Imparables, los escándalos por presunta corrupción en el gobierno de Ensenada

Otros tres funcionarios del nuevo gobierno de Ensenada emanado del partido Morena, están involucrados en presuntos actos de corrupción vinculados a la entrega directa de obra pública a empresas sin experiencia en el ramo y con domicilios fiscales que no corresponden al giro comercial para el cual fueron contratadas.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Imagen principal: Merlín, The NewYork Times,

Ensenada, B.C., 23 de diciembre 2019.- Por ello, este día los regidores independientes Raúl Vera y Miguel Orea solicitaron al Presidente Municipal Armando Ayala Robles, la separación momentánea e inmediata de los funcionarios bajo sospecha en tanto la Sindicatura concluye la investigación de oficio de los hechos supuestamente delictivos que inició el pasado viernes 20 de diciembre.

Ayala Robles no dio respuesta a la petición a los ediles, pero no pudo evitar que el cabildo votara a favor de citar al Director Municipal de Infraestructura, Arquitecto Jaime Figueroa Tentori, para que informe de la entrega preferencial y sin licitación de obra pública por más de 13 millones de pesos, a cuando menos siete personas cercanas a él y el Subsecretario del sector Javier Vera Delgado, según una investigación del periodista Marco Antonio Flores.

Por su parte, la síndico procuradora Elizabeth Muñoz Huerta exhortó al alcalde morenista -por oficio y en sesión de cabildo- a que pida a los integrantes de su gabinete legal y ampliado, respeto a su investidura y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y otras normas relacionadas con la ética y la responsabilidad de los servidores públicos.

Esto porque la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social del ayuntamiento reveló en un comunicado de prensa a los medios de comunicación, hechos que no habían sido notificados oficialmente a la Sindicatura.

“El día de hoy, a las 12:34 horas, la Dirección de Comunicación del ayuntamiento emitió un comunicado de prensa en donde informa que usted expresó en un oficio la solicitud de investigación, y a mí se me entregó ese documento a las 13:27 horas; es decir, casi una hora después”, indicó Muñoz Huerta en la sesión extraordinaria que convocó la Presidencia.

La Síndico Muñoz Huerta (toda de blanco) con Armando Ayala, a quien hoy exhortó que controle a sus funcionarios (Facebook)

Con ello, explicó la procuradora municipal, se transgredieron los principios contenidos en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y que rigen el servicio público, a saber: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia.

Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público”, completa la norma.

En el boletín adelantado se informó que Ayala pidió a la Sindicatura que investigara “la supuesta contratación de empresas fantasmas para la ejecución de obra” en su gobierno y que en caso de encontrarse irregularidades, “se apliquen las sanciones correspondientes contra quien resulte responsable.”

Y si bien determina que su gobierno está “comprometido con la transparencia, donde la honestidad y compromiso por hacer bien las cosas es una bandera que defiende y defenderá siempre”, el edil destacó que, hasta la fecha, “no hay normatividad que determine el tiempo de creación de la empresa para que le pueda ser asignada y/o contratada para la ejecución de obra”.

Esto en referencia a que las empresas y contratistas a quienes se les asignó la contratación de servicios de obra, tienen escasas semanas de haberse creado e iniciar operaciones, y no tienen antecedentes de contar con experiencia previa en el ramo de la construcción.

A esto el edil independiente Raúl Vera Rodríguez comentó que, para ser congruente con los valores “de la 4T” (Cuarta Transformación), Armando Ayala debería destituir al Director de Infraestructura ya que el mismo funcionario está involucrado en la no aplicación de 8 millones de pesos que el cabildo autorizó para que su oficina reparara diversos camiones recolectores de basura que dan servicio a la comunidad.

El regidor independiente Raúl Vera (Facebook).

Asimismo, recordó que otro funcionario del gobierno local involucró en una conversación grabada que el titular de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, José Ángel León Zumarán, y el director del Instituto Municipal de la Juventud (Injuve), Adrián Fernando Gómez Galindo, estarían involucrados en una “operación política” de desprestigio en su contra por oponerse a la contratación en renta de camiones recolectores de basura doméstica de la empresa Ecoterra, sin que hasta el momento se haya impuesto una sanción a los tres involucrados.

“Sea enérgico con sus funcionarios; lo dejan muy mal parado con estas acciones ilegales”, remató el regidor.

