconexiones: una en Tijuana y otra en la capital Mexicali, situación que se repetía en el caso del gas natural.

Por ello el panista emprendió diversos proyectos de Asociación Pública Privada en el sector, política pública que su sucesor, el morenista Jaime Bonilla Valdez, continúa al pie de la letra.

El empresario gobernador del PAN (Francisco Vega) dejó escuela en eso de los grandes negocios vía APP en el empresaro gobernador de Morena, Jaime Bonilla (Foto: Newsweek México)

El «albazo»

Así, mientras los habitantes de Baja California se distraían con el debate en torno a los matrimonios igualitarios en el estado, 19 de 25 diputados aprobaron que Bonilla incrementara en un 40% la deuda pública de la entidad.

De esa forma los legisladores cerraron un negocio que el nuevo gobierno estatal inició en julio del año pasado cuando el recién electo mandatario se entrevistó en la ciudad de México con Manuel Barlett Díaz, para gestionar soluciones al corto plazo a los problemas de suministro de energía a Mexicali.

En aquella ocasión Bonilla pidió a Barlett la construcción de una nueva planta generadora de electricidad que ayudaría a cubrir el déficit que tiene el valle de Mexicali por hasta 500 megawatts en temporada de verano, carencia que la producción ordinaria de la CFE –hasta dos mil 500 megawatts- no cubre.

La respuesta del funcionario federal fue inmediata. Primero, comunicó a Bonilla Valdez que la empresa del estado mexicano presentaría el proyecto de construcción de una planta generadora de 600 megawatts en San Luis Río Colorado, Sonora.

También informó a Jaime Bonilla que la Comisión Federal analizaría la posibilidad de comprar la energía faltante a la empresa Termoeléctrica de Mexicali, propiedad de la transnacional Sempra Energy a través de su subsidiaria mexicana Infraestructura Energética Nova (IENOVA), que actualmente produce y exporta a California, Estados Unidos, 625 MW de electricidad.

Para este segundo plan Barlett anunció que sería tan fácil como interconectar la planta de Sempra, a la red de la CFE en Baja California.

Y hasta hoy se desconoce si el director de la CFE reveló al gobernador de Baja California el plan de construir los dos parques fotovoltaicos en la Central Termoeléctrica de Cerro Prieto, proyecto que por su dimensión parece poco probable que no lo incluyera en la información que dio al mandatario estatal.

Cabe recordar que el estado supuestamente tenía cubierta la totalidad de sus necesidades eléctricas con la entrada en operación de la planta de otro consorcio transnacional -la española Iberdrola– que el 4 de diciembre del 2017 arrancó en el paraje Costa Azul, de Ensenada, la producción de 314 megawatts de los cuales 294 se entregan a la Comisión Federal

Posteriormente, el 9 de diciembre, Barlett anunció que con una inversión pública de siete mil millones de pesos la paraestatal iniciaría en mayo de este año, para terminar en julio del año 2023, la construcción de la planta termoeléctrica en San Luis Río Colorado (Sonora) con una capacidad de generación de 460 Megawatts que se producirán usando gas natural.

El funcionario federal anunció que una parte de la energía creada en San Luis Río Colorado se hará llegar a Mexicali, versión que este año confirmó Mario Guevara, titular del Organismo de Promoción y Desarrollo en la ciudad sonorense, aunque precisó que la edificación de la nueva fábrica eléctrica iniciará hasta avanzado el tercer trimestre de este año.

Manuel Barltlett y la «isla» energética en BC (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Energía en San Luis Río Colorado para BC

Al respecto cabe indicar que el pasado 15 de junio la CFE informó en un comunicado que por efectos de la pandemia en la economía nacional, se canceló temporalmente la licitación internacional para construir 4 de 5 plantas contenidas en el Plan de Expansión de Infraestructura de Generación de Electricidad de 2019 –las que emprendería en Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California Sur y Veracruz-.

Pero la central de San Luis Río Colorado, la quinta en ese plan de inversión conjunta por 50 mil millones de pesos, continua en marcha por ser considerada “prioritaria” para la población de Sonora y el valle de Mexicali.

Pese a conocer los planes de la CFE para Baja California y Sonora, Jaime Bonilla arrancó el plan para impulsar la firma de un contrato de Asociación Pública Privada con una compañía privada y así construir una planta de energía eléctrica vía endeudamiento del gobierno del estado por 30 años.

El mandatario presentó el proyecto a los  diputados a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial (Sidurt),  y en la sesión parlamentaria del 15 de julio, 19 legisladores aprobaron el dictamen que autoriza al ejecutivo y/o a la Comisión Estatal del Agua (CEA), a firmar un contrato por 270 millones de dólares -seis mil 66 millones de pesos- con una empresa “mexicana” que pondrá en marcha el plan.

De manera extraoficial, el 20 de julio trascendió que la empresa Orden Cardinal S.A.P.I. de CV. (Orca Energy), en dónde aparece como presidente del Consejo de Administración Federico Gabriel Valenzuela Peña, personaje que se liga con miembros de la familia Salinas de Gortari, será la beneficiada con el contrato App que el gobierno estatal licitará en octubre próximo.

La capacidad de producción del plan no se dio a conocer ese día, pero la Sidurt afirmó que la planta servirá para generar la energía que requiere el abasto futuro de agua en la zona costera de la entidad, vía acueducto Morelos.

La Mentira

Pero ante el cúmulo de quejas que originó la jugada de Bonilla con los diputados, Karen Postlethwaite, titular de la Secretaria de Infraestructura, tuvo que declarar -el 19 de julio- que el gobierno se limitará a licitar un contrato a 30 años para comprar energía eléctrica a quien pueda instalar -en 12 meses- una planta fotovoltaica y producir los 400 Megawatts que la entidad tiene como déficit de producción, cantidad en donde se incluyen 80 MW necesarios para operar el sistema de bombeo del acueducto Río Colorado-Tijuana.

Por su parte Jaime Bonilla afirmó que el proyecto ni es una Asociación Público Privada ni significa contraer nueva deuda.

“Lo que el Congreso aprobó fue permitir la firma de un contrato plurianual que en este caso podría ser hasta de 30 años. Y que la empresa que gane la licitación arriesgará su propio dinero (….) la autorización fue para cumplir con el protocolo y someter a licitación la contratación de una empresa generadora de electricidad (…) Nosotros vamos a comprar la electricidad que necesitamos para subsanar el déficit que, por el momento, es de 400 MW, y esto significa un problema tremendo; no podemos operar el acueducto y otros servicios…”

Lo cierto es que el 15 de julio el dictamen no se discutió en comisiones legislativas y tampoco se cuestionó por la mayoría de diputados bonillistas, quienes manifestaron que el decreto que aprobaron tiene como objeto que el Congreso autorice al Poder Ejecutivo “para que celebre un contrato plurianual de energía eléctrica, derivada de una planta generadora de energía solar fotovoltaica para el suministro de energía, siempre que el costo de energía eléctrica por kilowatts sea menor a la tarifa autorizada actualmente”.

El documento también declara: “Se considera viable el decreto para autorizar al Ejecutivo para que directamente, o a través de sus paraestatales, realice gestiones administrativas y financiera para la celebración de un contrato plurianual con una empresa generadora de energía para el suministro de energía”.

El plazo de endeudamiento del estado para el pago del servicio a la compañía privada, una vez que ésta inicie operaciones un año después del arranque de la construcción de la planta, es de 30 años.

Pero fue dos semanas antes de que los diputados aprobaran la que Jaime Bonilla les envió para que lo aprobaran, que conocieron el monto de la deuda requerida para firmar el contrato: 270 millones de dólares, dinero que el gobierno estatal pagará con recursos del erario.

Hoy, aprobado el endeudamiento, se espera que en octubre próximo –Jaime Bonilla quería que fuera en septiembre- se apruebe y publique la licitación del concurso de obra, y que el ganador inicie de inmediato la obtención de los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Bonilla, arropado por su congreso, toma la protesta como gobernador con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como testigo (Foto: Milenio)

La deuda crece

Cabe destacar que de acuerdo con el Informe de Resultados del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas al Primer Trimestre de 2020, que se publicó el pasado 16 de junio por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con base a cifras de la Secretaría de Hacienda, Baja California tenía una deuda y obligaciones fiscales por 15 mil 52 millones de pesos.

Así, el nuevo endeudamiento representa el 40% de ese débito y pone en riesgo el Nivel de Endeudamiento de la entidad que al primer trimestre del año se reportó como “sostenible” en el informe del Centro de Estudios del legislativo federal, así como la estabilidad de los indicadores “medio” y “bajo” que se dio a los rubros de “servicios de la deuda” y “obligaciones a corto plazo con proveedores y contratistas”, respectivamente.

Finalmente, es importante informar que la suma de la deuda del gobierno estatal crece a un total de 21 mil 360 millones si se suma el pago de servicios de la deuda, de inversión y débito a corto plazo a diversos proveedores, contratistas y bancos.

Esa cantidad también se modificará a la alza por el nuevo endeudamiento.