Arquitectos preparan denuncia penal vs culpables de derrame de aguas negras en Ensenada

Por daños al Área Natural Protegida “La Lagunita”, el Colegio de Arquitectos de Ensenada (CAE) denunció a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

4 Vientos / Foto principal: Cadena Noticias.

Ensenada, B.C. a 20 de enero de 2020.- Juan Pablo Valenzuela Márquez -presidente del organismo- y el secretario general Juan Jesús Vázquez Meza, firmaron e ingresaron la denuncia luego de un derrame de aguas negras que se originó en la falla de un cárcamo de bombeo que opera la Cespe en la zona de El Ciprés.

Valenzuela solicitó la intervención de la procuraduría ambiental para que ésta investigue los hechos, las consecuencias y daños que al medio provocó el derrame, así como la creación de un foco de infección que afectó una amplia zona habitacional que incluye centros de trabajo e instalaciones de salud, así como a la bahía local.

Subrayó que el incidente además proyectó una imagen negativa de la ciudad, disminuyó la calidad de vida de los ciudadanos al generar “focos de infección severos”, alentó la proliferación de fauna nociva y afectó la infraestructura vial del sur de la ciudad.

La reparación del cárcamo descompuesto, la noche del el 6 de enero (Cortesía)

Juan Pablo Valenzuela adelantó que el colegio está en espera de los resultados de la investigación de la Profepa, para interponer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de los daños provocados, toda vez que “hay evidencia de que las explicaciones ofrecidas por la Cespe no corresponden a la realidad.”

Reveló que una copia de la denuncia a la Procuraduría se turnó a Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del Estado de Baja California, para que intervenga, encuentre y sancione a los responsables del daño ecológico.

Los arquitectos también notificaron a Mario Jesús Escobedo Carignan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California, para que igualmente  aplique todos los protocolos y sanciones de política ambiental previstos en las leyes, a fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico en el humedal y la zona de la bahía afectados con millones de litros de aguas negras sin tratar.