Asesinato, tortura, abuso de fuerza, negligencia médica, indefensión jurídica: de todo en el sistema de seguridad de BC

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió el pasado domingo 12 de julio cuatro recomendaciones a los titulares de los gobiernos de Mexicali, Tecate y Tijuana, así como al Servicio Médico Forense (Semefo) del Poder Judicial del Estado, por presuntamente cometer violación a derechos humanos de ciudadanos que originaron la ejecución de delitos graves como muerte de persona en celdas, tortura, negligencia médica, uso excesivo de fuerza, indefensión jurídica y falta de atención médica, entre otros.

4 Vientos / Imagen principal: El Universal

Ensenada, B.C., a 13 de julio del 2020.- A través de comunicados de prensa, el titular de la comisión, Miguel Ángel Mora Marrufo, reveló que el organismo humanista pidió a los responsables de las dependencias públicas que reparen los daños ocasionados a las víctimas e indemnicen a los familiares los términos dispuestos por las Leyes General y Local de Víctimas.

La primera recomendación la dirigió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM) porque policías de la corporación presuntamente cometieron actos de tortura en contra de un hombre. Esto en hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2019 y quedaron grabados en videos cuando los agentes golpearon a la víctima en el interior de una patrulla.

La Comisión pidió al gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda que ordene y aplique un curso integral en materia de derechos humanos, específicamente en la aplicación del “Protocolo de Estambul”, al personal de la DSPM, aparte de capacitar a los policías en tácticas operativas que garanticen la integridad y la seguridad personal, y evite la aplicación de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a la población.

El segundo caso es una Recomendación al Ayuntamiento de Tijuana que preside Arturo González Cruz por presunta violación a los derechos a la seguridad jurídica y a la vida. Ello en contra de un hombre que acreditó faltas graves de una juez calificadora y dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en acontecimientos que sucedieron el 17 de julio de 2017.

La investigación encontró que la víctima fue detenida por dos policías y trasladada a las instalaciones de la Delegación Mesa de Otay para posteriormente ser presentada ante la juez calificadora en turno, quien estableció una sanción de arresto de 10 horas al detenido pese a que éste requería de atención médica. Horas más tarde, el hombre murió en las celdas.

Por esta situación, la Comisión recomendó emitir un protocolo o manual de actuación institucional para que policías y jueces municipales aseguren la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia. Además, pidió al alcalde que ordene la designación de personal médico en todas las delegaciones municipales de Tijuana para que los detenidos sean certificados por un perito médico antes de ser presentados ante el juez calificador.

La tercera Recomendación se giró a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate -municipio que preside Zulema Afams Pereyra- por un arresto con uso excesivo de la fuerza pública, acción ilegal que afectó a un hombre que se accidentó el pasado 15 de julio del 2017.

Con base en los registros preventivos, la persona intentó huir pero chocó con la patrulla que atendió el reporte. Aún así se dio a la fuga sólo para que los policías lo obligaran a detener la marcha de su automóvil y ser agredido de manera violenta en el tórax y la cabeza, además de sofocarlo con el uso de tácticas de asfixia.

El detenido fue llevado a la comandancia de la dirección de seguridad y sus heridas no fueron certificadas sino hasta 24 horas después en que se le diagnosticó tener lesiones que requerían su inmediata hospitalización porque tardarían al menos 15 días para sanar. Pese a ello, fue conducido directo ante el agente del Ministerio Público quien determinó su libertad luego de 48 horas en prisión preventiva.

El herido acudió entonces a un médico privado quien certificó que tenía una abertura en la parte posterior de la oreja derecha, diversos hematomas en los brazos y en de la espalda, así como una fractura de peroné en la pierna derecha por lo que fue inmovilizado con yeso e incapacitado laboralmente por tres semanas.

 

«Por lo anterior -indicó el documento de Recomendación-, se ha recomendado un protocolo de actuación apegado a los lineamientos que estipula la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado, así como el informe del uso de la fuerza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de evitar la repetición de hechos similares y con el objetivo de extinguir el patrón sistemático y reiterado de violaciones a derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza.»

Y la cuarta Recomendación se dirigió al Servicio Médico Forense luego de que el 16 de marzo del 2019 una doctora legista determinó que un hombre de 51 años murió por estrangulamiento, cuando en realidad perdió la vida por una sobredosis de la droga conocida como «fentanilo» cuando se bañaba en la regadera de la casa de su hermano.

El dictamen erróneo de la legista originó una investigación por homicidio, pero el hermano del fallecido presentó una queja ante la CEDHBC en contra quién determinó falsamente la causa de muerte.

El 9 de mayo, dos peritos legistas adscritos al Semefo realizaron una nueva necropsia al cuerpo y establecieron como causa de la muerte una “depresión cardiorrespiratoria secundaria a fentanilo”. Siete días después se permitió a los familiares recibir el cuerpo para incinerarlo.

Por semejante negligencia, la comisión derechohumanista pidió al poder judicial del estado que realice las gestiones necesarias para que los certificados y dictámenes establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Semefo, se realicen por dos médicos legistas y éstos se apeguen a la legalidad en su trabajo.