El fracaso del costoso plan prianista para rescatar a Ensenada de la escasez de agua potable

Dos obras hídricas que el gobierno del estado impuso como medidas que resolverían al mediano plazo la gran crisis de abasto de agua potable del año 2014 a la ciudad de Ensenada, y que tuvieron una inversión pública de 345 millones de pesos a fondo perdido, fracasaron.

Demagogia oficial aparte, incluida la afirmación del gobierno federal morenista de que no hay escasez del líquido en Mexicali, y por lo mismo tampoco lo hay en el resto de Baja California, este es el verdadero rostro del abasto de agua en Ensenada, hoy (Foto: El Vigía)

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Imagen principal: El ciudadano y su tránsito por la burocracia, de Collete Dylan.

Ensenada, B.C., 29 de enero 2020.- La primera de ellas, la construcción y operación del acueducto Inverso Tijuana-Ensenada, que costó al erario 155 millones de pesos, aporta hoy menos del 50% del flujo que supuestamente abastecería a la metrópoli porteña-

Y la segunda, la construcción y operación de una planta desalinizadora, no cubre las necesidades de 52 colonias del norte de la ciudad que originalmente atendería.

Ello lo aceptó Luis Granados, director de la Comisión Estatal del Agua, en una reunión de gestión integral de agua que organizó el pasado 26 de enero el Grupo Interdisciplinario del Agua (GIA) del empresarial Consejo Consultivo de Ensenada (Consulten).

El funcionario reveló que del flujo inverso deberían llegar a Ensenada 130 litros por segundo, apenas está enviando entre 50 y 75 litros “de manera intermitente”, debido a las fallas en los sistemas de bombeo del acueducto.

El dato que aceptó Granados contrasta con el hecho de que Ensenada tiene pendiente desde 1976 que el estado le entregue anualmente 9 millones de metros cúbicos de agua proveniente del Río Colorado.

Lo mismo ocurre, señaló el director de la comisión, con la planta desalinizadora de la transnacional española GS Inima Environment que debería suministrar 250 litros por segundo.

En julio del 2015, Germán Jesús Lizola Márquez, entonces Director General de la Comisión Estatal del Agua (CEA), anunció falsamente que en esos días se pondría en marcha el acueducto inverso, una obra que gracias a la corrupción e irresponsabilidad del gobierno panista de Francisco Vega, costó 63 mdp más de los recursos originalmente presupuestados, y hoy se confirma, con tantas fallas en sus instalaciones, la pésima calidad que amerita cárcel a los funcionarios y empresarios responsables (Archivo).

“Pero no se está aprovechando a toda su capacidad por problemas de almacenamiento, por lo que se trabaja en la búsqueda de recursos para obras de intercomunicación de los tanques para dotar de agua a 52 colonias del norte de la ciudad”, explicó Luis Granados.

Además, la compañía “Aguas de Ensenada” que para GS Inima opera la planta como subsidiaria, jugó un papel fundamental para que este año aumentaran las tarifas del metro cúbico de agua potable a los 150 mil usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe).

De acuerdo con el director general de la Cespe, Marcelino Márquez Wong, la desalinizadora informó a finales del año pasado al gobierno estatal morenista y éste aceptó- que en 2020 aumentaría en un 50% el precio del metro cúbico de agua que vende a la paraestatal; es decir, de 20 pesos crecería a 30, lo que significa 7.5 veces más alto del precio inicial que ofreció -4 pesos por metro cúbico- para obtener la concesión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Así lo presentó en la Ley de Ingresos que la comisión llevó al congreso local -también de mayoría morenista-, y los legisladores lo aprobaron el pasado 31 de diciembre por lo que la tarifa por metro cuadrado de agua subió de 12.89 a 19.28 pesos, es decir 6.39 pesos más.

Pero nadie paga en Ensenada por consumo efectivo, sino por un mínimo de 5 metros cúbicos –se consuman o no- que a partir de enero creció su tarifa de 64.45 a 96.44 pesos; es decir, 31.99 pesos más.

En junio de 2018, EPN inauguró la planta desaliizadora de la transnacional española GS Irima que “cubrirá la demanda actual y futura de agua de la ciudad (Zona Centro) y dando respuesta a una grave crisis hídrica acontecida en esta zona de Baja California, favoreciendo de este modo el desarrollo económico y social de esta región del país”, pero ni inició operaciones en ese mes ni cumple aún con sus objetivos (Archivo)

En la reunión, donde los especialistas invitados por los organizadores omitieron hacer críticas al sistema de gobierno del agua en Ensenada que en 2018 Estefania Lezama Barquet, hoy Maestra en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), encontró con deficiencias institucionales importantes para lograr una gestión más integra y adaptativa del agua”, también participó Rafael Guerrero Flores, gerente de Agua, Energía y Medio Ambiente del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) del Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras).

El representante financiero gubernamental recordó que ese organismo público invirtió 190 millones de pesos de recursos no recuperables en la construcción de la planta desalinizadora española en la ciudad de Ensenada, “lo que beneficiaría a 98 mil habitantes de la ciudad”.

Pese a haber escuchado previamente las limitaciones y fallas de abasto de agua desalinizada en la ciudad, Guerrero Flores consideró que la inversión pública “constituye un caso de éxito.”

Aún más. Adelantó que el Fonadin-Banobras participará en el diseño de estrategias que garanticen el abasto de agua, a través de las Asociaciones Público Privadas (APP), como ya ocurre en otras ciudades como Los Cabos, en Baja California Sur.

Finalmente, otros expertos pro empresariales que participaron en el foro del Consulten, concluyeron que hay alternativas suficientes para asegurar el abasto de agua para los próximos años, pero “lo que hace falta es inversión en infraestructura y una mayor eficiencia en el aprovechamiento de la existente.”

Ilustración: Clionautas

Su opinión difiere diametralmente con la que expone la Maestra Estefanía Lezama quien considera que «la falta de incorporación del tema de vulnerabilidad y de cambio climático dentro del marco jurídico y de planeación, se encuentra presente en varios niveles, siendo un tema olvidado en la agenda de política hídrica.»

Además, en su tesis “Análisis de las problemáticas de gestión del agua en la ciudad de Ensenada: hacia un cambio de paradigma en la gestión del agua”, afirma que las dependencias encargadas de la gestión del agua, con respecto a este tema, «tampoco han logrado integrar instrumentos de planeación encaminados a aumentar la capacidad adaptativa de la ciudad ante posibles eventos de sequía futuros.»

Asimismo critica que la participación de la población en general sólo ocurre de forma esporádica y en la primera fase del proceso de formulación de políticas de planeación; es decir, cada seis años durante el establecimiento de la agenda del Plan Estatal de Desarrollo.

Los mecanismos de participación, más allá de ser concebido como espacios para el aprendizaje y la transmisión de conocimientos entre los diferentes actores interesados en la gestión del agua dentro de un contexto de planeación participativa, son conceptualizados por algunos funcionarios públicos, como ocurre con el caso de la CESPE, como espacios donde los ciudadanos comparten sus necesidades y problemáticas con la autoridad, la cual es la que cuenta con los conocimientos ‘técnicos’ para plantear las soluciones a las problemáticas.”