Vecinos de Piedras Negras pelearán por área verde regalada al PT; éste reacciona con amenazas

El Partido del Trabajo (PT) enfrentará una demanda política en el congreso de Baja California y juicios administrativos y penales en tribunales federales, por la enajenación del dominio público, a título gratuito, de un terreno de casi nueve mil metros cuadrados de superficie que obtuvo del gobierno y el congreso estatal en la colonia Piedras Negras, de Ensenada.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Ilustración principal: La lucha contra la corrupción (Steve Cutts).

Ensenada, B.C., 26 de junio 2020.- Un grupo ciudadano que encabeza el licenciado Carlos Sánchez Ayala informó que presentará una demanda civil en el congreso para que los diputados revoquen el acuerdo que permitió al gobernador Jaime Bonilla Valdez, el 17 de junio, obsequiar el predio a la organización petista Tierra y Libertad.

Ello sin importar que la acción “ilegal” de ambos poderes  para beneficiar al PT restara casi un tercio al terreno que su colonia recibió en su fundación, en 1963, para el desarrollo de áreas verdes.

Como saben que los legisladores vetarán su petición, o de plano la van a ignorar porque 21 de ellos ya votaron a favor del regalo para Alberto Anaya, Armando Reyes Ledesma y Claudia Agatón Muñiz -dirigentes del partido a nivel nacional y estatal-, acudirán a juzgados de Distrito para evitar el despojo.

Acusarán a los poderes ejecutivo y legislativo de violar diversas disposiciones constitucionales y leyes que impiden que bienes de dominio público -como es el caso del terreno enajenado sin costo a la organización civil petistas- sean donados o cedidos por ser considerados “inalienables e imprescriptibles”.

Para ello apelarán en el congreso que se aplique lo que indica el Apartado C del Artículo 92 de la Constitución Política de Baja California, respecto a la Responsabilidad objetiva y directa del Estado relativa a los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares.

En ese sentido, la norma determina que los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, en virtud de que la enajenación del predio afecta el derecho humano a disfrutar de un ambiente sano que tienen miles de personas que radican en cinco colonias aledañas al terreno -Reforma, Revolución, Echeverría, Lomitas y Piedras Negras- en donde hay un importante déficit de áreas verdes.

Bonilla, Reyes y Agatón, las mieles del reencuentro (Archivo)

Igualmente alegarán que disposiciones jurídicas en materia política y electoral impiden la entrega de bienes públicos a organismos que directa o indirectamente tienen origen, relación o dependencia con un partido político, como lo es el caso de “Tierra y Libertad para Baja California”, el nombre completo de la organización favorecida con la dádiva.

Esto se confirma con el acta constitutiva de la sociedad civil que se creó en la oficina del Notario Público número 4 de Ensenada, de fecha el 18 de marzo del año 2016.

Inscrita en el Registro Público de la Propiedad en Ensenada hasta el 1 de marzo del 2019, el documento revela claramente quién manda en la asociación: una Comisión Coordinadora integrada por Armando Reyes Ledesma, Claudia Agatón Muñíz y Perla Lizeth Reyes Ortega.

Los dos primeros se reparten cargos directivos, diputaciones, regidurías y demás cargos de elección popular petistas desde hace al menos 21 años.

De hecho, hoy, la primera ocupa por tercera ocasión el cargo de diputada estatal, en tanto que el segundo es legislador federal y coordinador estatal de facto del Partido del Trabajo, según esto un instituto político de tendencias “de izquierda”.

A su vez, Reyes Ortega es presunta familiar directa de Reyes Ledesma.

Los tres se repartieron y compartieron las cuatro principales carteras de la asociación: la coordinación general, de finanzas, de organización y el poder legal de la organización civil, cuyos objetivos son:

Un documento más que revelador de quiénes están detrás del negocio (Facebook)

1.- Promover e impartir distintas modalidades de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y profesional.

2.- Dirigir actividades docentes, asistenciales, profesionales, técnicas y administrativas.

3.- Impulsar la realización de actividades culturales, artísticas, deportivas, sociales, académicas, recreativas, extraescolares complementarias y de servicio social.

Ese modelo de asociación es similar a otros que el PT Nacional creó en diversos estados de la república desde hace al menos cuatro años, para justificar, ante el gobierno federal, la petición de apoyo presupuestal para edificar Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que a nivel nacional dirige Evangelina Bustamante Morales.

Esta mujer fue electa -en octubre del 2017- a la dirigencia nacional del Partido del Trabajo para el periodo 2017-2023.

En septiembre del año pasado, “Tierra y Libertad para Baja California” recibió luz verde del gobierno federal para poner en marcha el proyecto del Cendis Ensenada. Para ello recibiría un fondo público de 40 millones de pesos para construir y operar el inmueble.

La confirmación del negocio aceleró la salida de Armando Reyes y Claudia Agatón de la asociación civil, en un evidente y burdo intento por ocultar quién está detrás del proyecto, pero de último minuto, en el último día del año pasado, Jaime Bonilla y el congreso de mayoría morenista vetaron la entrega del predio, actitud de presión política a los dirigentes petistas que al fin cambió el pasado 17 de junio.

Evangelina Bustamante cuando fue electa dirigente nacional del PT junto con su paisano colimense Joel Padilla. Los lazos entre las asociaciones Tierra y Libertad -que dirige la petista- y el partido «de izquierda» son más que evidentes (Quadratín).

La nueva decisión de Bonilla, los diputados de Morena y sus aliados en el congreso, dejó de momento inviables los trámites que desde hace un año y medio realizaban los vecinos de la colonia porteña para desarrollar un proyecto ambiental y recreativo en el terreno inicialmente destinado a zona verde.

En esa lucha –recordó Carlos Sánchez Ayala- se incluye un amparo en contra del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, quien sistemáticamente negó la entrega del predio a los ciudadanos porque –alegó personalmente y a través de su personero Pablo Alejo López Núñez, ex alcalde de Ensenada y Subsecretario de Gobierno en las administraciones panistas de Vega y José Guadalupe Osuna Millán- la finca “pertenece al patrimonio estatal.”

Asimismo, el inicio del trámite de desincorporación del terreno a favor del gobierno de Ensenada, a fin de que éste lo entregara en comodato a los vecinos, plan que originalmente apoyó tanto el gobierno de Bonilla Valdez como el del edil morenista Armando Ayala Robles.

Así, todo iba bien hasta que el PT se reencontró políticamente con el mandatario estatal y éste finalmente cedió el área verde a la sociedad civil petista, a cambio de los dos votos que ese partido tiene en el legislativo de Baja California y que le fueron cedidos a Bonilla en la fracasada intentona de reformar la constitución local para reducir a 3 años el periodo del próximo gobernador,

Para los vecinos rebeldes la historia es diferente. Por ejemplo, Carlos Sánchez Ayala ya recibió amenazas anónimas por insistir en tratar de impedir el despojo del bien público, pero la respuesta ciudadana al nuevo agravio no se hizo esperar.

El Colectivo «La Rosa Roja» publicó ayer en redes sociales lo siguiente:

“Manifestamos nuestro respaldo a esta lucha y exigimos el cese a las amenazas, a la vez que hacemos responsable al Gobernador y al Congreso del Estado de cualquier represalia en contra del compañero Carlos Sánchez Ayala, o cualquier otro compañero de la colonia Piedras Negras. !Alto a las intimidaciones y amenazas contra los colonos de Piedras Negras en Ensenada! ¡Apoyo total a la recuperación de los espacios públicos!”

NOTAS DE CONTEXTO A ESTA INFORMACIÓN: