Muchas acciones, muchas declaraciones y planes, pero en un año no se consignó a ningún pescador de totoba en el Mar de Cortez

A pesar de que el gobierno federal presume que el paísha logrado un alto nivel de coordinación interinstitucional en las acciones para proteger a la vaquita marina y detener la extracción y tráfico de la Totoaba” en el Alto Golfo de California, en un año no consignó a nadie ante un juez por delitos asociación con la pesca ilegal y muerte de ambas especies marina en peligro de extinción.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 23 de noviembre 2019.- Con base a un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que se publicó hace 4 días, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador la institución dijo que retiró del Alto Golfo 234 artes de pesca, decomisó 22 mil 786 metros de redes pesqueras, aseguró 25 toneladas de producto pesquero, confiscó 277 ejemplares de totoaba y 27 buches del pez.

Sin embargo, reportó que tras “verificar” tres mil 717 embarcaciones de la zona restringida a la pesca, 347 buques, 440 vehículos terrestres y nueve mil 878 personas, no puso a nadie a disposición de un juez y sólo alcanzó a retener dos embarcaciones menores y un automóvil usado por presuntos pescadores ilegales.

El dato destaca porque el pasado 28 de marzo, luego de un enfrentamiento entre pescadores de San Felipe (Mexicali) y elementos de la Marina que dejó a un trabajador del mar herido de bala, así como instalaciones de la armada quemadas, el gobierno y la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society, coadyuvante de los gobiernos de Peña y López en la vigilancia del Mar de Cortez, acusaron a los pescadores de ser extractores ilegales de totoaba y su buche.

No obstante los resultados que la PROFEPA dio a conocer luego de que la Conferencia de las partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES en inglés) dio un ultimátum al gobierno de México, para tomar “medidas inmediatas y efectivas’’ antes del 1 de noviembre de 2019 para salvar de la extinción a la vaquita marina, la procuraduría ambiental destacó que no existen otras especies en toda la historia del país que  reciba “tanto apoyo gubernamental.”

Como lo hacía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Profepa justificó los resultados de su operación en el Alto Golfo de Baja California diciendo que terminar con la pesca furtiva de totoaba, asociada con la extinción de la vaquita por el uso de redes agalleras, “es complicado pues implica organizaciones criminales internacionales.”

Miembros de Profepa y de la tripulación del barco que opera la organización ambientalista estadounidense Sea Shepherd, en labores de recuperación de una red agallera en la zona sur del Alto Golfo de California (Foto: Profepa).

Y resaltó que México mantiene un esfuerzo amplio de cooperación internacional para atender el problema.

“Ha solicitado la colaboración tanto de países de tránsito, como de aquellos donde se comercializan (la totoaba), así como del resto que integran la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)… A fin de interceptar los envíos ilegales, se ha apostado al intercambio de información sobre modus operandi, decomiso de vejigas o buches de totoaba.”

En su informe aseguró que el gobierno federal aplica permanentemente acciones de inspección y vigilancia bajo el esquema de operaciones mixtas entre las autoridades administrativas, judiciales, aduaneras y de seguridad.

“Destacan los operativos especiales en el Golfo de California, además de un mecanismo permanente de vigilancia en vías de comunicación, puertos de arribo de embarcaciones, puertos marítimos de salida de navíos con mercancías de exportación, cruces fronterizos terrestres y aeropuertos con alta frecuencia de vuelos internacionales (tanto en áreas de pasajeros, servicios de paquetería y mensajería).”

Aunado a lo anterior -afirmó- se han incorporado herramientas tecnológicas para ampliar la cobertura de vigilancia.

“Sobresale el sistema satelital de monitoreo de embarcaciones pesqueras, o el sistema de vehículos aéreos no tripulados. Adicionalmente, se han fortalecido protocolos de actuación conjunta entre las diversas autoridades (Ejemplo en Aduanas), se generan capacidades mediante cursos de identificación de especies protegidas; se coadyuva en la judicialización de las averiguaciones previas y carpetas de investigación y se participa en operaciones internacionales para detener el tráfico de Totoaba.”

Elementos de la Armada de México en patrullaje en el Mar de Cortez (Foto: Profepa).

