Bonilla acepta las 17 recomendaciones de la CNDH que resguardan el Derecho al Agua de los habitantes de BC (Videos)

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció públicamente este día que su administración acepta las 17 Recomendaciones que el pasado 6 de febrero emitió a su gobierno la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones al Derecho Humano al Agua en perjuicio de la población en general y agricultores del valle de Mexicali.

La resistencia civil en Mexicali da un paso firme en la defensa del agua (Foto: Internet)

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., a 19 de febrero 2020.- “No hay más que proteger los intereses de los ciudadanos. Que no se abuse de sus derechos, su derecho al agua. Que se respeten todas las reglas habidas y por haber y estamos completamente dispuestos a eso. O sea, todas las propuestas que nos hicieron, las recomendaciones, las estamos aceptando”, manifestó el mandatario a medios de comunicación de Mexicali y se espera que en breve acepte oficialmente, por escrito dirigido a la Maestra Rosario Piedra Ibarra, Ombudperson de los Derechos Humanos en México, el contenido de la Recomendación 01/2020 de la CNDH.

Horas antes, el director de Área Jurídica de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, Edmundo Estefan Fuentes, indicó en rueda de prensa que en caso de que Bonilla aceptara la Recomendación 01/2020 por lo que respecta a su gobierno, forzosamente se tendrá que analizar el permiso ambiental que el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid otorgó a la transnacional Constellation Brands.

Asimismo, la administración morenista deberá precisar la cantidad de agua potable que el gobierno de Baja California, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), entregará al consorcio cervecero.

Igualmente, dijo que Jaime Bonilla y su gabinete tenían aún seis días hábiles para emitir una respuesta a la Recomendación, la cual dirigió tanto al gobierno estatal como a la Dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por cometer -ambas entidades públicas-, actos y omisiones en diversos trámites y procedimientos para la instalación y operación de un proyecto industrial de cerveza en el municipio de Mexicali.

La primera y segunda recomendaciones están dirigidas tanto a la Directora General de la Conagua, Doctora Blanca Jiménez Cisneros, como a Bonilla Valdez.

La Primera ordena que en el plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se elabore “con la participación de especialistas y académicos de la materia”, un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos.

El protocolo deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos.

La Segunda establece que dentro del plazo de tres meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se elabore, con la participación de especialistas y académicos de la materia, un manual operativo o disposiciones técnicas para la realización de las cesiones gratuitas de derechos de agua agrícola a favor de las comisiones estatales de servicios públicos, que prevé el artículo 153 la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.

El manual definirá los procedimientos y formalidades necesarios para la legalidad de dichos actos conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Posteriormente, la Comisión dictamina específicamente para la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, 11 recomendaciones de las cuales aún se desconoce si las acepta la Doctora Jiménez Cisneros; y 15 concretas para el actual gobierno de Baja California en donde se incluyen acciones que pueden contener denuncias administrativas y penales ante la Secretaría estatal de Honestidad y Función Pública, y en las fiscalías del estado y la federación; iniciativas de ley que hagan cumplir de manera prioritaria el Derecho Humano al Agua de la población; y una total transparencia y rendición de cuentas en el proceso de instalación y suministro de agua a la transnacional cervecera.

Las recomendaciones que Jaime Bonilla se comprometió a poner en marcha son:

PRIMERA. Colaborar ampliamente con el Organismo Nacional en la queja que se presente ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública del estado de Baja California, en contra de las personas servidoras públicas que resulten responsables por las irregularidades señaladas en el documento.

SEGUNDA. Dentro del plazo de un mes posterior a la aceptación de la Recomendación, se difunda en un apartado accesible e identificable para el público en la página electrónica de la CESPM, las documentales relativas a las cesiones de derechos efectuadas a ese organismo operador por parte de la Empresa, los representantes legales del Distrito de Riego 014, Río Colorado, u otros concesionarios de aguas nacionales, con el objeto de garantizar la factibilidad del suministro de la planta cervecera, al igual que los trámites gestionados ante la Conagua con motivo de dichas transmisiones.

TERCERA. En el plazo de un mes contado a la aceptación de la Recomendación, se difunda en un apartado accesible e identificable para el público en la página electrónica de la CESPM, en su página electrónica, las documentales relativas a los dictámenes de factibilidad emitidos por ese organismo operador para las obras y actividades correspondientes a la planta cervecera, los contratos vigentes de suministro suscritos entre esa autoridad y la Empresa; al igual que el documento o resolución en el que obre la rescisión del instrumento celebrado el 20 de octubre de 2015, por el que se previó un abastecimiento de hasta 20 millones de metros cúbicos a la transnacional.

CUARTA. Dentro de los dos meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se difunda en un apartado accesible e identificable para el público en la página electrónica de la Secretaria de Protección al Ambiente en Baja California, las documentales relativas a la autorización en materia de impacto ambiental SPA-MXL-1129/2016, emitida el 15 de abril de 2016 por esa Secretaria, las actualizaciones que en su caso se hayan efectuado a dicha resolución, al igual que el estudio de impacto ambiental presentado por la Empresa y los informes de cumplimiento requeridos por dicha dependencia a los términos y condicionantes previstos en la autorización que se indica.

QUINTA. Dentro de los tres meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se realice un diagnóstico sobre procedencia de efectuar modificaciones o actualizaciones a la misma autorización en materia de impacto ambiental, conforme a las observaciones plasmadas en la Recomendación en cuanto a los riesgos e impactos ocasionados por el gasto o consumo hídrico generado por las obras o actividades de la Empresa, sin omitir considerar, de resultar aplicable, la revocación y sustitución por otra resolución administrativa.

