Dos meses y medio de gobierno después, Bonilla endeuda al estado con 3 mil mdp más

Sin el apoyo extraordinario  que esperaba de la Secretaría federal de Hacienda para enfrentar su gasto corriente, nómina y prestaciones en los primeros seis meses de gobierno, y gracias a que la administración del panista Francisco Vega de Lamadrid pagó en junio su deuda con instituciones de crédito, Jaime Bonilla Valdez gestionó y obtuvo un crédito a corto plazo por tres mil millones de pesos.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Monitor Económico

Ensenada, B.C., 17 de diciembre 2019.- La calificadora financiera internacional Fitch Ratings confirmó ayer que el gobierno de Baja California obtuvo el préstamo a corto plazo con la banca privada, el cual deberá liquidar tres meses antes de que termine su periodo: en julio del 2021 si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma su periodo de mandato por 2 años.

La prórroga obligada de pago se sustenta en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios, la cual determina que los débitos de corto plazo que contraten los gobiernos locales, en todos los casos deberán pagarse 3 meses antes del cambio de administración.

Esa fue la causa por la que la pasada administración estatal incurrió en una serie de impagos a dependencias y proveedores a partir de agosto del 2018.

Francisco Vega de Lamadrid tenía un débito con instituciones públicas y privadas de crédito por 3,524.5 millones de pesos, dinero que supuestamente usó para fortalecer al ISSSTECALI, pagar sueldo y prestaciones al magisterio, y a la burocracia jubilada.

Pero al no contar con liquidez porque el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó de aportar al estado recursos extraordinarios en los sectores de Salud y Educación, según contó en septiembre pasado el entonces Secretario de Planeación y Finanzas Bladimiro Hernández Díaz, incurrió en la moratoria que gestó la inconformidad social y la de sus proveedores por falta de pago.

No obstante las protestas, la estrategia del pasado gobierno permitió saldar la deuda en junio del año pasado y al concluir el primer semestre del año el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajó el nivel de endeudamiento de Baja California de “Amarillo” (en Observación, sin derecho a contratar nuevos préstamos) a “Sostenible”.

Bladimiro Hernández, secretario de Planeación y Finanzas de Francisco Vega (Foto: Síntesis TV)

Esa mejora de posición permitió hoy a Jaime Bonilla contratar el nuevo crédito a corto plazo que aumentó el nivel de endeudamiento del gobierno estatal, el cual aun así enfrentará problemas financieros que ayer resaltó la calificadora inglesa-estadounidense Fitch Ratings.

Para empezar, recalcó que “la perspectiva crediticia se mantiene Negativa (para el nuevo gobierno) debido a la presión de liquidez y la obligación de liquidar sus créditos de corto plazo considerando su limitada flexibilidad financiera”.

Sostuvo que esa matriz financiera se podría concretar en una baja de calificación –caer otra vez en amarillo, e incluso en rojo- si el Estado mantiene una limitada flexibilidad financiera, “reflejándose en mayor presión de liquidez y uso de créditos de corto plazo en un monto elevado”.

Y concluyó respecto a la situación financiera del gobierno de Baja California:

“El crecimiento del gasto operativo ha sido mayor al del ingreso operativo en el periodo de análisis (2014 a 2018), aun y cuando en este último ejercicio se difirieron gastos operativos para hacer frente a la liquidación de los créditos de corto plazo de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera”.

Esta fragilidad del sistema financiero estatal la detalló así el Sistema de Alertas de la SHCP en su reporte de septiembre pasado:

Al comparar el segundo trimestre del 2018 y el 2019, observó que si bien el indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (ILD) se mantuvo en «Verde”, al igual el de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales que en julio pasó igual de amarillo a verde, el de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ILD se quedó en “Amarillo”.

Infoimagen: El Economista

En porcentaje, este diagnóstico quedó así:

El endeudamiento sostenible bajó de 72.2% en septiembre de 2018 a 61.9 en el mismo mes de este año. El endeudamiento en observación (Servicio de la deuda) subió de 14 a 14.3%. Y el Endeudamiento elevado (obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales pasó de 8.8 a 7.3%

El pasado 10 de diciembre, el congreso local –de mayoría bonillista- aprobó la reestructuración de la deuda de 12 mil millones de pesos que solicitó Bonilla porque el gobierno “está en quiebra” y es necesario “buscar mejores condiciones financieras.”

Con ello, los diputados abrieron la posibilidad del nuevo crédito a corto plazo para el gobierno morenista y trasladaron el pago de intereses del débito a 20 años, lo que si bien reduce la presión anual del servicio de la deuda (actualmente bajo “Observación” de la Secretaría de Hacienda), incrementa el tamaño del débito al aumentar la temporalidad de su pago.

En el debate previo a la aprobación de la propuesta de Bonilla Valdez, el legislador Juan Manuel Molina García, cuya ideología política se pierde en su prolongado paseo legislativo con los partidos Acción Nacional (2012), Movimiento Ciudadano (2015) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena-2019), justificó la reestructuración con el viejo argumento de que “las pasadas administraciones”, de las que él formó parte como diputado, “aprobaron endeudamientos que no mejoraron la vida de los bajacalifornianos.”

Y también recurrió al desgastada manifestación de que se debe investigar a esos gobiernos “para saber qué se hizo con el recurso que tiene sumido el Estado en una situación financiera crítica.”

Es de recodar que el pasado 24 de junio, el entonces gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, manifestó su rechazo al procedimiento de reestructuración de deuda por 8 mil 433 millones de pesos que propuso el gobernador Francisco Vega al congreso, porque la acción del panista “más bien parece un bono de despedida para el gobierno saliente”.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, otra presunta víctima de la variable personalidad del mandatario estatal, que no recibió el trato especial que esperaba de su amigo López Obrador (Foto: Expansión).

Y fue a más cuando declaró:

– “Que se entienda que vamos a ir hasta las últimas consecuencias a investigar. Si alguna institución (bancaria) hace todavía negocio con este gobierno (el de Vega de Lamadrid), voy a tener dudas de hacer negocios del estado con esa institución financiera. Le sugeriría a mi próximo gobierno vetar a las instituciones que se presten a este financiamiento”.

Con semejante amenaza en sus espaldas, ni el congreso local ni la banca privada aceptaron reestructurar el débito de Vega, algo que ahora sí aprobaron a ritmo acelerado a Jaime Bonilla, los mismos actores.

Finalmente, el pasado 9 de noviembre, diversos medios de comunicación dieron a conocer el fracaso de Jaime Bonilla con el Secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, cuando éste, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se negó a dar trato preferencial al mandatario morenista en la entrega de recursos públicos extraordinarios para enfrentar sus obligaciones administrativas y laborales en los primeros seis meses de gobierno.

Todas las reseñas de ese encuentro, que no han sido desmentidas por ambos personajes, coinciden en que Bonilla agredió verbalmente al ministro cuando éste le notificó que no había recursos para darle, lo que hizo explotar el carácter del mandatario estatal al grado de llamar “enano” y “mensajero” a Herrera Gutiérrez.

Todos estos antecedentes finalmente pesaron para llevar al morenista a la reestructuración financiera que tanto criticó al gobierno que le precedió en el poder.