Trama de presunta corrupción por «moches», primer escándalo del gobierno de Morena en BC

A menos de un mes de haber asumido el poder político de Baja California, el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez enfrenta su primer caso de presunta corrupción administrativa.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: La secretaria de Bienestar y Jaime Bonilla en un acto con vecinos pobres del valle de Las Palmas (Cadena Noticias).

Ensenada, B.C., 28 de noviembre 2019.- Cynthia Gissele García Soberanes, Secretaria de Bienestar del gobierno del estado, y Jesús Demián Núñez Camacho, Oficial Mayor, presuntamente pidieron dinero (“moche”) a cambio de otorgar contratos a empresas privadas para la prestación del servicio de desayunos escolares, y “sacar los parques”, en Mexicali.

El hecho ya es del conocimiento de Bonilla y este día Héctor René Cruz Aparicio, diputado federal del desparecido Partido Encuentro Social (PES) y ex priista, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE)  investigue el hecho «como un acto de congruencia con la política anticorrupción impulsada por el presidente de la república, bandera bajo la cual las actuales autoridades hicieron campaña».

A él se unieron por separado el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, y el diputado estatal Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El primero anunció que a nombre de su partido presentará ante la FGE una demanda penal en contra de la funcionaria, ex diputada federal por representación proporcional del PES por Tijuana en el periodo 2015 a 2108, Licenciada en Comunicación por la UABC, ex Delegada municipal de la cristiana Fundación México con Valores en Tijuana y ex Delegada especial de Mujeres en Movimiento del Partido Movimiento Social (MC) en Baja California y Baja California Sur.

El segundo pidió el retiro del cargo a García Soberanes mientras se inicia y practica una investigación ministerial “con carácter de urgente del actuar de dicha secretaría y sus colaboradores porque, como lo dijo el gobernador Jaime Bonilla (en el caso del ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid y 5 de sus principales colaboradores a quienes el morenista imputó 14 delitos penales que originaron un supuesto fraude al erario por 1,200 millones de pesos), no hay vacas sagradas y por lo tanto se debe investigar.»

Ayer, un par de medios de comunicación –la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y el portal Periodismo Negro– informaron que Cynthia Gissele García, quien ayer negó los hechos, fe grabada cuando exigía a gritos y con groserías dirigidas a Rosendo Colorado, Subsecretario de Bienestar, la entrega completa de una cantidad de dinero –“100 verdes” y otros “100 verdes” que servirían en la firma de otro contrato “para sacar los parques”-, con el cual acceder a entregar un convenio de prestación del servicio de desayunos escolares a una empresa privada.

En la grabación se escucha a la ex legisladora pesista decir a su subalterno que la Oficialía Mayor del gobierno estatal que dirige Jesús Demián Núñez Camacho, la presionaba con la entrega del dinero acordado.

Eso porque la dependencia a cargo de Nuñez Camacho le “hacía el favor de hacer esperar” a otras empresas que también querían entrar al negocio de los desayunos escolares, uno de los programas estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

El 31 de octubre, A los 4 Vientos publicó que Jesús Demián Núñez era un constante proveedor comercial de los gobiernos del PAN en el estado y que en los años 2012 y 2013, se vio involucrado en una investigación judicial por un presunto fraude millonarios en contra del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Asimismo, que Cynthia Gissel García Soberanes, en marzo del 2018, intervino en una polémica en donde insinuó que el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez -que este año compitió por la Presidencia Municipal de Tijuana por el PRD-, recibió “grandes cantidades de dinero” para ser candidato a diputado federal –el año pasado- en la alianza que en Baja California impulsó Jaime Bonilla Valdez entre el PES y MORENA con el objetivo de apoyar a López Obrador en su campaña a la Presidencia.

Esa discusión finalmente acabó este año con la alianza electoral entre la pesista y la morenista, que proyectó a la primera a ocupar la clientelista Secretaría de Bienestar del estado el pasado 1 de noviembre.

En Periodismo Negro también se publicaron fotografías de mensajes de texto que presuntamente intercambiaron Gissel García y Rosendo Colorado, en donde el primero le informa a su “amiga” que “ya se entregaron 100 verdes” y que los “otros 100 verdes son para sacar los parques (me confundí), ahorita cerramos los contratos.”

A ello la funcionaria estatal contesta: “A ver no capté. Entonces no le diste los 2 al of (sic) mayor”, a lo que Colorado respondió: “Le di solo 100 verdes. Me confundí con Patiño”. A continuación, el Subsecretario le indica que “of” le indicó que sólo informara a García del trato y ésta indicó que “of” le marcaría por teléfono “en un rato”.

Viene después el reclamo de que Rosendo Colorado sólo entregó “60” al “of”, por lo que el Subsecretario le indica:

Parte de la conversación en «chat» entre secretaria y subsecretario de Bienestar (Imagen: Periodismo Negro).

– “Error humano, ya fueron por lo que faltó, sigo aquí en la oficina del OF, no me muevo de aquí hasta que quede bien. Ya fueron por el, sí pueden, se le pasó meterlo a la bolsa, quedará en lo que van y vienen a los pinos (10-15 min de ida y 10-15 de vuelta). Aquí los estoy esperando. Una disculpa”.

Al hacer referencia del presunto acto de corrupción en el gabinete de Bonilla Valdez, el diputado federal por el distrito 08 Baja California -Héctor Cruz Aparicio- manifestó que la Secretaria de Bienestar debe ser separada de su cargo e investigada por presuntos actos de corrupción.

«Acabamos de aprobar el presupuesto federal para el año 2020, en donde el apoyo para los más necesitados tendrá prioridad sobre otros rubros. Y ver que los funcionarios que están manejando dichos recursos en el Estado actúan igual que los gobiernos anteriores, es una alerta roja para todos.»

Recordó que la corrupción ya es catalogada como un delito grave y que amerita prisión preventiva.

Apenas comenzamos a ver el esquema y niveles impresionantes de corrupción en los gobiernos de Kiko Vega (ex gobernador de Baja California) y Juan Manuel Gastélum (ex Presidente Municipal de Tijuana), especialmente mediante pagos a proveedores con facturas falsas, y sería muy decepcionante para todos los bajacalifornianos ver que se vuelven a repetir dichos esquemas de corrupción.”

Por su parte, el panista José Luis Ovando manifestó su desconfianza de que la FGE realice una investigación a fondo de los hechos, como presuntamente ya la ordenó Jaime Bonilla, porque el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández “obedece al Gobernador «.

«Lamentamos que en menos de un mes que tienen en el gobierno reviente un caso de corrupción  en una secretaría que se supone debe proteger a los que menos tienen. Ojalá esto no sea lo que nos espera en dos años; quizá por eso se aferran a los cinco años», concluyó el dirigente panista.

Cabe recordar que el gobierno de Bonilla investiga al dirigente estatal del PAN porque presuntamente malversó fondos de trabajadores del estado para subsidiar un fideicomiso a nombre de Ovando Patrón.