SEXTA. En el plazo de un mes contado a la aceptación de la Recomendación, se inicien los procedimientos para verificar la regularidad, conforme al régimen de la Ley de Aguas Nacionales, de las cesiones de derechos de agua efectuadas a la CESPM para garantizar la factibilidad del suministro de la empresa, en términos del artículo 153 la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, sin perjuicio de que se determinen las responsabilidades administrativas o penales que deriven de esas investigaciones.

SÉPTIMA. Dentro de un mes contado a la aceptación de la Recomendación, se inicien los procedimientos para a verificar la observancia de los términos y condicionantes previstos por la autorización en materia de impacto ambiental, sin perjuicio de que se determinen las responsabilidades administrativas o penales que deriven de esas investigaciones.

OCTAVA. En el plazo de tres meses contados a la aceptación de la Recomendación, se inicien los procedimientos para verificar la legalidad de los volúmenes de agua con que dispone la CESPM, a fin de constatar la conformidad de dichos recursos hídricos con lo previsto Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en cuanto al registro e inscripción de volúmenes que efectivamente dispone ese asignatario, su debida inmatriculación dentro del uso público urbano, al igual que el registro de las transmisiones totales o parciales de derechos en las que dicho organismo haya fungido como cedente o cesionario, sin perjuicio de que se determinen las responsabilidades administrativas o penales que deriven de esas investigaciones.

NOVENA. Dentro del plazo de seis meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, a través de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) formule y adopte, con la colaboración de instituciones académicas e integrantes de la sociedad civil, un estudio relativo a la disponibilidad y operatividad de las comisiones estatales de servicios públicos, u otros organismos operadores con que se cuenten, en el estado de Baja California, con visión al año 2050, considerando variables como la satisfacción prioritaria del consumo personal y doméstico, comportamiento histórico de la disponibilidad hídrica en el estado, variabilidad de volúmenes asignados, proyecciones demográficas y del desarrollo urbano municipal, metropolitano, regional o trasnacional, al igual que riesgos e impactos asociados a la desertificación y cambio climático, entre otras.

La decisión de un amplio sector de la población de Mexicali y el resto del estado en el sentido de que la transnacional no debe operar, a sido más que evidente y continua (Foto: La Jornada BC).

DÉCIMA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, a través de la CEA, con la colaboración de integrantes de la sociedad civil, formule y adopte un plan, programa o estrategia en materia de política hídrica para los órdenes de gobierno estatal y municipal, encaminado a garantizar la disponibilidad hídrica, sustentabilidad y satisfacción prioritaria del consumo personal y doméstico en la prestación de los servicios público de agua potable, considerando escenarios para el suministro industrial a grandes usuarios industriales mediante esquemas de abastecimiento alternativo.

DÉCIMA PRIMERA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se remita al Congreso del Estado de Baja California una propuesta de modificación al marco jurídico local en materia de agua y el servicio público correspondiente, sin perjuicio de actualizar también las normas reglamentarias de su ámbito competencial, con la finalidad de armonizar dichas disposiciones bajo una perspectiva de derecho humano al agua, previendo el carácter prioritario del consumo personal y doméstico, la necesidad de garantizar los volúmenes destinados a dicho suministro, principios de política hídrica estatal, así como la obligación de evaluar la disponibilidad de los recursos hídricos en los dictámenes de factibilidad emitidos por las comisiones estatales de servicios públicos, acorde a criterios de sostenibilidad.

DÉCIMA SEGUNDA. Dentro de los seis meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se remita al Congreso del Estado una propuesta de modificación al artículo 153, segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, sin perjuicio de actualizar también las normas reglamentarias de su ámbito competencial, a efecto de precisar que las cesiones gratuitas de derechos de agua a favor de las las comisiones estatales de servicios públicos deberán sujetarse, en todo caso, a las formalidades previstas por la Ley de Aguas Nacionales, en materia de transmisión de derechos, actualización de volúmenes, modificación de usos consuntivos e inscripción. Asimismo, en las disposiciones de ordenamiento territorial y urbano relativas a inclusión de áreas agrícolas a las zonas urbanas de los centros de población, la obligación por parte de las autoridades competentes de analizar previamente la factibilidad del suministro hídrico para la zonificación y usos de suelo que se establezcan en dichos sectores de los centros de población.

DÉCIMA TERCERA. En el plazo de seis meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se remita al Congreso del Estado de Baja California una propuesta de modificación a la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, sin perjuicio de actualizar también las normas reglamentarias de su ámbito competencial, con la finalidad de incluir la necesidad de evaluar las obras o actividades industriales que, en virtud del gasto o consumo hídrico implicado, propicien riesgos e impactos ambientales en la disponibilidad, calidad y regularidad del suministro de agua prestado por la red del servicio público, o bien afectaciones en los volúmenes destinados al consumo doméstico y reserva.

DÉCIMA CUARTA. En los seis meses posteriores a la aceptación de la Recomendación, se prepare e imparta un taller de capacitación coordinado por la Comisión Estatal del Agua de Baja California, dirigido a personas servidoras públicas adscritas a las comisiones estatales de servicios públicos, en materia de gestión integral del agua, la obligación de adoptar un marco adecuado en el ámbito de los derechos humanos y el acceso prioritario a los recursos hídricos para fines personales y domésticos.

DÉCIMA QUINTA. Designar a una persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación, y en caso de ser sustituida, deberá notificarse oportunamente al Organismo Nacional.