PLUMA DE NEÓFITO: Narcomenudeo, un negocio redondo (2ª de 3 partes)

Pensar que el Gobierno de Baja California no está involucrado o coludido con el narcomenudeo y el cártel que lo controla, es como aceptar y reconocer que el sonido viaja a una velocidad mayor que la luz.

Antes de comenzar esta entrega, deseo comentarles lo que siempre digo: durante mi vida he aprendido diferentes lenguajes y diferentes tipos de lecturas de tal suerte que, tras años de observación, análisis, interpretación y reinterpretación de la información, los hechos y las acciones torno a «El Crimen Organizado Mexicano» hoy puedo leer y entender lo siguiente: la venta ilegal de drogas en algunas entidades del país, como por ejemplo Baja California, ha prosperado gracias al apoyo directo de las autoridades estatales y municipales y, pensar que el gobierno actual de Baja California, no está involucrado o coludido con el narcomenudeo y el cártel que lo controla, es como aceptar y reconocer que el sonido viaja a una velocidad mayor que la luz.

Ricardo Jiménez Reyna* / 4 Vientos

Determiné entregar esta colaboración hasta estas fechas para seguir observando los hechos que están aconteciendo en la entidad, hechos que por sí solos arrojan luces y conocimientos extraordinarios torno a la vida política, económica, social y criminal de la entidad ya que, como Baja California está bajo el control de «El Crimen Organizado Mexicano» y principalmente, por «El Cártel Jalisco Nueva Generación» y su asociado en la entidad «El Cartel de los Arellano Félix», es importante interpretar todos los actos del gobierno actual en la entidad bajo esta perspectiva ya que, desde mi leal saber y entender, cuando una entidad federativa está bajo el control de estas agrupaciones criminales, todas las decisiones de gobierno, tanto estatal como municipal, así como también legislativas y judiciales, están enfocadas a beneficiar no a individuos en lo particular, sino a la organización en lo general.

Por tal motivo, he determinado analizar las acciones y decisiones gubernamentales, legislativas y judiciales del Gobierno del Estado y los otros dos poderes en la entidad no con una visión política, porque eso sería un error de apreciación, sino con la lupa de «El Crimen Organizado Mexicano» porque, al final de cuentas, considerar esta posibilidad resultará más atinada y más ilustrativa para ejemplifica el poder que tiene el narcomenudeo como un negocio redondo y, además, también es evidenciar el poder que esta actividad tiene sobre las conciencias de los gobernantes sin importar las siglas partidistas que estos tengan; quiero aclarar que los hechos aquí analizados no están ordenados cronológicamente ya que eso significaría un trabajo más arduo y se ocuparía mayor tiempo, de ahí que he determinado solo tomar las acciones y las decisiones en forma aleatoria, pero lo más apegado a una cronología real.

Solo deseo aclarar que, si estas acciones y decisiones fueron tomadas por un sistema gubernamental emanado de las filas del mismo partido político que actualmente gobierna al país, es importante imaginar qué no harán los gobiernos estatales y municipales cuyos intereses políticos y económicos no son iguales a los intereses del gobierno federal y que, sus representantes, se han declarado verdaderos opositores no del sistema gubernamental de la federación, sino del mismísimo jefe del ejecutivo federal, el señor Andrés Manuel López Obrador  y solo me resta preguntar: Si el señor gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, Jaime Bonilla Valdez,  quien dice ser amigo y aliado del señor presidente de la República Mexicana, está favoreciendo con sus actos y decisiones de gobierno a «El Cártel Jalisco Nueva Generación» ¿qué podrá esperarse de aquellos que no son amigos y aliados de AMLO? Es por ello que aquí cabe aplicar el viejo refrán que reza: «Si estos son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos compadre?

Es sabido por la mayoría que desde el sexenio de José Guadalupe Ozuna Millán, Ensenada era disputada por los cárteles de la droga para ejercer un dominio total en la plaza ya que, aunque no lo queramos reconocer, este municipio es de vital importancia no solo para la exportación de la droga hacia Estados Unidos, sino también para la distribución de la misma en otras plazas de la entidad. Por ejemplo: desde Ensenada se distribuye la droga que se consume en Rosarito, Tijuana, Tecate, San Felipe y Mexicali ya que, esta ciudad y puerto funciona como algo parecido a un Centro de Distribución donde se reparten los paquetes provenientes de los municipios de Baja California Sur, estado por el cual ingresa vía marítima o aérea, la droga proveniente de Jalisco, Michoacán y Colima.

