AMLO presenta Controversia Constitucional contra “toma” de casetas en Playas de Tijuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que el gobierno federal ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional relacionada con un decreto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para “tomar” la caseta de Playas de Tijuana.

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Ensenada, B.C., 22 de julio 2020.- «Es nuestro amigo el gobernador Jaime Bonilla (…), pero en este caso no coincidimos con la decisión que tomó, porque consideramos que no se puede con un decreto de un gobierno estatal cancelar una facultad que le corresponde al Gobierno federal», destacó.

Fue la periodista Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy que edita los medios El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana, quien preguntó al mandatario cuál era su postura sobre el tema, por tratarse de un puesto de recaudación federal, y sobre la acción del gobernador.

La respuesta del presidente fue la siguiente:

“Acerca de esto último tenemos muy buena relación con el gobierno de Baja California, es nuestro amigo el gobernador de Baja California Jaime Bonilla, viene con nosotros en la lucha, lo estimamos mucho.

Pero hablábamos de la democracia, de que no hay uniformidad, hay discrepancias, se tiene que garantizar el derecho a disentir, hay pluralidad y tenemos que acostumbrarnos a eso.

Momentos antes de anunciar que su gobierno presentó el recurso jurídico contra el gobierno de su amigo Jaime Bonilla, López Obrador atestiguó la firma del acuerdo de patrones, trabajadores y gobierno para dar al país un nuevo sistema nacional de pensiones (Presidencia)

Sólo en la dictadura no se puede discrepar (y) se protesta con los dientes apretados; no se puede hablar, eso son las dictaduras; en la democracia no; hay libertades; o sea, lo que está elevado a rango supremo es la libertad por encima de todo y es casi prohibido prohibir.

Entonces, que todo mundo se exprese, que todo mundo se manifieste, pero en este caso no coincidimos con la decisión que tomó el gobernador de Baja California, nuestro amigo, porque consideramos que no se puede con un decreto de un gobierno estatal cancelar un derecho, una facultad que le corresponde al gobierno federal.

Imagínense, si esto fuese así, ahora que vienen las elecciones pues todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Capufe o del sistema federal.

Pero en este caso…”

En este punto de su respuesta, intervino el secretario de Hacienda Arturo Herrera, presenta en la conferencia matutina del mandatario en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, para comentar: “O el IVA”.

López Obrador retomó la palabra para expresar:

“Sí, un decreto para que no se cobre el IVA. Entonces, eso no se puede.

Bonilla, después de su actuación ilegal, exigió que el gobierno federal lo enfrentara en tribunales. Bien, su pedido al fin fue atendido por la Presidencia de la República (Foto: Gobierno del Estado)

“Además, no es conmigo, es con la ley. Nosotros ya presentamos una controversia constitucional y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso. Pero eso no significa pelearnos, no, es discrepar, tener puntos de vista diferentes. Pero sí, no podemos aceptar esas decisiones.”

Esta es la primera vez que la Presidencia reacciona directa y legalmente, de manera clara, precisa y contundente, a una polémica jurídica de alcance nacional mediatizada por el gobernador Bonilla Valdez, quien el pasado 8 de julio anunció la publicación de un decreto para eliminar las casetas de peaje del tramo carretero Tijuana-Playas Rosarito, ubicadas en el kilómetro 11 de la autopista Tijuana-Ensenada y operadas por el gobierno federal a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Horas después de que el mandatario estatal “liberara” las casetas en Playas de Tijuana, el Secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú manifestó en un comunicado que lo hecho por Bonilla era un acto es ilegal que invadía la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo federal que, por conducto de la dependencia a su cargo, “otorga concesiones y permisos para explotar, construir y operar carreteras federales y autopista, así como vigilar técnicamente su funcionamiento.”

En la madrugada del 9 de julio, más de 160 efectivos de la Armada y la Guardia Nacional, resguardados con más de 30 vehículos militares, restablecieron la operación normal de las casetas de cobro para la federación lo que a su vez provocó que pequeños grupos de personas intentaran retomar el lugar hasta que Jaime Bonilla manifestó que esas acciones debían terminar.