Caso «Ley Bonilla»: El cristal con que se mira; o los motivos de la Suprema Corte

“Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira/ Todo es según el color/ del cristal con que se mira”.

Fragmento extraído de Doloras, del poeta español Ramón de Campoamor (1817-1901).

El fresco tema del que todo mundo habla ahora, ya sea que se haga con autoridad en la materia o sin ella, resulta ser a propósito la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha invalidado la reforma a la Constitución bajacaliforniana, en época de la legislatura que mantuvo su soberanía en periodo 2016-2019.

Bonilla, con los dedos atrapados (Foto: NOTIMEX / EDUARDO JARAMILLO)

Osvaldo Medina Olvera / 4 Vientos / Imagen principal: Blogspot.

Derivada de la histórica resolución se han puesto en mesa de cada hogar las palabras “FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN”, frase que fue repetida en la exposición de motivos en favor de la ponencia presentada por uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se proyectó invalidar la reforma a la Constitución de Baja California que ampliaba el periodo del Ejecutivo del Estado de 2 a 5 años.

Como abogado, no fue solo ésa frase la única que me llamó la atención y que me parece que debió llamar la atención a dos o tres juristas, sino además de tal frase hubo otra esgrimida por una Ministra de la propia Suprema Corte quien manifestó que resultaba incongruente que los reformadores estatales utilizaran indebidamente los instrumentos de la democracia para socavar la propia democracia.

No obstante, ha sido la primera de las frases: “FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN” la que parece que ha llamado más la atención popular para derivar de ésa, otras más que en apariencia (y sólo en apariencia) resultan lógica consecuencia jurídica o legal como lo pudiera ser la frase “JUICIO POLITICO A LEGISLADORES”.

Lo anterior sugiere una acción legal en contra de aquellos que promovieron, discutieron y aprobaron la multicitada reforma constitucional, para perseguirlos por una alegada conducta delictiva de fraude o inclusive la de pandillerismo.

De ahí surge el título para éste libelo de: “EL CRISTAL CON QUE SE MIRA Y/O LOS MOTIVOS DE LA CORTE”.

Y es que la mera idea de un JUICIO POLITICO para los legisladores que aprobaron aquella reforma a la constitución política del Estado de Baja California, no deja de ser una idea atractiva para los grupos políticos representados en este Estado, cualquiera que sea cada uno de ellos; como también para el ciudadano atento e interesado en la vida política que incuso comparte sus ideas políticas en redes sociales y aprovecha el espacio para purificar en justificada catarsis, las emociones políticas que envuelven el ambiente político contemporáneo, aprovechando el desventurado intento de legisladores para reformar la Constitución Política de nuestro Estado para ajustarla a una realidad política del momento.

También es cierto que populosamente se ha alegado que dicha reforma constitucional del Estado de Baja California fue realizada en contravención a la Constitución Federal; y por ende se busca demandar en foro público, el juicio político que en sentido común o popular, debería corresponder en contra de los legisladores de aquella época que hoy se marca con triste nota y que así aparecerá en anales de historia.

Me permitiré anotar en este espacio y a fin de contextualizar mi punto de vista, que es deber de una autoridad así definida, que sus resoluciones deben estar debidamente FUNDADAS Y MOTIVADAS.

Esta anotación se hace oportunamente ya que si bien es cierto que en dicha reforma los legisladores locales invocaron normas jurídicas y elaboraron exposición de motivos; fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación las que tuvo que tomar en consideración para determinar a la postre, la inconstitucionalidad de dicha norma, como se explicará sucintamente más adelante.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los temas de respeto irrestricto a la Constitución de los Estado Unido Mexicanos, no es uno que deba guiarse por el sentido común o la razón publica, sino guiados por la Razón Jurídica.

Los bajacalifornianos lograron evitar el fraude constitucional atípico de los bonillistas (Foto: Facebook)

Y éste no resulta ser un tema sencillo sino que es complejo por razón que deben considerarse aspectos de profundidad jurídica que envuelven ciencia jurídica como lo es la Teoría del Estado, Doctrina Constitucional, Ciencia Jurídico Penal, Teoría del Delito y desde luego, los Principios Generales de Derecho.

Quienes en espacios de redes sociales o incluso ante instancias de procuración de justicia demandan juicio político argumentando fraude a la Constitución Federal, pasa por alto varios aspectos: En primero lugar que el fraude a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es una figura delictiva.

Hay que poner atención a los argumentos de la Suprema Corte ya que precisamente así fue calificado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte; pero debe anotarse el contexto exacto de su descripción ya que sobre la acción de los legisladores locales la definió como un “FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN ATÍPICO”.

