El Sauzal luchará ahora contra terminal de gasolinas en su puerto

Al continuar sin reserva la guerra por el mercado de la gasolina y el diésel en Baja California y Sonora, que enfrenta a empresas transnacionales del sector energético como BP pic, Chevrón y Andeavor, los residentes del poblado El Sauzal emprendieron la lucha por evitar la construcción de una terminal marítima de recepción, almacenamiento y entrega de los hidrocarburos a unos metros de distancia de sus hogares.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada. B.C., 27 de enero 2020.- La organización civil Ensenada Ciudadana emitió ayer un comunicado en donde denuncia que el proyecto que el capitán Ricardo Thompson Ramírez, directivo de la empresa que afirma contar con los permisos del gobierno federal para iniciar obras en marzo próximo, en realidad aún no concluye el proceso de evaluación de su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

A esta situación administrativa que 4 Vientos verificó este día en el portal de la Semarnat en internet, la agrupación sumó el Oficio API ENS-SGJ.- 2787/2019, de la Administración Portuaria Integral (API), en donde ésta comunica que luego de una búsqueda en los registros y expedientes de la dependencia federal “no se encontró registro de operación de una terminal marina de combustibles” dentro, o en los alrededores del puerto de El Sauzal, distante 10 kilómetros al norte de Ensenada.

En su página en internet, la empresa Ingeniería y Obra Civil Marítima de Ensenada (Ingemar, S.A., de C.V.) que en Baja California representa Thompson Ramírez, informa ser la proyectista de la terminal marítima de combustibles, la cual tendría una inversión inicial de 80 millones de dólares.

En la Ciudad de México Ingemar tiene como representante a José M. Valdés Cuervo, integrante del consorcio tequilero más poderoso del mundo –José Cuervo, con ventas superiores a 5 millones de cajas anualmente- y director de SGS México, subsidiaria del gigante multinacional Société Générale de Surveillance (SGS S.A.), considerada como referente mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación con más de 97.000 empleados y con una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios por todo el mundo, incluido uno en Baja California.

Es a través de SGS México que Valdés Cuervo y Thompson tienen contacto directo con altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a quien la compañía ha dado diversos servicios de inspección y certificación de obra pública contratada por la dependencia federal, de la cual depende la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

En diversas declaraciones que Thompson Ramírez ha hecho a la prensa, el proyecto presuntamente ya cuenta con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CNR) para operar gasolinas, diésel y combustolio de California, así como también de la Administración General de Aduanas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial; y de Protección al Medio Ambiente, Sección Hidrocarburos, de la Semarnat.

Ensenada Ciudadana, citando como fuente el MIA del proyecto y a Ingemar, reveló a su vez que la terminal incluye la construcción y operación de 20 tanques de almacenamiento con una capacidad de hasta 238.5 millones de litros de combustible.

“Esto a tan sólo 80 metros de la comunidad de Manchuria”, indica la organización civil en un dato que se reconoce al observar los planos generales del proyecto, mismo que de acuerdo con Thompson “fueron aprobados por la CNR”.

Igualmente, la terminan proyecta ganar terrenos al mar con una extensión de 119 mil 442 metros cuadrados.

“Esto sobre la playa conocida como Stacks, colindando directamente con un corredor de casas habitación, y desapareciendo una de las playas con mayor tradición de surf en México”, indica la asociación civil.

“La falta de transparencia y el uso de mentiras alrededor de este proyecto, que consideramos de alto riesgo para los habitantes de El Sauzal, genera una gran desconfianza entre los integrantes de la comunidad (…) Por lo que ya hemos solicitado tanto el Estudio de Riesgo como la Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, para hacerlos del conocimiento de la comunidad de El Sauzal”.

A partir de mayo del 2017, el gobierno federal arrancó un programa de inversión extranjera para la importación de productos refinados del petróleo a México, cuando concedió al gigante texano Andeavor, antes Tesoro Corporation y dueño de la marca Arco, llevar a Sonora y Baja California más de 320 mil barriles de combustibles y usar los ductos de Petróleos Mexicanos para entregar en ambas entidades nueve mil 535 barriles diarios de gasolinas y diésel.

Diez meses después, otorgó permisos  la transnacional Sempra Energy para reconvertir su planta de energéticos en Costa Azul -20 kilómetros al norte de Ensenada-, en tanques de recepción, almacenamiento y distribución de refinados propiedad de la transnacional inglesa BP PIC, y la estadounidense Chevrón, con una capacidad de hasta un millón de barriles en el proyecto “Baja Refinados”.

En los tres casos conocidos hasta hoy, los proyectistas extranjeros, a través de sus subsidiarias nacionales, afirman que su planes se apega a las leyes mexicanas y que su operación ayudará a reducir los precios de las gasolinas y el diésel en las dos entidades del Noroeste mexicano, algo que hasta el momento, al menos en el caso de Baja California, no deja de ser un mito

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