Crearán comité especial para atender la problemática del poblado El Sauzal

Ciudadanos, empresarios y un grupo de colonos del fraccionamiento residencial “Vista al Mar” del poblado El Sauzal, denunciaron este día que al menos 26 empresas pesqueras, transportistas y de otros giros industriales, operan sin regulación ambiental y de uso de suelo en su localidad porque los pasados gobiernos municipal y estatal así lo permitieron.

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Ensenada, B.C., 24 de diciembre 2019.- El abogado Jaime Palafox Granados, representante de los vecinos de Vista al Mar, encabezó una reunión con el gobernador Jaime Bonilla Valdez y otros funcionarios de su administración y del municipio de Ensenada, en donde se acordó crear un comité mixto –ciudadanos, empresarios y autoridades- que ponga fin a los múltiples problemas de contaminación que se denunciaron en la sesión,

En principio, el gobierno estatal convocará a las empresas extranjeras ilegales y contaminantes del ambiente a que regularicen sus actividades o, de lo contrario, se les sancionará con multas y hasta el cierre de sus operaciones.

También se analizará el origen de su instalación a fin de verificar si cuentan con los permisos correspondientes,

Palafox Granados expresó que la anterior administración fue irresponsable en este tema, nunca sancionó a las empresas, hubo una gran opacidad en el gobierno saliente en cuanto a información sobre los permisos de operación de estas compañías porque, alegó, ésta era confidencial.

En la reunión de hoy (Cortesía)

La señora Olivia Valle, residente del fraccionamiento Vista al Mar, explicó que empresas pesqueras se instalaron mucho tiempo después de la construcción del fraccionamiento y “misteriosamente” se les otorgaron los permisos de uso de suelo industrial en una zona residencial.

“Con el paso del tiempo se han adueñado de las calles de tráfico local, con sus camiones de carga y contenedores, sin dejar de contar los malos olores que emanan de sus fábricas”, destacó. 

En total, indicó Palafox, son 35 empresas las que operan en el poblado de las cuales, en teoría, sólo 7 están debidamente reguladas para realizar descargas de aguas residuales en cárcamos o en plantas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), y sólo 6 cuentan con permiso de uso de suelo

“El resto ni siquiera tienen registro ante el municipio como empresas”.

En su intervención, el empresario Enrique Ibarra Jiménez, quien tiene a su cargo el desarrollo de un hotel boutique en lo que fue la casa del General Abelardo L. Rodríguez, rehabilitada incluso como museo, indicó que la inversión se ha visto truncada por los malos olores y el humo que despide una fundidora de metales  instalada muy cerca del inmueble.

“He tratado de dialogar con los dueños y solo he recibido insultos y amenazas”, denunció.

La denuncia de los sauzaleños, con pruebas (Cortesía)

Tanto inversionistas, colonos y el representante legal solicitaron la intervención del Gobierno Estatal para frenar la impunidad en la que operan estas empresas desde hace 22 años, ya que “administración tras administración hicieron caso omiso al problema de contaminación y de procesar judicialmente a quienes cometieron delitos contra el medio ambiente.”

Jaime Bonilla señaló que “esta situación se debe a la amnesia de los anteriores gobiernos y no hay nada más importante que la salud de las personas, el no contaminar nuestros mares, y estas empresas compraron las voluntades de los gobiernos, y estos vicios los tenemos que frenar”.

Por su parte el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que se realizan operativos en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para determinar las afectaciones a la salud de las personas por los gases contaminantes y por las descargas de aguas residuales.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Karen Postlethwaite Montijo, dijo que es urgente y necesario presentar un proyecto de reestructuración para la delegación de El Sauzal, para dividir la zona industrial de la zona turística, sin afectar sus actividades económicas y que puedan convivir.

Por su parte, Jesús Ruiz Uribe, Delegado Único Federal, dijo estar de la mano en el tema con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y reveló que hasta el momento se han realizado 10 inspecciones a empresas pesqueras y en ellas se han detectado violaciones a la ley del medio ambiente.   

El gobernador también instruyó al secretario de economía, Mario Escobedo Carignan, y al alcalde Armando Ayala Robles, a crear en breve el comité y convocar a las empresas extranjeras a que regularicen sus actividades