Promotor de la Ley Bonilla ahora busca mayores penas para quien «agreda» a servidores públicos de BC

Víctor Manuel Morán Hernández, el dos veces diputado estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y alfil principal en el poder legislativo del hoy gobernador Jaime Bonilla en la trama del intento de fraude constitucional que buscó ampliar de 2 a 5 años el mandato del ejecutivo en Baja California, presentó hoy una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para endurecer las penas a quien agreda a servidores públicos de la administración pública estatal.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 19 de mayo 2020.- Con su propuesta, dijo el morenista en un comunicado, “se protegerá a todos los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones sean sujetos de cualquier conducta ilícita en su contra, brindándoles protección y seguridad en el cumplimiento de su deber.”

El diputado que en la pasada legislatura presentó dos veces la iniciativa de reforma constitucional que hoy se conoce como “Ley Bonilla”, otra más a través de su esposa Blanca Estela Favela Dávalos, y que finalmente alcanzó su misión el 23 de julio del año pasado en sesión cerrada del congreso, consideró que ello se logrará “a través de los servidores públicos con potestad para hacer uso de la fuerza y hacer cumplir la ley para garantizar el orden y la paz públicos”.

La iniciativa busca también que los funcionarios que monopolizan el “uso de la fuerza” protejan “la integridad física, los bienes, derechos y libertades de las personas”, ya que “la suprema importancia de la seguridad pública no se niega en ningún ámbito”, y es –afirmó- una responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

“Busca evitar las alteraciones al orden social, tiende a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos individuales”, agregó Morán, quien en diciembre del 2018 renunció a su curul en la XXII Legislatura para ocupar un cargo público federal -Delegado de Programas para el Bienestar Integral- que le asignó Jaime Bonilla cuando éste era “superdelegado” en Baja California, y que después dejó sólo para asegurar su reelección en el legislativo y regresar al congreso en julio a presentar -otra vez- la Ley Bonilla.

El abrazo. después de salirse con la suya en el tema «Ley Bonilla». Poco los duró el gusto (Foto: Semanario Balún Canán).

Por lo que respecta a la descripción del tipo delictivo a reformar, el morenista destacó que la penalidad ya no cumple con la exigencia actual, puesto que los servidores públicos hoy en día “se han visto expuestos a riesgos que van más allá de ofensas o ultrajes verbales, por lo que es necesario realizar una adecuación del tipo, tomando como base su similar del Código Penal Federal”.

Para justificar su dicho, el congresista no aportó información objetiva, suficiente, clara y comprobable de que en Baja California se han incrementado las agresiones a encargados de la persecución del delito y procuración de justicia, así como de otros servidores públicos de la administración pública estatal.

Su iniciativa propone cambios en el Capítulo IV del Código Penal –“Delitos Cometidos contra Servidores Públicos”-, específicamente al Artículo 317, para quedar como sigue:

“Al que cometa un delito en contra de un servidor público en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de hasta cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; además de la que le corresponda por el delito cometido.”

Concluyó: “Con esta iniciativa se pretende precisamente tutelar y salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y brindar óptimas condiciones de trabajo y seguridad durante el desempeño de sus funciones.”