AL FILO DE LA NAVAJA: La Mano Calderón-García Luna en Tijuana

El montaje televisivo del año 2005 sobre la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta fue el caso más visible de violaciones al debido proceso y de tortura en la administración calderonista, cuya responsabilidad recae en Genaro García Luna (GGL), entonces Director de la tenebrosa Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Raúl Ramírez Baena / 4 Vientos / Foto principal: El teniente coronel Julián Leyzaola en su designación como Subsecretario de Seguridad Pública en 2010, en el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán. ¿Hombres de García Luna en BC?

Ocho años después mereció la liberación de la ciudadana francesa por la SCJN, no así la de Vallarta, en aquel entonces novio de la ciudadana francesa, quien injustamente sigue preso.

En ese entorno, no podemos dejar de señalar lo sucedido en Tijuana entre los años 2008 al 2012.

En ese entonces, decenas de policías municipales de Tijuana, policías estatales, agentes ministeriales y civiles en todo el estado de BC, fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos por autoridades de los tres órdenes de gobierno en la modalidad de detenciones ilegales, presunción de inocencia, debida defensa, seguridad jurídica, incomunicación, desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, documentadas por la CNDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la CMDPDH.

Esas detenciones seguían la política presidencial calderonista de “Guerra al Narco” y su extensión, la “depuración policial”, avaladas por el entonces gobernador de Baja California José Guadalupe Osuna Millán, su Secretario de Gobierno Francisco Blake Mora (luego titular de la Segob) y operadas por el presidente municipal de Tijuana Jorge Ramos, particularmente su jefe policial Julián Leyzaola Pérez, señalados por crímenes de lesa humanidad ante la CIDH, el Relator sobre Tortura de la ONU y la Corte Penal Internacional de La Haya.

Calderón en el homenaje luctuoso a Francisco Blake, uno de los alfiles del mandatario panista. Ambos amigos íntimos de Genaro García Luna (Foto: La Silla Rota).

Tijuana, “modelo de seguridad”

Del 2008 al 2011 se desarrolló en Tijuana una cruenta guerra entre cárteles y autoridades que arrojó un clima de terror al desatarse balaceras en pleno día, apareciendo en la vía pública cadáveres amontonados, otros colgados en los puentes o descabezados, unos más disueltos en ácido por “El Pozolero” y más de 50 policías municipales ejecutados.

La guerra desatada por el gobierno combatió ferozmente a los cárteles de los hermanos Arellano Félix y de Teodoro García Simental, el “Teo”, dejando vía libre en la plaza al cártel de Sinaloa, teniendo como mano ejecutora de esa política de complicidad a Julián Leyzaola, como lo consignan los cables del Consulado General de lo EUA en Tijuana a Washington descubiertos por Wikileaks y publicados por el periódico La Jornada los días 16 de marzo de 2011 (“Leyzaola pactó con los rivales de El Teo”) y 18 de mayo de 2011 (“EU aplaudió en público la pacificación de Tijuana; en privado tenía dudas”).

Una vez detenido el “Teo” en La Paz, Baja California Sur, se estableció la tregua, lo que analistas llaman la “pax narca”, para enfriar la plaza ante el riesgo de que las autoridades estadounidenses suspendieran la Iniciativa Mérida, programa y recursos cuyo brazo ejecutor era GGL. Contrariamente, se presumió a Tijuana por Calderón, Osuna Millán y Ramos como el “modelo exitoso de seguridad” en el país, convenciendo a la población de que la Guerra al Narco y la mano dura, representadas fielmente por Leyzaola, eran efectivas para acabar con los malos, idea que aún prevalece en el imaginario popular.

Los miles de civiles y policías asesinados, desaparecidos, torturados y ejecutados por cárteles y autoridades, para el General Guillermo Galván, de la Sedena, otra pieza clave de la Guerra al Narco, eran “daños colaterales”.

Calderón y los altos mandos del Ejército y la Marina, en su gobierno de «daños colaterales» (Foto: Proceso).

El modus operandi

Como chivos expiatorios, policías municipales y civiles eran detenidos en los cuarteles militares de Tijuana y presentados como miembros de grupos criminales; arraigados y torturados en estas instalaciones aprovechando la reforma al artículo 16 constitucional que en 2008 incorporó la figura del “arraigo” y, tratándose de policías, en caso de ser absueltos y obtener su libertad, aplicarles el artículo 123, apartado “B”, fracción XIII, incorporado a la misma reforma, en el que el Estado no está obligado a reinstalar a los elementos de las instituciones policíacas absueltos por las autoridades judiciales, sólo a indemnizarlos (cosa que en los hechos tampoco sucede).

Esas dos reformas calderonistas impuestas en el 2008 por un Congreso con mayoría panista y priísta, el arraigo y la no reinstalación de policías en su trabajo, elevó a rango constitucional violaciones a derechos fundamentales, universales.

Como práctica común, el gobierno, por conducto de la Policía Federal del todopoderoso GGL, del MP federal de Eduardo Medina Mora y de la Sedena de Guillermo Galván, utilizaba a testigos protegidos, 435 en el sexenio de Calderón, quienes, con base a pagos, chantajes y torturas, señalaban a policías y civiles ante las autoridades judiciales, fabricando culpables, acusaciones que una a una fueron cayendo ante la inconsistencia y falsedad de las pruebas. Tras largos procesos, todos están hoy libres y absueltos, con graves secuelas.

Ahora que se destapa el affaire García Luna gracias a la justicia estadunidense, la sociedad mexicana ha tomado consciencia de la magnitud del daño que provocaron a la democracia y a la paz social los altos niveles de violencia institucional y de corrupción oficial.

Para miles de víctimas de estas políticas, los procesos para el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, para restituir sus maltrechas economía y moral que trastocó para siempre su entorno familiar, social y laboral, ha sido un peregrinar.

La CNDH y la CEAV, con nuevas titulares, están obligadas a dar una respuesta efectiva por parte del Estado Mexicano, también, a las víctimas de la Guerra de Calderón.