LA BELLEZA DEL CAOS: Del caos en Colombia que recorre las venas abiertas de toda América

Muchos disturbios y vidrios rotos no solo en la Ciudad de México sino por toda América Latina han llamado mi atención durante este mes. La cantidad exhorbitante de protestas registradas en videos que muestran calles llenas de manifestantes, ejercicios políticos de la cultura y los enfrentemientos entre fuerzas antimotines y civiles, se vuelven con mayor frecuencia virales por todo el mundo a través de redes sociales permitiendo a millones de ciudadanos del globo observar y escuchar el descontento social. Sin embargo, los líderes gubernamentales al parecer aun no han decidido encender el internet, pues parecen no saber de su existencia.

Daniela Mesa Cardona* / Armando Cortés / Foto: Melissa Ospina Paláu

Acostumbrados a hablar sobre las problemáticas del arte y la sociedad en mi columna La Belleza del Caos, en esta ocasión me he dado a la tarea de compartir este espacio de comunicación con deseos de que usted conozca un poco de lo que sucede en Colombia, uno de los países que han decidido tomar las calles desde hace unos días y formar un paro nacional; para esto he recibido una descripción detallada de Daniela Mesa, miembro activo de las actividades de cambio en su país, donde describe claramente las molestias que los hacen desear un cambio inmediato de los problemas que aquejan su patria.


Joaquín Torres García, América Invertida. 1943.

Por lo tanto acontinuación dejo el texto para que usted lector se informe y conozca el penar de muchos de nuestros hermanos colombianos, que si en algunos casos tienen algún parecido con situaciones en nuestro país, lejos de realizar una comparación fatalista le aconsejo sea antes prudente en encontrar nuestra empatía hacía ellos, y su vez, considerar el  involucramiento a las discusiones de nuestra política nacional para buscar solucionar nuestros problemas antes de que sean igual de insoportables. 

¿QUIÉN NOS PROTEGE DEL ESTADO?

Latinoamérica se encuentra en estos momentos en una serie de manifestaciones que involucran a diferentes sectores de la población civil. Las demandas por el respeto a los derechos humanos, la mejora de los sistemas de educación, salud y pensiones, la implementación de políticas de género, y la búsqueda de garantías para preservar nuestro territorio y medioambiente del extractivismo extranjero, son solo algunos de los principales tópicos que abarcan las protestas sociales.

Colombia no es la excepción, y desde el pasado 21 de Noviembre se encuentra en un Paro Nacional convocado por diferentes grupos poblacionales, que tienen en común el hartazgo por un gobierno que se niega a atender sus necesidades. Las demandas son claras y se encuentran recogidas en un pliego de peticiones que consta de 13 puntos y que ha sido entregado por los voceros del paro al gobierno.

El pliego se dirige a la derogación, no implementación y retracción de la reforma tributaria, la reforma pensional y la reforma laboral, que afectarían al ciudadano de a pie y a las poblaciones más vulnerables del país. Además de esto, se busca que se detenga la privatización y enajenación de los bienes públicos, que haya protección al Agro del país, que sean atendidas las necesidades de los productores, y que haya una revisión de los acuerdos del TLC.

Otro de los puntos importantes del pliego tiene que ver con la corrupción. La exigencia tiene que ver con que se lleven a cabo los proyectos de ley respectivos –impulsados por la consulta anticorrupción que se dio meses atrás en el país– para acabar con uno de los problemas más graves en cuanto a malversación de fondos en los que incurre el Estado. Y que a su vez se relaciona con que los colombianos estén pidiendo la revocación del pago de los impuestos que se cobran para saldar los huecos monetarios que dejan este tipo de desfalcos.

El desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), es un punto importante y concierne al desacato del Estado a poner un alto a la constante violación a los Derechos Humanos y el abuso de la fuerza que inflingen sus instituciones. Pues desde su creación en 1999 han sido asesinadas 21 personas, muchos de los casos continúan en la impunidad y no se da una respuesta clara a porqué este grupo hace uso de armas no convencionales como las recalzadas –capsulas que quedan después de que se disparan los gases lacrimógenos y que luego son rellenadas artesanalmente con artefactos como pólvora y canicas– las cuales están prohibidas por el DIH (Derecho Internacional Humanitario).

