Acusan a comisionado del Registro Agrario en BC de cometer actos de corrupción

Por acaparar tierras, violar las leyes y reglamentos agrarios y afectar al ambiente en el Valle de Guadalupe, Eduardo Cota Osuna, comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Baja California, acumuló dos nuevas denuncias administrativas en su contra por parte de integrantes del Comisariado del Ejido Emiliano Zapata que se asienta en la región vinícola.

Oscar Tafoya / Monitor Económico / Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: la Universidad de Hidalgo, hoy bajo investigación de Hacienda, tiene un antecedente destacable con el funcionario federal ensenadense (Sin Embargo).

Ensenada, B.C., a 21 de julio del 2020.- Las denuncias las presentaron integrantes del Comisariado ejidal con quienes el funcionario federal enfrenta diversos conflictos de carácter agrario, legal y personal desde hace al menos 10 años.

En los documentos acusatorios  se atribuye a Cota ser prestanombres de un grupo de académicos y empresarios presuntamente vinculados con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró, en febrero de este año, un esquema que recuerda la llamada “estafa maestra”.

Ello porque de acuerdo con el auditor federal, la universidad hidalguense ilegalmente subcontrató 4 de 7 servicios que obtuvo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) -por adjudicación directa y un monto de 279 mil 153 pesos-, para que proporcionará servicios informáticos que no cubrió directamente por no contar con la infraestructura técnica y humana para ello.

Las acusaciones contra Eduardo Cota se presentaron el pasado 20 de febrero ante la Dirección de la Auditoría Ambiental de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) -encabezada por Mario Escobedo- y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Baja California.

Hasta hoy, aparentemente por efectos indirectos de la pandemia Covid-19, los expedientes no rinden frutos.

En ambos documentos –Monitor Económico tiene copias certificadas de “recibido” por las dependencias-, también se acusa al funcionario federal de violar diversas disposiciones de las leyes Agraria y Ambientales en perjuicio del patrimonio y conservación territorial del Ejido Emiliano Zapata que se ubica en la porción norte del Valle de Guadalupe, Ensenada, de donde es originario el comisionado del RAN.

Eduardo Cota, primero de derecha a izquierda (Reforma)

Las denuncias revelan que Osuna tomó posesión de la delegación del Registro Agrario en Baja California en abril de 2019, y de inmediato aprovechó el cargo para ejercer un control absoluto y personal de las instituciones campesinas, incluida la Procuraduría Agraria.

“Se trata de una zona (en) donde la tierra adquirió una gran plusvalía en los últimos 15 años y pertenece a la denominada Ruta del Vino”, indica uno de los escritos.

Del mismo modo se informa que el 11 de marzo Marisela Gutiérrez Manzo, Presidente del Comisariado del Ejido Emiliano Zapata, envió un oficio al Senado de la República en donde se describen “los hechos arbitrarios” cometidos por Cota Osuna.

Esos acontecimientos, agrega la querella, consisten en que Cota, ya como funcionario federal, utilizó el Registro Agrario para ingresar una solicitud de obtención de siete certificados agrarios derivados de una cesión de derechos que hace años hizo a título gratuito a favor de altos directivos de la universidad hidalguenses, quienes anunciaron que en el terreno donado, de 50 hectáreas de superficie, construirían un Centro de Investigación de Enología y una carretera, trabajos que hasta la fecha no se ejecutan.

“Dichas cesiones se suman a los 2 derechos agrarios que el (hoy) empleado público ya tenía en su calidad de ejidatario, acumulando así 9 títulos”, revelan los ejidatarios en tanto que Cota Osuna ha dicho que tramita los certificados a su nombre porque otros ejidatarios y «avecinados» que decidieron crear una sociedad cooperativa en el año 2019 para enfrentar a grupos corruptos de funcionarios y ejidatarios que limitan sus derechos, así lo decidieron, aunque los títulos se depositarán ante notario para darle certeza legal al acto y evitar acaparamiento de tierras a su nombre.

Los denunciantes agregan que no fue sino hasta el inició la actual administración federal que se iniciaron dos obras en el terreno cedido por Cota a la universidad: un restaurante y un complejo hotelero que nada tienen que ver con el proyecto que se prometió en el primer trimestre del año 2015, pero que a decir del funcionario son parte de los proyectos que tienen los 12 integrantes de la cooperativa, entre ellos él.

Así, “con su cuestionable proceder”, agregan los ejidatarios, Cota Osuna viola el artículo 27, Fracción VII de la Constitución, así como el artículo 47 de la Ley Agraria, los cuales establecen que “dentro de un núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales”.