Como paréntesis quiero aclarar: tal vez, y este tal vez es muy amplio y generoso, si Jaime Bonilla Valdez leyera este artículo diría: «Este seudoperiodista está loco, no sabe lo que dice porque yo soy un hombre honesto, trabajador y comprometido con las causas populares de los bajacalifornianos, yo fui elegido como Gobernador de todos los ciudadanos de mi estado y no tengo necesidad de andar apoyando a ningún delincuente», después, seguro daría un informe detallado de todos los centros llamados «tienditas» que su gobierno ha «tronado» como evidencia de su labor contra el narcomenudeo y además completaría esta información con las detenciones de presuntos narcomenudeístas y gatilleros de «El Crimen Organizado Mexicano»; pero quizás no diría que todos estos golpes al narcomenudeo fueron propinados a «células del Cártel de Sinaloa», enemigos de los cárteles «Arellano Félix y Jalisco Nueva Generación» y lo peor del caso, es que, de esto último, existe evidencia periodística e informativa de que así está ocurriendo actualmente en la entidad, como ejemplo: «El Grupo de Los Venados» a quien se le achaca el homicidio del Ministerio Público del Fuero Común encargado de la lucha contra el narcomenudeo en Ensenada, homicidio cometido el pasado mes de abril de este año.

Algunos de los integrantes del grupo Los Venados (Foto: Internet).

Bien, volviendo con Ensenada. Cómo el territorio de este municipio es muy amplio, la administración del mismo es más difícil y, cuando se trata de una actividad criminal, es mejor sectorizar el territorio y tratar asuntos de negocios con autoridades locales, esto es con autoridades municipales; de tal suerte que, recién inició la administración de Bonilla, el congreso autorizó la municipalización de San Quintín y esto significa para «El Crimen Organizado Mexicano» un logro, pues teniendo el control de aquella zona, resultará más fácil continuar con su labor criminal de manera impune porque este proceso genera no solo un vacío de poder, sino también un estado de tensión social, fenómeno que no solo favorece al o los cárteles de la droga, sino también facilita sus actividades ya que, digámoslo así, las agrupaciones criminales comienzan con el pie derecho sus labores pues, como San Quintín ya está controlado por «El Cártel Jalisco Nueva Generación» será más fácil nombrar un presidente municipal, regidores y comandantes policiacos que obedezcan a los intereses de esta agrupación criminal y no a los intereses de la población de aquella región. Aquí puede aplicarse el antiguo principio de la guerra: «divide y vencerás».

Aunque parezca una historia de ficción, lo que ocurre en Ensenada y básicamente con la zona sur del municipio es una realidad, basta con recorrer toda la zona sur del municipio, pasando Santo Tomás, para darse cuenta de la ausencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública de los tres niveles de gobierno ya que, indiscutiblemente puede considerarse como una tierra de nadie pero sí como tierra de «El Crimen Organizado» y básicamente de «El Cártel Jalisco Nueva Generación». Actualmente ya toda la península está bajo el control de esta agrupación criminal, lo cual ha vuelto a todo este territorio en un corredor por el cual circulan libremente: Armas, Drogas, Personas, Dinero en Efectivo e incluso lo que se conocen como esclavos sexuales y laborales y de ahí que Ensenada y ahora San Quintín, sean los puntos estratégicos para el desarrollo de estas actividades ilícitas.

Ahora bien, la intentona de reformas constitucionales, la primera para perdurar en el poder durante cinco años y la segunda para reducir el mandato de próximo gobernador de seis a tres años. El objetivo fundamental de estas fallidas reformas no eran con el ánimo de seguir sirviendo al pueblo de Baja California, al contrario, el objetivo era manipular las leyes para el beneficio de los cárteles de la droga que controlan y dominan la entidad ya que, si Bonilla permanecía en el poder, esto garantizaría a los cárteles «Jalisco Nueva Generación y Arellano Felix» seguir trabajando en la impunidad, la ilegalidad y en la insurgencia y así lograrse posicionar ciento por ciento en la vida pública, económica, social y cultural de la entidad.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California que permitía al gobernador Jaime Bonilla Valdez permanecer en el poder cinco años, tiempo suficiente para que los cárteles cumplieran su objetivo; este acto soberano del máximo organismo jurídico de la nación, molestó a Bonilla, sin embargo ya no pudo continuar con sus intenciones pues hubiera resultado desgastante para él y sus aliados seguir en esta lucha; de ahí que, al observar el franco debilitamiento de su popularidad y sabedor que las elecciones tal vez no favorezcan a su partido MORENA, Bonilla intentó una nueva reforma: Reducir de seis a tres años el próximo mandato del futuro gobernador ya que, si este resulta ser contrario a los intereses de los cárteles en cuestión, no tendría tiempo suficiente para erradicarlos y, si, resulta ser que el futuro gobernador de Baja California es propicio para estas agrupaciones delincuenciales, tres años son suficientes para que estas se consoliden en el territorio bajacaliforniano como lo hicieron en Baja California Sur. Sin embargo, en esta ocasión, el Congreso de Baja California no logró conciliar los intereses y esta reforma fue denegada por no contar con los votos requeridos para este fin.