Por su parte Manuel Orea Santiago, también edil independiente, exhortó al alcalde a suspender temporalmente a Jaime Figueroa Tentori y a Javier Vera Delgado porque al seguir en sus cargos, “comprometen ésta y otras denuncias que ya están siendo investigadas también en el Ministerio Público.”

Reveló que los documentos e información de los presuntos actos de corrupción de ambos funcionarios ya los tenían él y otros miembros del cabildo y funcionarios, y que por su silencio en el tema deberían presentar su renuncia la Coordinadora General de Seguimiento Gubernamental (Norma Elvia Martínez Santos) y el Secretario Fedatario del ayuntamiento, José Rubén Best Velasco.

Esta ruta es indecorosa para usted –le dijo a Ayala Robles- porque los oficios políticos de sus funcionarios no han sido capaces de resolver los problemas que le hemos planteado. Nosotros queremos ayudarlo, pero no se deja”.

Finalmente, es de destacar que en el trabajo del periodista Marco Antonio Flores se revela que Jaime Figueroa Tentori “es primo hermano de la esposa del Oficial Mayor municipal, Juan Antonio Guillén Sánchez”.

El Oficial Mayor Juan Antonio Guillén (Cortesía)

De este último funcionario, 4 Vientos informó en marzo del 2013 que siendo Director del Departamento de Informática del XX Ayuntamiento que presidió el priista Enrique Pelayo Torres, presuntamente manipuló al Departamento de Adquisiciones y a la Oficialía Mayor municipal, para entregar directamente a un proveedor sin experiencia previa –Héctor Miguel Maymes Gandolfi, agricultor y promotor de carreras automovilísticas fuera de camino-, la compra de 98 equipos tecnológicos para la Secretaría municipal de Seguridad Pública por un monto de 1.1 millones de pesos.

En la investigación que de esa operación realizaron el entonces Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la Sindicatura, se encontró que el equipo de cómputo se compró a sobreprecio y que el domicilio fiscal del proveedor correspondía a un taller mecánico en donde también se vendían sistemas de riego en Maneadero.

Posterior a ese contrato, que el entonces Auditor del Estado Manuel Montenegro Espinoza consideró violatorio de diversa normatividad por lo que debía anularse, Pelayo ascendió a Guillén Sánchez al cargo de Secretario de Desarrollo Social Municipal, en donde nuevamente el Órgano Superior de Fiscalización, al revisar la Cuenta Pública municipal correspondiente al año 2013, lo involucró en un hecho ilícito.

La instancia fiscalizadora observó que el 20 de noviembre de ese año, es decir 10 días antes del cambio de poderes municipales, el ayuntamiento efectuó un pago de 139 mil pesos -mediante transferencia bancaria. al proveedor Impression de México, S. de R.L. de C.V. bajo la siguiente justificación:

“Pago por la adquisición de un sistema de software, siendo este indispensable en la dependencia para poder automatizar el almacenamiento y la búsqueda de información relacionada con la documentación correspondiente a los expedientes relativos a los comités de obra para el fondo del Ramo 33”.

Dicho software -según soporte documental- sería destinado para la Secretaría municipal de Desarrollo Social, pero se detectó que no existía contrato con el proveedor.

Samuel Albestrain, en Desarrollo Social, informó de los presuntos actos de corrupción del hoy Oficial Mayor del gobierno local emanado del partido Morena (Foto: En Contacto)

Y al solicitar al ayuntamiento –el 14 de julio de 2014– información de cómo estaba operando el sistema y una copia del manual de operación, el titular de Desarrollo Social -el Licenciado Samuel Albestrain Pérez– contestó el 2 de septiembre de ese año que “una vez buscando en los distintos equipos de cómputo de la Secretaría, no fue localizado software en ninguna de ellas”, y que en referencia al manual de operación el mismo funcionario informó que “no se encontró dicho documento”.

Finalmente, el auditor reportó al congreso del estado: “Cabe señalar que la facturas de folio A14463 y A14465, ambas de fecha 4 de noviembre (del 2013), que amparan la erogación, están selladas por la Secretaría de Desarrollo Social y firmadas por el Secretario de funciones, L.I. Juan Antonio Guillén Sánchez.”

Con estos antecedentes, Guillén Sánchez se encumbró ahora, sin mayores problemas, a la Oficialía Mayor del gobierno municipal emanado del partido Morena.