El anterior punto se relaciona a su vez con el deseo de una Colombia en paz, y es por esto que se pide dar implementación y cumplimiento a los Acuerdos de Paz, que fueron firmados entre el gobierno y las FARC en el 2016. Asimismo, de un cese al asesinato sistemático de indígenas, líderes sociales y desmovilizados de las FARC. Pues a tres años de haber firmado los acuerdos se han asesinado a más de 700 personas, entre ellas a 135 desmovilizados y a 198 indígenas, sin contar el número de víctimas anteriores a la firma.

Las anteriores, entre otras, son las razones que han convocado a los ciudadanos a las calles todos los días desde que empezó el paro, a pesar de la intimidación, los abusos policiales y las muertes que han dejado como resultado la negligencia del Estado. Este paro ha vuelto a hacer visible las exigencias de los colombianos que han sido manifestadas durante años y a las que el gobierno no le ha hecho frente. Según cifras del Banco Mundial, Colombia es el país con mayor desigualdad social en Latinoamérica, y está en el índice de los diez países más desiguales del mundo, lo que quiere decir que si un colombiano nace en la pobreza le va a tomar once generaciones salir de ella.

Aunado a esto, la decisión de hacer de oídos sordos a las peticiones de los colombianos –en los que también se deben contar a ciertos sectores del congreso y algunos miembros de partidos políticos– demuestran la mala gestión del gobierno actual y su desinterés por el bienestar del país. Un gobierno encabezado por el presidente Iván Duque, pero liderado por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, su partido político el Centro Democrático y sus aliados en los partidos políticos: Conservador, Liberal, Cambio Radical y Social de Unidad Nacional.

Foto: Melissa Ospina Paláu

Porque no se puede olvidar que aquí todos ellos son responsables por lo que está sucediendo en el país. Ya que las exigencias de los colombianos, no solo en este paro sino desde siempre, son contestadas por medio de discursos vacíos, violencia y soluciones superficiales que no atacan de raíz a los problemas más urgentes del país. Este es un gobierno que desvía la atención de los problemas internos por medio de discursos de odio en donde la culpa es de los opositores o de los migrantes, pero nunca de sus dirigentes. En donde la exclusión y la desigualdad social, las mismas razones que han gestado el conflicto durante décadas, se alimentan de la falta de oportunidades y de garantías para una vida digna. Y en donde sus dirigentes le hacen apología a la guerra y dan justificantes para un bombardeo que asesina a 18 niños, niñas y adolescentes.

Colombia no ha abandonado el conflicto por culpa de sus dirigentes, y bajo este gobierno empeñado en negarlo, el descaro no puede ser más evidente. Un ejemplo de esto, es el actual director del Centro de Memoria Histórica Rubén Darío Acevedo, quien niega la existencia de un conflicto armado interno que ha durado décadas y que ha ocasionado muerte, pobreza y desplazamiento, revictimizando así a millones de colombianos y arrebatándoles la dignidad y la justicia que se merecen.

La violencia del Estado se manifiesta de formas diversas y hoy éste niega la violencia que genera el modelo extractivista y el intervencionismo de países extranjeros en Colombia, situación que se relaciona con el asesinato de líderes sociales defensores del territorio y del medioambiente, además del detrimento en la salud y la calidad de vida de los habitantes de las regiones directamente afectadas.

Esta es la cara de un gobierno indolente que se ha prolongado durante mucho tiempo en el poder y que no representa los intereses de sus gobernados. ¿Quién nos protege cuando el Estado es el que nos asesina por acción o por omisión?

Somos colombianos y exigimos respeto a nuestros derechos.

*Daniela Mesa Cardona es Filósofa y Miembro de Tenemos La Palabra.

*Luis Armando Cortés es Lic. En Historia del Arte. Especialista en análisis en medios audiovisuales, maestrante en la Universidad Iberoamericana, apasionado de la música, las artes y las ciencias exactas. Correo contacto: arteluiscortes@gmail.com