Congreso de BC otra vez en la palestra del poder judicial de la federación

El congreso de Baja California sumó en un par de días dos acciones jurídicas que emprendieron ciudadanos, organizaciones empresariales y consejeros civiles anticorrupción que cuestionan ante el poder judicial de federación la legalidad de su trabajo legislativo.

4 Vientos / Foto principal: Spuntnik

Ensenada, B.C., 4 de junio 2020.- Con apenas unas horas de diferencia, el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) del Estado y el colectivo “Tú Eres Baja California”, anunciaron que recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acudirán a tribunales de amparo para denunciar presuntos actos  ilegales y extralimitados de los diputados del partido Morena y sus aliados en el legislativo.

En el segundo caso, la organización civil anunció en un comunicado que serán más de 10 mil los solicitantes de amparo en contra de la imposición de un nuevo gravamen, vía licencia sanitaria, a miles de empresas de 11 sectores comerciales, turísticos, gastronómicos e industriales de Baja California.

Y en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción su Presidente, Francisco Fiorentini Cañedo, informó hoy que los comisionados presentaron ante la Suprema Corte una queja contra el legislativo “por haber exhortado a este organismo ciudadano a dejar de sesionar, extralimitándose en sus funciones y contraviniendo la ley vigente.”

En el caso de la licencia sanitaria, que los diputados de Morena y sus aliados de los partidos Transformemos, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) aprobaron el pasado 11 de mayo, se trata de un amparo colectivo que se presentará en un Juzgado de Distrito de la entidad.

“La XXIII Legislatura  agredió de tal manera a los ciudadanos con la regulación de la licencia sanitaria que todas las cámaras empresariales y todos los organismos no afiliados a cámaras, es decir más de 10 mil establecimientos en el estado, vamos a presentar un amparo colectivo contra la licencia sanitaria”, dijo el abogado fiscalista Adolfo Solís.

Se refirió así a la diputada Monserrat Caballero Ramírez, del Distrito Electoral XIII (Tijuana), líder del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la XXIII legislatura:

La diputada Caballero (Tijuana en la Noticia)

“Con sus declaraciones agresivas y ofensivas, logró unir a los ciudadanos en contra de sus decisiones, pues al único que afectan es al empresario honesto que trabaja y lucha”.

Por su parte Francisco Fiorentini explicó que la decisión del Consejo Ciudadano de evidenciar en la Suprema Corte la embestida coordinada de los poderes ejecutivo y legislativo de Baja California para debilitar a un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) “que está siendo incómodo desde su inicio”, se dio luego de lo que ocurrió en la pasada sesión del organismo.

De plano fue reventada. Se iba a hacer un exhorto para que se explicara por qué sólo se cancelaron 4 de las 5 notarías que se otorgaron al final de la anterior administración pese a que el propio Ejecutivo había argumentado que en su otorgamiento había habido corrupción. La que no se canceló es de un sobrino del ex gobernador (Xicotencatl) Leyva Mortero”, denunció a medios de Tijuana.

También que en esa sesión los consejeros iban a exhortar a que les explicarán por qué el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, publicó un video en sus redes sociales en el que acusa al diputado Miguel Ángel Bujanda de haber ofrecido un millón de pesos para aprobar la reestructura del gobierno del Estado y no lo denunció penalmente, cuando por ley está obligado a ello.

“El discurso del gobernador Bonilla de ser implacable con la corrupción no es consistente con lo que estamos viendo. Ojalá que nos callara haciendo una reunión y una agenda de trabajo con el Congreso para mejorar todo lo que se tiene que mejorar”.

Pero con el legislativo aparentemente tampoco existe una vía de entendimiento.

Francisco Fiorentini (Uniradioinforma).

Primero, porque los diputados de Morena y sus aliados ya expresaron su intención de presentar y aprobar una iniciativa de reforma constitucional para modificar el artículo 95 de la Carta Magna estatal y construir una nueva proporción del consejo: 5 ciudadanos y 11 funcionarios en lugar de los 15 ciudadanos “que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”, lo cual establecería un “sistema muy cómodo” para el gobierno.

Y segundo, porque el Congreso local manifiesta que no ha recibido la sentencia de la SCJN que determinó como inconstitucional los artículos 16 y 17 de la Ley del SEA, que establecían la posibilidad de que hubiera consejeros “honoríficos” y “técnicos”.

Vemos con muchísima preocupación que, en una clara extralimitación de sus funciones, el Congreso exhorte al Consejo Ciudadano a dejar de sesionar, pese a que la Ley mandata al Consejo Ciudadano a hacer sesiones, cuyas recomendaciones son vinculantes.”

Agregó Fiorentini Cañedo: “Advertimos en los diputados la intención de dejar de operar al SEA. Incluso en el exhorto se refieren a los ex integrantes ciudadanos que lo componían antes de la declaración de la invalidez legal, es decir, están dando por descontado que ya no lo somos”.

Ello -afirmó-, es una definición incorrecta porque el máximo tribunal sólo se pronunció por la inconstitucionalidad de que hubiera dos tipos de consejeros y no sobre la validez de la conformación del organismo ciudadano.

Terminó diciendo que la Suprema Corte tiene 15 días para responder si deja o no sin efecto el exhorto del Congreso al consejo ciudadano en rebeldía.