CNDH pide a Bonilla, a sus funcionarios y alcaldes respeto a las libertades de prensa, expresión e información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales de Baja California para que tomen las medidas necesarias con las que se asegure el respeto al pleno ejercicio a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información, y brinden las condiciones óptimas para que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta.

CNDH / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 24 de julio del 2020.- En un escrito, la Dirección General de Comunicación del organismo humanista manifestó que la CNDH, en concordancia con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), acentúa que cualquier restricción en la circulación libre de ideas y opiniones, la imposición de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo violan el derecho a la libertad de expresión.

Esto porque recientemente medios de comunicación del estado manifestaron su preocupación por la ausencia de oportunidades para acceder a información de manera directa, personal, inmediata y pública, sobre distintos temas de interés común, así como por recibir maltrato del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Aparentemente, ello es así porque la Dirección de Comunicación Social del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a cargo de Juan Antonio Guízar Mendía –actualmente positivo al coronavirus SARS COV2 que provoca la enfermedad COVID-19- implantó una política condicionada de medios que incluye:

1.- La presentación de cuestionarios específicos por parte de los periodistas para la realización de entrevistas con funcionarios del estado: 2.- el uso de sitios web oficiales “que, por su naturaleza  -indica la CNDH-, permiten centralizar los contenidos, organizar las fuentes informativas y orientar la navegación de los usuarios, pudiendo incidir con ello en el libre acceso e intercambio de información”.

Bonilla en el único foro donde, según él, se dice la verdad: su programa en internet, aunque también usa a los trabajadores de su empresa PSN para alabar su gestión, o atacar a sus oponentes aún cuando éstos (o éstas) sean o fueron de su propio partido o grupo ´político (Internet).

La imposición de esa política de comunicación es incongruente con la que Guízar Mendía definió públicamente en su plan de trabajo con los medios de Baja California.

Por ejemplo, el 27 septiembre de 2019, en una reunión con personas que entonces estaban propuestas a ser directores de Comunicación Social de los 5 municipios, y enlaces en 18 secretarías del estado y paraestatales, algunos de ellos abierta y públicamente detractores del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena, el coordinador de Comunicación de Jaime Bonilla estableció:

“Los nuevos Lineamientos de Comunicación Social tendrán como claves la austeridad, la honestidad y el respeto a la libertad de expresión.”

Dos y medio meses después (el 6 de diciembre), durante su intervención en la Asamblea General del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) y el XVII Congreso de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), ofreció “respeto y reconocimiento al ejercicio periodístico así, como un manejo transparente de los recursos en materia de publicidad institucional”.

También ser “defensor de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, el cual ejercen en su labor diaria los medios de comunicación.”

Imagen: Revista ¡Siempre!

Pero en su comunicado, la CNDH manifestó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión realizada por la Relatoría Especial de la CIDH, prevé que “la censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión e información”.

Precisa que para la CNDH es de suma relevancia que las autoridades de los tres niveles de gobierno en Baja California reconozcan y difundan la relevancia de la labor que realizan las y los periodistas en beneficio de la sociedad, y de esta manera se fortalezca una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Es necesario crear un frente común para apoyar y defender a quienes, inclusive a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos, y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.”

Y concluye que el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa debe ser prioritario en la entidad, ya que “solo así se asegurará el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y, en consecuencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos.”

Cabe señalar que el pasado 22 de julio el Comisionado del Registro Agrario en Baja California, Eduardo Cota Osuna, luego de rechazar hacer uso de dos opciones a derecho de réplica que 4 Vientos le ofreció para enfrentar denuncias que en su contra hicieron integrantes del Comisariado del Ejido Emiliano Zapata, del valle de Guadalupe, personalizó el sentido de aquella publicación, se victimizó y terminó con una amenaza: demandar a los periodistas de 4 Vientos por el simple hecho de reproducir las declaraciones de sus colegas ejidales.