Pero qué decir de la reforma que permite a los diputados y presidentes municipales reelegirse sin abandonar el cargo, este fue un golpe maestro por parte de Bonilla y sus aliados al estado de derecho porque, sencillamente, si dichos funcionarios tienen la comodidad de seguir en su puesto, esto les facilita su labor electoral ya que contarán con el apoyo del aparato estatal para que puedan seguir en el cargo y así, continuar legislando y administrando para beneficiar a los cárteles de la droga que tienen el control y el dominio de la entidad. Tal vez usted, mi estimado lector pregunte: ¿Por qué afirmar esto? Bueno, sencillo, porque si los miembros de la XXIII legislatura continúan en su puesto, gracias a que hicieron campaña desde la comodidad de su puesto, estos tendrán un compromiso moral y político con Jaime Bonilla Valdez y con su aliado político y maestro Xicoténcatl Leyva Mortera quien, histórica y periodísticamente es reconocido como el benefactor del cartel «Arellano Félix» y, de esa forma, podrán detener o aprobar cualquier reforma que perjudique o beneficie a los cárteles de la droga. Con respecto a la reelección de los presidentes municipales, ocurre algo parecido y más con el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, incondicional y socio de Jaime Bonilla Valdez, quien funge como protector de los intereses en este municipio del actual gobernador y, de continuar en el poder, el alcalde ensenadense se encargará de salvaguardar los intereses del bonillismo y de dichos cárteles desde la comodidad de la oficina del Palacio Municipal porque, es sabido por todos, que la corrupción de las corporaciones policiacas municipales es el resultado de una componenda entre el alcalde, los regidores y los altos mandos de la policía municipal; tan solo, como ejemplo una pregunta: ¿Quiénes son los encargados de ratificar a los directores de seguridad pública municipal que normalmente son propuestos por el gobernador del estado?

Los resultados de la pugna por el control del lucrativo negocio del narcomenudeo en las calles de cualquier ciudad del país: restos humanos en bolsas de plástico (Foto: Infobae).

Efectivamente, el cabildo y si en las próximas elecciones es electo un gobernador que no obedece a los intereses del crimen organizado y este propone directores de seguridad pública que atenten contra los intereses no solo de estos grupos, sino del bonillismo, téngalo por seguro que será una labor difícil para el próximo gobernador cumplir con su deber debido a la falta de consenso y apoyo en los ayuntamientos.

Por otra parte, un hecho innegable es el siguiente: caminos libres de peligros es una premisa fundamental para el sano desarrollo de la actividad delictiva y, ¿a qué me refiero con esto? A lo siguiente: Mientras más rápidos, más planos y más desprotegidos por las autoridades federales sean los accesos a las ciudades, estados y fronteras, más libre de peligros es un camino y menos riesgoso para «El Crimen Organizado Mexicano» y esto, mis estimados lectores, solo se puede lograr con vías de comunicación a cargo de los gobiernos estatales y municipales bajo el control y el dominio de los cárteles de las drogas.

Si el narcotráfico cuenta con carreteras libres de la presencia de las autoridades federales y militares, mucho mejor, menos dinero que invertir en personas corruptas, menos riesgos de perder cargamentos, menos posibilidades de decomisos de drogas y dinero y por supuesto, más eficientes y efectividad no solo en el tráfico de drogas, armas, personas y efectivo, sino también mayor capacidad de respuesta logística y movilidad de los brazos armados del crimen organizado. Bueno, ya esperaba que Jaime Bonilla Valdez hiciera algo para tener el control del estado de la única vía de comunicación que cumple con los requisitos arriba mencionados, la autopista escénica y este hecho ocurrió, en días pasados el gobernador del estado ordenó la publicación de un decreto en el cual el Gobierno Estatal expropiaba la caseta de cobros ubicada en Playas de Tijuana y todo el tramo carretero correspondiente argumentando que solo así se cumpliría con un principio constitucional y con un compromiso de campaña hecho con los residentes de aproximadamente diecisiete fraccionamientos ubicados al sur de la delegación de Playas de Tijuana, fraccionamientos populares por supuesto (perdón por el sarcasmo).

Sinceramente pienso que Jaime Bonilla Valdez y todos sus aliados han intentado tapar el sol con un dedo, han querido engañar al pueblo de Baja California con actos que rayan no solo en el cinismo, sino también en la inconstitucionalidad y la impunidad puesto que, lo hecho por el gobernador del estado en la Caseta de Cobro puede considerarse como un verdadero atentado a la Seguridad Nacional y El Federalismo, por favor, si estoy en un error que los abogados constitucionalistas me corrijan; este acto de gobierno es un mensaje a las y los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Federal y también a las fuerzas armadas del país de que, en Baja California o se hacen las cosas como el gobernador dice o se hacen y creo que también es un mensaje a los gobernadores de los estados que forman lo que yo llamo «Federación de Estados Mexicanos», tema que fue tratado en colaboraciones anteriores, mensaje que dice entre líneas: «Esta es la estrategia a seguir para lograr que se cumplan nuestros propósitos» de ahí que, desde mi perspectiva, este simple hecho de la supuesta expropiación de la caseta y todo el tramo carretero, es una intentona más del gobernador de apoyar a sus socios del narcotráfico para facilitarles sus actividades ilícitas.

Puedo seguir escribiendo toda la tarde y toda la noche sobre diversas acciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez que ponen de manifiesto sus nefastas intenciones, pero a la verdad, pienso que con estas es suficiente y nuevamente pregunto a manera de conclusión: ¿Usted creé que el gobierno de Baja California apoya a los narcomenudeístas? Sí o No.

*Editor, redactor, escritor, columnista, periodista y crítico político independiente.