Coordinadamente con el comunicado de la Profepa, ayer otras tres dependencias federales –SEMAR, CONANP y la CONAPESCA-, conjuntamente con la sociedad Sea Shepherd, informaron que “como parte de los operativos permanentes de vigilancia” se detectó y extrajo 13 redes agalleras en el límite sur del Alto Golfo de California.

La acción ocurrió, dijeron las fuentes, el 15 de noviembre pasado pero fue el último logro que obtuvieron en un periodo que coincide con la fecha del ultimátum que la CITES dio al gobierno federal para atender correctamente el problema.

Las 13 redes decomisadas dieron una extensión de 4 mil metros de longitud. Las que se confiscaron en “las últimas semanas” fueron 30 y midieron 6 mil metros.

Destacó en esa información que la PROFEPA y sus aliados también recogieron 12 artes de pesca conocidas como “chinchorro en línea”, utilizadas para pesca de camarón en la región, que confirmaron que los pescadores ribereños del Alto Golfo cumplieron su anuncio de que saldrían a pescar el crustáceo a partir de septiembre porque el gobierno federal “no ha dado respuesta a nuestras peticiones de que regrese el pago de las compensaciones convenidas en mayo del 2015 y que canceló hace un año,o se libere la pesca en el zona actualmente restringida.”

 A la constante petición hecha por la Federación de Cooperativas de Pescadores Rivereños Andrés Rubio Castro, el gobierno federal ha respondido con evasivas, falsa información y demagogia.

Por ejemplo, el 12 de septiembre, el representante de López Obrador en Baja California, Jesús Alejandro Ruíz Uribe, dijo en conferencia de prensa que a partir de ese día el gobierno federal otorgaría apoyos económicos por un monto de 7 mil 500 pesos a cada uno de “los más o menos 400 pescadores” que no habían sido autorizados a capturar camarón.

Parte de las 13 redes camaroneras que se decomisaron el 16 de noviembre en las inmediaciones de la bahía de San Luis Gonzaga, en el límite sur de la zona de exclusión de pesca (Foto: Profepa).

Y afirmó que “es complicado” resolver en definitiva el problema al que se enfrentan los pescadores de San Felipe porque “los ojos de organizaciones internacionales” están puestas sobre en el Golfo de California por el peligro de extinción en que se encuentra la vaquita marina, y “no se pueden tomas decisiones de manera irresponsable.”

Pero para especialistas de las organizaciones civiles Greenpeace y Centro para la Diversidad Biológica, la estrategia del actual gobierno federal es “insuficiente” e “inadecuada” para evitar que la vaquita marina llegue a su extinción.

En entrevista con el portal Sin Embargo, Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad, manifestó que “la iniciativa presentada por la presente administración para proteger a la vaquita marina no está a la altura de las circunstancias (…) No tiene acciones contundentes y políticas públicas que vayan a actuar de forma inmediata para detener el tráfico ilegal del pez totoaba, que es la principal amenaza de la vaquita marina, ya que muere atrapada en las redes que se ponen para capturar a este pez”.

Y el Doctor en Biología Miguel Rivas, coordinador de la Campaña de Océanos de Greenpeace, afirmó al mismo medio que «existe una diferencia fundamental” entre lo hecho por las pasadas administraciones y el plan de López Obrador.

“Anteriormente, existió un intento por rescatar a la vaquita marina, pero en el proceso se dejó de lado el ambiente social en las comunidades y zonas productivas, cuyas actividades se vieron opuestas a la conservación de la vaquita. Es decir, falló porque su estrategia produjo una dicotomía (división) según la cual, o estabas con las comunidades o estabas con la vaquita, pero no con ambas”.

Y dijo que aun cuando el gobierno de López Obrador tiene una “estrategia correcta en términos ideales porque está considerando el factor social, sobre todo la importancia que tiene trabajar con las comunidades pesqueras para poder lograr salvar a la vaquita”, su proyecto sigue siendo una gran cantidad de buenos deseos que no se han traducido en una política pública concreta.

“Más bien parece que el nuevo Gobierno planea sacarle al tema sin agarrar protagonismo, porque sabe que la verdad no hay mucho margen para trabajar y dar resultados”.