Diputados de Morena dicen estar en la legalidad, pero los acusan de ser delincuentes

Los diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están con la legalidad y, en ese marco, aceptaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la gubernatura de dos años, dijo hoy la presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la XXIII legislatura, Monserrat Caballero Ramírez.

Monserrat y Bonilla, tal para cual (Foto: Expediente Público).

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Imagen principal: Alto Nivel.

Ensenada, B.C., 18 de mayo 2020.- La declaración de la legisladora contrastó con la opinión del Maestro en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja  California (UABC), Daniel Solorio Ramírez, quien en una video conferencia para el Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste (Cesuan) manifestó que los diputados de la XXIII Legislatura deben renunciar por cometer un acto delictivo, una maquinación criminal, al aprobar la llamada “Ley Bonilla”.

“Fue una maquinación hecha por un grupo de funcionarios públicos que se supone están para gobernar y representar al pueblo. Se trata de los diputados y de los gobernadores de ayer y hoy. Son personas que se pusieron de acuerdo para ejecutar una conducta delictiva, un fraude electoral que se sanciona penalmente según determinó de manera unánime la Suprema Corte. Es una acusación gravísima”, indicó el también ex Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

En un comunicado del congreso sin mayor contexto informativo, confuso y desvirtuado, se informó además que al ser entrevistada a través de “un sistema a distancia”, la legisladora morenista advirtió que “esa decisión (aparentemente la sentencia de la SCJN que invalidó la reforma constitucional que las dos legislaturas estatales obsequiaron ilegalmente a Jaime Bonilla tres años más como gobernador) abrió la puerta para que se lanzaran personas nefastas a buscar la presidencia municipal de Tijuana”.

El texto oficial del congreso dice también: “Se refirió en forma particular a “El Patas” -sobrenombre del ex edil tijuanense Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional (PAN)-, de quien dijo:

‘Nos costó 30 años sacar a esa gente y con esa situación ya quiere regresar a la presidencia municipal a pesar del pésimo papel que hizo como gobernante, así es que debemos impedirlo si deseamos que siga recuperándose Tijuana’”.

El Maestro Daniel Solorio (Foto: La Voz de la Frontera).

Contrario al galimatías oficial del congreso, Daniel Solorio fue claro, contundente al decir que los diputados de Morena, siendo ya mayoría en la XXIII Legislatura, se sumaron sin mayor problema a la ilegalidad que cometieron los legisladores anteriores al impulsar la Ley Bonilla, para lo cual “extraviaron” la reforma, hicieron una encuesta pública a favor de los 5 años de gobierno para Jaime Bonilla y mandar publicar la norma en el Periódico Oficial del Estado, para lo cual contaron con el apoyo de quien primero dijo que de ninguna forma la publicaría: el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

“Me imagino que desde que se publicó la reforma hasta el pasado lunes (11 de mayo), en que se dictó la sentencia en la Suprema Corte, los legisladores y este grupo de personas que maquinó este fraude penal se estuvieron carcajeando de lo que hicieron, pero eso fue hasta el pasado lunes”, indicó.

Y agregó:

“Creo que lo que deberían hacer estos diputados y estos funcionarios es presentar en masa su renuncia y hacerla pública. Sería un verdadero acto de decencia política para el pueblo de Baja California. Deberían dimitir, apenados de lo que hicieron, los 25 diputados y el gobernador Jaime Bonilla porque son los máximos representantes de la Cuarta Transformación en nuestro estado”.

Consideró que la Constitución del país permite al Senado, en caso de la desaparición de poderes en un estado de la República, verificar y nombrar a un gobernador provisional y a una nueva legislatura en tanto se elige a un nuevo gobierno por la vía electoral.

“Pero se de antemano que eso no ocurrirá en la realidad, por lo que puedo expresar sin mayor problema mi sugerencia de que renuncien de manera masiva, lo que sin duda los dignificaría;  pero eso, repito, jamás ocurrirá”.

Foto: Monitor BC.

Cabe destacar que el pasado viernes 15 de mayo el grupo “Agrupación Artículo 39 Pro BC” presentó al congreso una demanda de juicio político en contra de los 21 diputados integrantes de la XXII Legislatura que impulsaron y aprobaron la Ley Bonilla, así como de tres ex alcaldes del Estado que también la validaron.

Al recibir el documento, los quejosos fueron advertidos por diputados de la XXIII Legislatura de que se le dará trámite a su petición a partir del primero de junio, por ser esa la fecha en que se espera reiniciar labores en el congreso.

En el documento se establece la formal denuncia en contra de los ciudadanos Nereida Fuentes González, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Marco Antonio Novelo Osuna, quienes fungieron como presidentes de los ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente.

Respecto a los denunciados que integraron la XXII Legislatura son los siguientes:

Iraís Vásquez Aguiar, Victoria Bentley Duarte, Alfa Peñaloza Valdez, Mónica Hernández Álvarez, Trinidad Vaca Chacón, Blanca Ríos López, Claudia Agatón Muñiz, Raúl Castañeda Pomposo, Carlos Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Ignacio García Dworak, Marco Corona Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Rocío López Gorosave, Víctor Manuel Morán Hernández, José Antonio Casas del Real, José Félix Arango, Sergio Tolento Hernández y Edgar Gómez Macías.