Marina y GN retoman la caseta de Rosarito. Bonilla en aprietos por su acción ilegal. «No es el fin del capítulo», dice el mandatario

A las 3 de la madrugada de hoy, fuerzas armadas encabezadas por la Guardia Nacional y la Marina de México recuperaron para la federación la caseta de peaje ubicada en Playas de Tijuana;  esto en el kilómetro 9.7 de la autopista Tijuana-Ensenada.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Facebook

Ensenada, B.C., 9 de julio 2020.- Lo hicieron en un vistoso operativo en el que participaron más de 160 elementos de las fuerzas armadas y 30 vehículos artillados.

A partir de las 3:15 horas, el cobro a los usuarios de esa vía nacional de comunicación se reanudaron en un puesto de peaje que de acuerdo con información del gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, reporta anualmente ingresos a la federación por 260 millones de pesos; es decir, 5 millones semanales.

La acción militar se dio luego de que el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), ingeniero Javier Jiménez Espriú, solicitó el apoyo de la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) para recuperar las instalaciones que tomadas horas antes al amparo de un decreto del mandatario estatal, quien manifestó este día a la agencia de noticias AFN cuando volaba a la Ciudad de México para asistir a una reunión previamente pactada en materia de seguridad: «Este no es el fin del capítulo».

– «¿No temes que te detengan», preguntó AFN al gobernador al recordar que la SCT informó previo al operativo militar que tomaría medidas legales en su contra por «tomar» la caseta.

– «No, esperaré lo que venga», respondió

Ocho horas antes del operativo, mediante un comunicado de prensa, la SCT calificó el decreto de Bonilla como un acto de gobierno ilícito y violatorio de la Constitución Política del país y de otras leyes generales de la nación.

Además, la presencia de los militares y la Guardia Nacional se originó luego de que, al amparo del decreto del mandatario estatal de extracción morenista, personal del gobierno del estado y de la fiscalía local “cancelaron” la concesión de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) sobre la caseta de peaje y se hicieron físicamente de la instalación en un par de actos a los que asistió el propio gobernador.

Ante el despliegue de la fuerza federal que solicitó al personal de la fiscalía y guardia estatal retirarse de la caseta que tenían secuestrada, los empleados del ejecutivo evacuaron el sitio sin que hubiera un solo incidente.

Los Ministerios Públicos Federales presenten en el acto estuvieron listos para recibir cualquier persona que fuera consignada en caso de que se impidiera la restitución del bien público federal.

“El propósito de la acción es mantener el estado de derecho en el país  y garantizar que las instituciones del Estado Mexicano velarán en todo momento por la paz social y el respeto a la constitución”, expresó un comunicado de la Guardia Nacional tras el operativo.

El pasado 29 de marzo, al inaugurar el polideportivo en la colonia Santo Niño, en Mexicali, el Presidente López Obrador dijo: “El gobernador es mi amigo, me apoyó siempre en los momentos más difíciles cuando teníamos que convencer a muchos, cuando había miedo, cuando todos querían ir a la seguro, cuando se pensaba de que nunca la mafia del poder iba a permitir una transformación democrática en México”. ¿Seguirá expresándose así de su amigo?

Ayer miércoles por la noche, la SCT advirtió en un primer comunicado que aplicaría el Estado de Derecho en el caso porque la acción del ejecutivo estatal era ilegal.

Al no haber una reacción del gobierno de Baja California a la advertencia se aprobó la acción de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, cuyo jefe supremo es el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

A las 7 de la mañana de hoy trascendió que el decreto de Bonilla Valdez, así como los videos y notas periodísticas del mandatario, sus funcionarios y seguidores relativas a la “toma” de la caseta, son analizados por las áreas jurídicas de la SCT, la Secretaría federal de la Función Pública y la Fiscalía General de la República.

Ello para deslindar responsabilidades administrativas y penales que ordinariamente se aplican a ciudadanos y activistas que cometen delitos que son perseguidos de oficio en materia de obstrucción a vías generales de comunicaciones, atribución ilícita de funciones públicas y actos de corrupción.