Cambios en la administración del agua en BC, pero no se municipaliza

Con 11 votos a favor se aprobó ayer el proyecto de dictamen de las comisiones unidas de Justicia y la de Hacienda y Presupuesto del congreso local, que entre otras cosas plantea disminuir al 30 por ciento la estructura de las comisiones estatales de agua sin afectar su operación, pero ignora entregar el manejo del recurso hídrico a los municipios tal y como lo manda el inciso «a» del apartado «III» del Artículo 115 de la Constitución del país.

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Ensenada, B.C., 29 de mayo 2020.- Adicionalmente crea una tipicidad penal más amplia relativa a las conductas que perjudican la correcta implementación del servicio hídrico, catalogándolas como “defraudación fiscal equiparada.»

Las protestas en Ensenada, ante la incapacidad del gobierno del estado de cumplir con un servicio, un derecho elemental de los ciudadanos (Foto: AFN)

De acuerdo con un comunicado del legislativo, la propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez consiste en reformas a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable, el Código Fiscal, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2020 y al Código Penal.

Con ello el mandatario pretende hacer frente al “grave flagelo” por el que atraviesa Baja California en cuanto a las tomas de agua clandestina, evasión en el pago de derechos por servicios públicos de los que los usuarios han disfrutado, y prácticas desleales de robo de agua.

Sin embargo, la iniciativa del mandatario estatal, del partido Morena, no incluyó modificar la constitución y las leyes locales que impiden la entrega del servicio del agua a los municipios, tal y como lo ordena la Carta Magna de México en el inciso «a» del apartado «III» de su Artículo 115 que claramente indica que los Municipios del país tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de «Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales».

Los diputados bonillistas se limitaron a certificar la modificación al artículo 22 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, la cual establece sus funciones principales, así como la integración y atribuciones de sus Consejo de Administración que hoy son omisas en señalar la organización interna de las citadas Comisiones, “lo que ha generado una estructura innecesaria y costosa en donde incluso existe duplicidad de funciones en las áreas administrativas.”

Asimismo, considera que “es imperante que las estructura de las mismas (comisiones) sea reducida al mínimo, sin que (ello) afecte la operación efectiva de las mismas, por lo que se propone que la estructura cuente únicamente con una Dirección General, una Subdirección de Administración y Finanzas, una Subdirección Comercial y una Subdirección Técnica”.

Un claro recordatorio del pueblo de Baja California a sus gobernantes estatales (Facebook)

La reforma busca igualmente instruir a las Comisiones para que realicen una revisión administrativa de su estructura a efecto de disminuirla a un 30 por ciento; esto “en estricto apego al principio de austeridad, consiente y programada para lograr la optimización de los recursos públicos.”

También busca incorporar reformas tanto a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable de Baja California, como a la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2020, actualizando los procedimientos de cobro y multas que se han quedado obsoletos y rezagados en los costos operativos de las comisiones.

De igual forma crea una tipicidad más amplia relativa a las conductas que perjudican la correcta implementación del servicio de agua potable, catalogándolas como defraudación fiscal equiparada en el Código Fiscal del Estado de Baja California.

Por último, pretende reformar el Código Penal del Estado con la incorporación del Capitulo “Delitos contra la prestación de servicios públicos de agua”, con lo que el ejecutivo busca garantizar el derecho constitucional y humano a garantizar el acceso al agua a toda la población.

“Ello para fortalecer las facultades sancionadoras del Estado, dando vida a nuevos tipos penales que hagan efectivas sanciones punitivas a quienes afecten la prestación de servicios públicos de agua, contribuyendo a erradicar la corrupción y establecer un nuevo marco jurídico que siente la bases en la recuperación financiera y administrativa de los organismos operadores del agua; pero, sobre todo, contar con el marco jurídico necesario que proteja el agua en beneficio de la sociedad bajacaliforniana.”