Y es que la razón pública pensara que siendo calificada esa acción concertada en sede del Congreso Local como un fraude, se estaría por tanto frente a una conducta delictiva. Pero eso no es así, y es que la razón jurídica nos explica que si bien es cierto que el fraude se encuentra entre el catálogo de ilícitos, también es cierto que no todo ilícito resulta ser un delito.

Si nos interesamos por explorar la codificación penal nos enteraremos que el fraude es una figura genérica y que de ella se desprenden un sin número de figuras específicas en las que se ramifica un fraude. A esa descripción contenida en la ley penal, los abogados la denominamos como: TIPICIDAD.

Pues bien, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en uso de la voz para explicar su adhesión a la propuesta del proyecto declaratoria de inconstitucional la reforma en mención, fue enfático para decir que dicha reforma constituía un FRAUDE A LA CONSTITICION FEDERAL ATIPICO (subrayo yo la palabra ATIPICO, para hacer notar el énfasis que a la misma le imprimió el Ministro Presidente) y desde luego que la razón jurídica nos dice que siendo atípico, es decir, no contemplada en la codificación penal, tal fraude no significaba una conducta delictiva que deba ser perseguida penalmente.

Pero hay una razón que sumaremos a lo antes anotado: el fraude atípico a la Constitución Federal (así calificado por los ministros de la Suprema Corte) no fue una conducta consumada.

Efectivamente, la aludida reforma para ampliar el término de 2 a 5 años el mandato del actual ejecutivo, no llegó a consumarse debido a que en tiempo y forma, fue combatida por aquellos actores políticos que la impugnaron denunciando la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior se considera entonces como un mero intento; como acción inacabada para que dela reforma constitucional sirviera para modificar el periodo del mandato del Ejecutivo Estatal, reforma que se apartó de parámetros legales que se tradujo en violación directa a la Constitución Federal.

Atención, porque no se ha reprochado falta de legitimación del Congreso Estatal para reformar la constitución Política de éste Estado, sino que lo que se reprocha es que dicha reforma atentara contra el espíritu de la Constitución Federal y de las instituciones de derecho que de ella emanan.

Los magistrados de la SCJN los exhibieron como son (Archivo)

Consideremos también que dado que la defensa de la Constitución Federal le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dicha tarea se determinó que la reforma a la Constitución del Estado de Baja California resultaba ser inconstitucional por lo que determinada invalidez de la reforma, jurídicamente no fue permitida la consumación de dicho fraude.

Surgirá entonces la pregunta de ¿por qué entonces, el Ministro Presidente invocó el fraude atípico a la Constitución Federal? No es difícil comprenderlo: como a cualquier autoridad, también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le corresponde motivar y fundamentar sus determinaciones (y a pesar que la Razón Pública no lo crea así), la Suprema Corte es nuestro máximo exponente de legalidad, por lo que esta hace la mención de fraude a la Constitución como parte de la argumentación jurídica que motiva la declaración de inconstitucionalidad.

Un principio de derecho es la exhaustividad, y en ésa tarea la propia Corte, con finura aclaro que dicho fraude era atípico, para que así el letrado de normas jurídicas comprendiera que dicha conducta puede ser calificada de ilícita pero no debe ser considerada delictiva.

Más aún, la Suprema Corte como máximo órgano de impartición de justicia en la nación, no se hubiese permitido, en caso de apreciar alguna conducta delictiva simple o grave, dar vista al órgano correspondiente, para la persecución de la conducta delictiva que se hubiese observado.

Quizá lo anterior disguste a quienes se empeñan en la promoción de juicio político (sólo hay que analizar el capítulo correspondiente a las causas de procedibilidad) y se pregunte: ¿de qué sirve una declaratoria de inconstitucional en la que se describe una ilicitud, sino no se llega al extremo del derecho penal?

Bueno, esas ilicitudes caen en otros campos y no a manera de persecución de delitos. Citaré por ejemplo el campo de la Seguridad Humana en su vertiente política: el ciudadano tiene derecho no solo a votar y ser votado sino también a participar en los asuntos políticos de su interés.

Así, el ejemplo de declaración de inconstitucional y revocación de reforma aludida, le permite al ciudadano bajacaliforniano calificar el ejercicio de los partidos políticos que seleccionan a la postre, los candidatos que representaran a la ciudadanía en el Congreso Estatal, después de un proceso electoral.

No pueden los partidos políticos deslindarse de su responsabilidad en la determinación de la Suprema Corte: en el caso analizado.