El 2 de septiembre de 2019, Emmanuel Ameth, colaborador de la Agencia Quadratín en Hidalgo, escribió: Humbeto Veras Godoy, entonces rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y hoy diputado local por Morena en el Congreso Estatal, así como Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, ocuparon el nombre del alma mater para recibir la donación de un predio de 50 hectáreas en el municipio de Ensenada, Baja California; su uso sin embargo, es particular y no figura como patrimonio de la institución. Lo anterior, bajo promesa de invertir 300 millones de pesos para la instalación de un Centro de Investigación Enológico. Actualmente, buscan en la figura de Daniel Alberto Sánchez Cabrera, director de la Preparatoria No 1 de esta institución, hacerse de aún más tierras en Baja California. A 4 años de la donación, esta se hizo en ’lo oscurito’, pues no figuró comunicación institucional sobre la operación por parte de la UAEH y el mismo no forma parte del patrimonio universitario, según se puede consultar en la web de la institución, además de presentar irregularidades conforme la Ley Agraria (Imagen; Quadratín).

Explican que “la extensión territorial del Ejido Emiliano Zapata es de aproximadamente 8 mil hectáreas, por lo cual la violación consiste en que el funcionario federal posee con esos 9 derechos agrarios el equivalente a mil 342 hectáreas, concentrando el 16.77 por ciento de las tierras ejidales”.

La respuesta de los ejidatarios ante el aparente abuso de poder de su compañero, con quien por años han sostenido diferencias por la posesión de la tierra ejidal y los órganos de gobierno y auditoría del ejido, fue elevar una queja en el órgano de control interno del RAN -en octubre de 2019- sin que a la fecha se investigue y resuelva el problema.

Asimismo, el Comisariado del Ejido acusa infructuosamente a Eduardo Cota de ser prestanombres de un grupo selecto de directivos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y de Marco Antonio Ortiz Salas, líder nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).

Esa inacción de los órganos anticorrupción del gobierno federal en el caso, finalmente hizo crisis en febrero pasado cuando Daniel Alberto Sánchez Cabrera, director de la Preparatoria 1 de la UAEH, así como Ortiz Salas y Francisco Segoviano Trujillo, asimismo dirigentes nacionales del Frente Auténtico del Campo (FAC) -colectivo civil abiertamente opositor al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde que éste canceló la entrega de apoyos al campo a través de ese tipo de organizaciones-, solicitaron su reconocimiento como “avecindados” del Emiliano Zapata.

Al mismo tiempo Eduardo Cota, quien además representa en Baja California a la CODUC gracias al apoyo de Ortiz Salas, Segoviano Trujillo y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en junio pasado apresuró el trámite de solicitud para obtener a su nombre los siete certificados agrarios en donde se construyen el hotel y el restaurante.

A esos hechos los denunciantes agregan el tema de los presuntos daños ambientales que el funcionario federal permite para proteger los proyectos de inversión de sus amigos y de él mismo en Guadalupe.

Indican que las obras de construcción que se hacen en una de las parcelas cedidas en 2015 por el funcionario a la universidad hidalguense, no cuentan con los permisos ambientales del estado y la federación.

En su reportaje de septiembre del 2019 para Quadratín, Emmanuel Ameth escribió: “La misma UAEH comercializa un vino de Valle de Guadalupe, aunque no da mayores referencias sobre el mismo. También señalaron que habría un complejo inmobiliario donde se edificarían casas de campo para diversos personajes hidalguenses. La UAEH actualmente tiene cuentas congeladas por parte de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que mantenía la investigación hasta mayo del 2020) derivado de un presunto lavado de dinero, cuya suma asciende a más de 3 mil millones de pesos. La UAEH también mantiene estrecha relación con la CODUC, quienes han estado presentes en diversos eventos del patronato de la UAEH (Imagen: Criterio Hidalgo).

Además, hotel y restaurante “violan el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe, aprobado por el gobierno de Baja California en 2006 y el cual establece que no se puede construir en esa zona al ser considerada como una Unidad de Gestión Ambiental de tipo de protección, la más alta que existe en el señalado programa.”

A continuación enumeran los daños ambientales que supuestamente provocan las obras:

1.- Construcción de caminos en las laderas de las montañas cercanas a las obras, lo cual “atenta contra el equilibrio ecológico de la zona y su frágil ecosistema”, ya que además de vegetación de tipo chaparral se han localizado cactáceas que se encuentra bajo protección especial.

2.- El reglamento de protección del Valle de Guadalupe señala que la conservación de paisaje es unas de las piedras angulares del programa, pero las construcciones “que encabeza Cota, atentan contra este principio ya que se ha rebanado un cerro y rompe la estética natural del Valle de Guadalupe”.

Recuerdan que en la carta-denuncia que el ejido envió al Senado de la República se menciona que “la cesión de los (siete) derechos agrarios a (Eduardo) Cota es en la misma parcela donde tiene lugar la construcción del restaurante y el hotel”.

Por ello, finalmente advierten que el empleado federal también viola disposiciones en materia de uso de suelo, ya que las parcelas donde se realizan las dos construcciones  tienen utilización agrícola.

“… (Pero) el funcionario del RAN las está utilizando para uso de servicios turísticos y de otra índole, lo que va en contra de lo que establece la Ley Agraria.”