Al final de cuentas (y salvo el caso de diputados independientes) fueron los partidos políticos quienes hicieron labor proselitista para convencer al electorado de la preferencia de voto en favor de quienes ellos seleccionaron, desde el interior del cada partido político y mediante sus particulares procesos de selección. Esas son precisamente, reglas en el juego de la democracia y desde luego, al alcance (relativo) del ciudadano bajacaliforniano.

Los partidos políticos no pueden mantenerse ajenos al índice de fuego que señaló la magistrada al enfatizar la vergüenza que constituye el que los miembros del Congreso del Estado de Baja California hayan intentado utilizar los instrumentos de la democracia para socavar la democracia misma. Y como se dice en el barrio: sin zafarse, ok?

Bonilla y su peor pesadilla (Internet)

Así, dos cristales y por lo mismo resultan dos criterios: uno derivado de la razón popular y el otro derivado de la razón jurídica. Por un lado los argumentos esgrimidos por los ministros de la Suprema Corte y por otro lado, los argumentos de la razón popular que cansado tal vez de las manera en que tanto diputados locales como políticos manejan la República en su sentido original (del latín: res publica o cosa pública), con insana distancia de la sensibilidad popular.

No paso por alto abundar en el otro argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar la inconstitucionalidad de la reforma estatal; argumento esgrimido por la ministra quien enfatizó la vergüenza que constituye el que los miembros del Congreso del Estado de Baja California hayan intentado utilizar los instrumentos de la democracia para socavar la democracia misma.

Pero la reacción legal contra eso fue la propia declaración de inconstitucionalidad, pues ese intento de socavar la democracia quedó solamente en eso: en un mero intento. Efectivamente, ante un intento de jugar con reglas de democracia para desnaturalizar o torcer sus efectos, hubo de imponerse el Estado de derecho, entendiendo por esto último que las instituciones del Estado funcionen para el fin para las que fueron creadas.

Así, el intento de socavar la democracia desnaturalizando sus instituciones, debió ser corregido por otra institución del Estado Mexicano como lo es el máximo Tribunal Nacional encargado de velar por los derechos de los ciudadanos y de la defensa de la propia Constitución.

Los Ministros de la Corte hicieron un profundo y pormenorizado estudio de la acción de inconstitucional que les fue planteado e invocaron además la suplencia de la queja para aplicarla en su caso. No hubo cortapisa alguna en el estudio y se evidenció la alta calidad de los argumentos esgrimidos.

Y es ahora que mejor se comprenderá el promocional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se mira y escucha en televisión y en la radio: “LA CONSTITUCIÓN PROTEGE TUS DERECHOS; NOSOTROS DEFENDEMOS LA CONSTITUCIÓN”: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Así, los motivos esgrimidos por los ministros de la Suprema Corte no fueron denuncias al aire, sino argumentos que nutrieron la motivación de inconstitucionalidad que resolvieron. Pero tanto el Fraude atípico a la Constitución, como las manipulación de los instrumentos de la democracia para socavar la propia democracia en Baja California no sólo fueron argumentos para soportar dicha resolución, sino que fueron situaciones contenidas en una reforma constitucional que además, minaba el estado de derecho y así, la respuesta de la Suprema corte por medio de esa resolución de inconstitucionalidad y como remedio jurídico más eficaz fue el REESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO en esta entidad federativa.

Para asegurar tal restablecimiento, tan sólo hay que escuchar los argumentos del Ministro Ponente quien en su última intervención solicitó se incluyera además en la resolución inconstitucionalidad, que el poder soberano bajacaliforniano dejara vigente la norma constitucional derogada a efecto de evitar un vacío legislativo constitucional que socavara de nuevo el estado de derecho.

Para la razón jurídica ha sido suficiente la determinación de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que en constante búsqueda de Justicia resolvió no sólo dicha determinación sino que contuvo en ella otras medidas que aseguran el restablecimiento del estado de derecho remediando el respeto a las instituciones de derecho que fueron burladas mediante la reforma constitucional.

Pero seguramente que ese santo y jurídico remedio no será suficiente para apaciguar la razón popular quien contrario a la búsqueda de la justicia de la Suprema Corte, es constante buscadora de venganza, y en ese afán busque refugio en otras instituciones de derecho, trastocando su fin para lograr el mero gusto de la venganza; pues como lo ha estatuido Nietzsche en algunos de sus textos, la venganza es una prolongación en el tiempo sobre aquellas cosas que sucedieron… y que no debieron suceder.

Abogado por la Universidad Autónoma de Baja California. Magister en Seguridad Humana y Derechos Humanos por la Universidad Milano Bicocca, de Milán, Italia. Desde enero de 2020, el autor es miembro adherente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. (ALPEC).